En principio, el inicio del mes de marzo no se muestra muy favorable a una evolución primaveral optimista ni en el marco global ni en el estatal o el territorial español. El conflicto de Ucrania nos remonta y recuerda otros conflictos similares, precursores de consecuencias muy graves para la humanidad. Conflictos que a veces han implicado cambios históricos en la formación social, se han complicado y agravado por intereses contradictorios en las potencias imperialistas mundiales (con influencias personalistas a veces trascendentales, por exceso o por defecto: Rusia, EEUU, UE, China, Japón, Israel,…), o han canalizado las contradicciones entre los intereses y situación de las clases o agentes sociales. Ni a nivel internacional ni a nivel nacional la situación es pacífica, y la crisis global sobrevuela los Escenarios de futuro posibles. No son probables grandes conflictos globales, pero son crecientes los conflictos locales que pueden expandirse aún más por la creciente desigualdad e injusticia social en los países considerados más desarrollados.

En España se empieza a constatar uno de los procesos tradicionales de la crisis en la que estamos inmersos, más directamente relacionado con el bienestar. Como antes ha sucedido en otras regiones (crisis argentina, desmembración de la URSS, etc.) las crisis de una cierta gravedad tienen como consecuencia una disminución de la Esperanza de Vida de la población (la media de la cantidad de años que es de esperar que viva una persona) normalmente asociada al empeoramiento de las condiciones de vida del estrato de población de menores niveles de renta, y una de las variables más correlacionadas con el desarrollo humano; que como tal es recogida en el Índice de Desarrollo Humano que publica Naciones Unidas. En efecto, por primera vez en mucho tiempo, la Esperanza de Vida en España se ha estabilizado en 2012 en 82,2 años, siendo de esperar un retroceso para 2013 en términos similares a lo ocurrido en otros países en crisis significativas; evolución muy directamente ligada al incremento de las desigualdades en los niveles de renta que muestran los escasos y parciales datos disponibles (en 2007 el 20% de la población con mayores niveles de renta concentraban 5,5 veces la renta del 20% de los del 20% de menores ingresos; pero en 2012 dicha cifra se había elevado a 7,2 veces). La caída de la Esperanza de Vida, junto a la caída de la renta per cápita reflejan el retroceso en el Índice de Desarrollo Humano que caracterizará a este país en los siguientes informes de Naciones Unidas.

En este marco, el Gobierno español ha entrado de pleno en una etapa de propaganda electoral proclamando la vuelta de España al crecimiento del PIB (que se utiliza como paradigma de vuelta al bienestar), aunque se encuentra con las demandas del “sistema” que le exigen más reformas laborales, una reducción del déficit apoyada en los impuestos indirectos y más facilidades para crear empresas. Medidas todas ellas con beneficios concretos en el marco de los intereses del capitalismo, dirigidas a las empresas que son las que este sistema supone son las únicas capaces de crear empleo y, a la larga, bienestar; aunque para ello se exijan tasas de ganancia crecientes, que sólo se pueden conseguir en base a menores salarios reales, mayor productividad, y menores impuestos y tasas al capital y a sus rentas.

Pero el falso tótem del bienestar que sigue siendo el crecimiento del PIB crece demasiado poco; la deuda pública (que ha asumido gran parte de la deuda privada y de la financiera) sigue creciendo hacia el 100% del PIB; y para reducir el déficit público al intervalo del 6,5-7% (sin ayudas bancarias) el Ministerio de Hacienda se ve obligado a hacer malabarismos contables en el último trimestre de 2013. La carga de la deuda se reduce por la bajada de la rentabilidad exigida a los bonos españoles, pero toda recuperación sostenible de ésta exigiría que o bien el PIB creciera en mayor medida que dicha rentabilidad, o bien que la inflación subiera significativamente a la vez que los ingresos fiscales, o que el euro se devaluara significativamente. Y ninguna de estas condiciones se cumple (el euro se ha apreciado respecto al dólar en un 15% desde los mínimos de 2012, y el Banco Central Europeo estima que una apreciación del 10% implica una caída media en la inflación de entre el 0,4 y el 0,5%, incrementando el riesgo de deflación en la Unión Europea y en España), con lo que el problema sigue aumentando y el capital financiero-especulativo puede encontrar en cualquier momento motivos más que suficientes para revertir su dirección hacia destinos más rentables, y de menor riesgo, reproduciendo las situaciones indeseables de 2012 para España.

Se reconoce que «las cicatrices de la crisis son profundas y llevará años curarlas», tanto en lo que se refiere al paro (total, de larga duración y de los jóvenes). El FMI reclama una rebaja de la carga fiscal al empleo, especialmente en los sueldos más bajos, de modo que haya menos barreras para que los trabajadores encuentren empleo. El Gobierno responde con la “tarifa plana de 100€”, reduciendo la cotización de las empresas a la Seguridad Social en lo que se refiere a las contingencias comunes, lo que beneficia fundamentalmente a la contratación de sueldos más elevados –por mayor ahorro proporcional en los costes totales de dichas cotizaciones- promoviendo la sustitución del empleo fijo existente por empleo precario o más barato, aunque sólo sea por estas menores cotizaciones. Y como siempre, las ventajas tienen un “pagano”. En esta ocasión los ingresos de la Seguridad Social, y el colchón que se había creado en sus reservas; y, por lo tanto, las pensiones futuras de todos los ciudadanos, que son los que cargan con el coste de las nuevas medidas, como viene sucediendo desde que gobierna el partido popular y la ideología neoliberal en la Unión Europea.

En lo que respecta a las empresas, que es el aspecto que nos interesa en este artículo, el FMI también insiste en que hay que facilitar a empresas insolventes, pero viables, la reestructuración de su deuda para que eviten el cierre y puedan seguir invirtiendo y contratando. Las tardías medidas aprobadas por el Gobierno dirigidas a que las deudas se conviertan en capital de estas empresas son una vía correcta en este sentido, pero las dificultades de su aplicación para un sistema financiero con crecimiento de la morosidad que continúa a niveles elevados, no es sencilla. Y, por último, también el FMI propugna facilidades para la creación de empresas y, sobre todo su incremento de tamaño y productividad que permita un mayor peso de las exportaciones en el PIB. En los últimos años el grupo de multinacionales y de empresas exportadoras españolas ha mantenido la cuota de exportaciones de España en el total mundial, pero su peso sigue siendo muy reducido, las ganancias de productividad no se han convertido en mejora de los precios relativos de exportación españoles (el capital y los excedentes de explotación se han comido la devaluación salarial), el valor añadido en las exportaciones representa un bajo porcentaje del total (por el importante peso de las importaciones intermedias en dichas exportaciones), y la industria sigue su preocupante declinar en la estructura productiva española. Sólo una política activa y coherente en sectores como la I+D+i y el progreso tecnológico, junto a la ayuda a la concentración o coordinación entre empresas de tamaño medio, que incidan en la productividad y se trasladen a los precios relativos, permitirán mantener una estructura de futuro positiva en estos sectores. Políticas que por ahora presentan muchas más carencias que aspectos positivos para España, en la que, por ejemplo, sectores punta como el de las energías renovables, están sufriendo los rigores de medidas incomprensibles en un horizonte del medio o largo plazo.

Desde estas páginas hemos llamado reiteradamente la atención a una tendencia en la situación socioeconómica, que unida a la crisis global y a una política de un Gobierno conservador centrada en soluciones clasistas, de desprecio a la sociedad del bienestar, insolidaria y favorecedora de los que más tienen, no va tampoco territorial y ambientalmente por buenos rumbos; y que, tras más de veintiséis meses de Gobierno del partido popular, no hace más que empeorar. En la dimensión territorial y ambiental no es el Gobierno el único responsable, ya que Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tienen claras competencias y responsabilidad en la evolución seguida.

En lo que respecta al ámbito urbano, en el aspecto positivo hay que señalar que las empresas españolas han reducido por encima de quince puntos del PIB sus niveles de endeudamiento record alcanzados en el período 1978-2008, pero todavía se encuentran en niveles muy superiores a los aceptables, aunque parte de esta deuda se deba a la inversión de multinacionales en el exterior, por procesos productivos o de adquisición de activos de distintos tipos. En todo caso, la deuda total de las empresas se ha reducido desde 2008 en unos 350.000 millones de euros, pero en muchos casos con refinanciaciones en situaciones crediticias muy desfavorables, que han sustituido deudas a corto plazo por otras a largo plazo con mayores costes financieros; y con la necesidad de mejorar sus recursos propios como fuente de financiación (del orden de 190.000millones de euros) lo que para muchas PYMES, incluidos los casi tres millones de autónomos censados en España, ha implicado un muy importante esfuerzo de autofinanciación. Obviamente las empresas o autónomos incapaces de lograr esta autofinanciación han desaparecido o se han visto abocadas a la venta a precios de saldo.

En todo caso, un problema fundamental de la estructura productiva española es el excesivo peso de las PYMES en el total, con una estructura global claramente desfavorable respecto a la media europea. El tamaño de las empresas importa, ya que está claramente demostrado que la productividad (en un mismo área de actividad una empresa grande puede llegar a duplicar la productividad de una microempresa), el acceso a la financiación, la capacidad de invertir en I+D+i o en capital físico, así como la de competir en mercados internacionales están muy directamente ligados a la estructura y tamaño de las empresas. Al igual que lo están sus posibilidades de supervivencia o el peso de la temporalidad en su empleo. En España, según los datos del INE para 2013, menos del 0,8% de las empresas tienen más de 50 asalariados, menos del 18% más de 3 asalariados y del orden del 53% no tienen asalariados, lo que proporciona una capacidad muy reducida de competir a nivel internacional y una tasa de mortalidad muy elevada que se incrementa fuertemente en épocas de crisis. De hecho, según los datos del INE, entre 2008, en que se alcanza el mayor número de empresas en España (3.422.239 empresas) y 2013 (3.146.570 empresas) se produce un descenso del 8,1% en el número de empresas, que sólo es menor entre las empresas sin asalariados (-4,1%) o con 1 a 2 asalariados (-3,8%). Por el contrario, el descenso es máximo en las empresas entre 10 a 50 asalariados (-33,9%).

Adicionalmente, el peso del sector industrial es, relativamente a las medias europeas, muy reducido (del orden del 7% de las empresas), los elevados precios energéticos están inviabilizando muchas de las actividades productivas tradicionales y la capacitación y formación empresarial media sigue siendo muy mejorable. Frente a esta reducida incidencia industrial, la actividad en el sector construcción e inmobiliario ha llegado a representar el 22% de las empresas, en 2008, y el sector comercial absorbe del orden de la cuarta parte de las empresas. Por último, las filiales de multinacionales extranjeras, que representan del orden del 0,4% del total de empresas, generan del orden de la cuarta parte del volumen total de negocio y ocupan del orden del 12% de las personas empleadas. En este marco queda claro que son imprescindibles políticas que permitan llegar a empresas de más de 250 trabajadores, o de colaboración entre PYMES, de formación de consorcios, clusters, o de fusión empresarial entre empresas menores, que son, en este sentido, políticas que deberían ser propiciadas desde el Gobierno, incidiendo tanto en el cambio cultural necesario como en la cualificación precisa del empresariado español.

Cuando se analiza la localización territorial de las empresas nos encontramos que las mayores tasas (empresas activas por mil habitantes) se encuentran en Cataluña, Madrid y Baleares, seguidas de País Vasco, La Rioja y Galicia. Castilla la Mancha, Extremadura, Andalucía, Murcia y Canarias (el sur de España) registran las menores tasas de localización empresarial. Lógicamente el número de empresas activas tiene una cierta correlación con las cifras de población empleada y con su distribución sectorial y territorial. Y su evolución muestra, para los cuatro sectores básicos (agricultura, industria, construcción y servicios) las consecuencias de la crisis, destacando al respecto la caída en el sector de la construcción, pero también, aunque a distancia, la preocupante caída en la industria, también en España muy asociada a la actividad constructora e inmobiliaria:

SECTOR

(miles de ocupados)

OCUPADOS IVtrim. 2013

OCUPADOS IVtrim. 2007

variación (%)

Agricultura

790,9

908,0

-12,9

Industria y energía

2.274,2

3.229,7

-29,6

Construcción

978,4

2684,8

-63,6

Servicios

12.714,7

13.849,6

-8,2

TOTAL

16.758,2

20672,1

-18,9

Fuente: Elaboración propia con datos de la EPA del INE.

Frente a una caída del 19% en el empleo entre el cuarto trimestre de 2007, según la EPA del INE, y el cuarto trimestre de 2013, las provincias con un descenso mucho más significativo de la ocupación son, por orden de peor a mejor: Cádiz, Albacete, Ourense, Zamora, León, Castellón, Almería, Córdoba, Huesca y Cáceres, aunque con algunas diferencias sustanciales, ya que mientras que en el mismo período las provincias andaluzas incrementaban su población activa por encima del incremento que también registra el conjunto nacional (2%), Cáceres lo iguala, y el resto de provincias lo reducen (inferior al 100%) o lo mantienen (Castellón).

Las conclusiones son evidentes y muestran la diferente incidencia de la crisis sobre el territorio y sobre los potenciales productivos y de generación de actividad y empleo de las distintas provincias. No sólo se está incrementando las desigualdades de renta en España, sino que también se está profundizando las diferencias entre la España con mayores potenciales de actividad y empleo, y la España deprimida y con fuertes riesgos de despoblamiento y abandono.

En este sentido, y en lo que respecta al territorio-paisaje, la inmensa mayoría del país no urbanizado no ha escapado ni a la especulación durante la burbuja inmobiliaria-especulativa, ni al fuerte incremento en el precio de la tierras, ni tampoco a los intentos del medio rural de abrirse posibilidades con la complementación de la actividad agraria, inviable sin el más del 25% de aporte a su renta por las subvenciones que reciben una gran parte de agricultores (aunque sean las grandes casas aristocráticas, no precisamente residentes en el campo, las que reciben la mayor parte de estas subvenciones), con actividades a tiempo parcial, como han venido siendo los propios huertos solares (ahora en crisis forzada por las nuevas regulaciones gubernamentales), el turismo rural (en fuerte crisis por la caída de la demanda nacional que caracteriza a este sector, por la reducción de su capacidad adquisitiva) o los tímidos e insuficientes avances, desde los dos últimos Gobiernos del partido socialista, por la internalización de los servicios de los ecosistemas, más o menos desarrollados en distintas comunidades autónomas, y que las modificaciones legislativas del actual Gobierno también están poniendo en crisis.

Si incluso en los mejores casos las medidas positivas han sido insuficientes para revertir una dinámica de abandono del medio rural con un empleo en el sector primario que ha pasado de más de un millón de personas ocupadas a inicios del siglo XXI, a menos de 800.000 a finales de la década. Una pérdida del 20% de los empleos en quince años, acompañada del abandono de la población activa hacia las urbes del Estado español. Y de poco sirve el poseer suelos de alto valor agrícola, bosques autóctonos de madera certificable, o pastos naturales idóneos para una ganadería extensiva autóctona de calidad, no sólo por el tipo de productos generados, sino porque esa calidad es una “calidad total”, en el sentido de que no únicamente afecta a la naturaleza de los productos, sino que se generaliza a la totalidad de los efectos del proceso productivo: sobre el paisaje, sobre el ambiente y sobre el patrimonio cultural que implica un medio rural. El medio rural español es un medio crecientemente despoblado y envejecido salvo los fines de semana y las épocas de vacaciones, por la visita de excursionistas temporales, o con la vuelta de emigrantes directos o descendientes de emigrantes directos que utilizan las casas, originarias o heredadas, por motivo de ocio. Evolución a la que tampoco ayudan ni la política agrícola ni la de desarrollo rural derivadas de la prevista aplicación de la PAC para España para el período 2014-2020.

Inicialmente, la Comisión Europea y el parlamento, en la propuesta para la PAC 2014–2020, reclamaban la condicionalidad de las ayudas al cumplimiento de las Directivas Europeas y, para el Primer pilar, proponían la transición hacia un pago básico para todos los productores, abandonando las referencias históricas del actual; incluían una nueva línea de pagos verdes (greening) destinados a fomentar la diversificación de cultivos en las explotaciones, el mantenimiento de superficies de interés ecológico (barbechos, franjas tampón, etc.) en las mismas, y la protección de los pastos permanentes. Desde una perspectiva de defensa de los objetivos ambientales se proponía dedicar un 30% de los pagos directos de la PAC a ayudas verdes, que se destinarían a favorecer el mantenimiento de, al menos, el 10% de la superficie de las explotaciones como zonas de interés ambiental (incluyendo barbechos, franjas tampón, etc.), a potenciar la rotación de cultivos, proteger los pastos permanentes y, en el caso de cultivos leñosos, favorecer el mantenimiento de una cubierta vegetal que permita frenar procesos erosivos, o mejorar la capacidad de infiltración del terreno para prevenir inundaciones. Para el Segundo pilar, se proponía su uso coordinado con el de otros fondos europeos (Fondo de Cohesión, Pesca, FSE, FEDER) y seis prioridades, dos de las cuales eran de carácter claramente ambiental: restauración, conservación y mejora de los ecosistemas, y eficiencia de los recursos y economía baja en carbono. En todo caso, las acciones del Segundo pilar continuaban siendo de obligatoria cofinanciación por los Estados Miembros y/o las Comunidades Autónomas que, en la situación prevista de alargamiento de la crisis y de fuerte limitación de las inversiones para los próximos años, va a dificultar muy sensiblemente, como ya ha sucedido en 2012 y 2013, el desarrollo de estas actuaciones. Además, las propuestas de la Comisión se han ido modificando hacia una opción cada vez más productivista, favorecedora de las grandes explotaciones y especializada, por la oposición de numerosos estados miembros (en particular los del Mediterráneo, incluida España).

El resultado para España está siendo similar al propugnado para el resto de sectores. Se favorece el productivismo frente a la visión integrada, sostenible y compatible con la valoración del patrimonio territorial (natural y cultural) no como un recurso a explotar a cualquier coste a corto plazo, sino como una riqueza a gestionar de forma compatible para su uso por las generaciones venideras, y en la que el paisaje, patrimonio de todos, se considere un recurso a valorar y conservar.

¿Ayudarán los ciudadanos con su voto en las próximas elecciones a que esta política cambie?