Durante las últimas décadas, el crecimiento económico ha sido espectacular y ha provocado la acumulación de la riqueza en pocas manos. En paralelo, si era grave el aumento de la desigualdad, peor aún es el proceso que se ha iniciado de ruptura de la estructura social existente, que se hace evidente en la crisis que sufrimos del empleo, antes incluso de la crisis actual, y en la fragmentación y heterogeneidad de la estructura ocupacional que existe hoy. Estamos en un círculo vicioso, donde la desigualdad laboral está generando desigualdad social, y esa desigualdad social acentúa la desigualdad laboral. Esta espiral debe ser eliminada con la actuación decidida de los poderes públicos para conseguir una Sociedad del Bienestar.
El trabajo no es una mercancía. Por tanto, frente a la inseguridad, la incertidumbre, y la precariedad, es decir, frente al desempleo y el trabajo inseguro hay que volver a las políticas orientadas al pleno empleo y a la función social del empleo. Esto significa, generar unos ingresos suficientes que cubran nuestras necesidades económicas, pero también, procurar bienestar y satisfacción moral a los trabajadores en el desempeño de sus tareas. A nadie se le puede escapar que el trabajo ocupa un lugar central en las relaciones sociales y en la vida del hombre.
Cuando se producen niveles de desempleo tan amplios y cuando la precariedad laboral se consolida, estos hechos afectan a todos los ámbitos de la vida social. Afecta a quien la sufre, que se siente menospreciado en su trabajo, infrautilizado y explotado, pero también a su visión y actitud ante un futuro que ve lleno de incertidumbres e inseguridades. Hay un dato revelador, el temor a ser despedido afecta cada vez a más trabajadores, lo que tiene un efecto directo a la hora de su implicación colectiva en la defensa de sus derechos y en el aumento del poder empresarial. Ciudadanos con derechos reconocidos constitucionalmente, se convierten en sujetos vulnerables y frágiles cuando entran por la puerta de sus lugares de trabajo o cuando pierden el empleo, debido a la precariedad laboral y social que sufren.
La globalización ha transformado nuestra sociedad, y su desgobierno democrático está reduciendo derechos consolidados en los espacios nacionales al socaire de un mercado que supuestamente se autorregula. Esta realidad, de dominio y sumisión encubierta de libertad de circulación económica, está modificando profundamente el mercado de trabajo, y lo ha fragmentado ampliando la precariedad y la inestabilidad laboral.
De la crisis se sale con la creación de empleo o no se sale. El objetivo de creación de empleo debe ser el prioritario si queremos que la sociedad pueda ser viable. La desregulación y degeneración que se produce en el trabajo con el debilitamiento de la estructura salarial, con el incremento del tiempo de trabajo para obtener los medios necesarios para la subsistencia, con el aumento de los trabajadores pobres, también en las sociedades más desarrolladas), donde tener un empleo no garantiza un nivel de vida mínimamente adecuado, genera más pobreza y exclusión.
No hay que confundir flexibilidad y desregulación como hacen algunos organismos internacionales. Nadie se puede oponer, en una sociedad tan cambiante como la actual, a ser flexibles y adaptarnos a la misma. Pero esto no significa que adaptarnos sea sinónimo de menos derechos y menos regulación. El crecimiento es necesario pero no es un objetivo en sí mismo, el objetivo es el bienestar y la felicidad de las personas en todo el mundo, y no de ciertos grupos exclusivos que viven en determinados lugares del Planeta.
La crisis económica y política en la que nos encontramos, donde cada vez es mayor el poder empresarial y menor el de las organizaciones sindicales, unido al miedo a perder el empleo, aunque sea precario, es un caldo de cultivo perfecto para perder la batalla de los derechos. La individualización del trabajador, especialmente el que se encuentra en una situación de mayor debilidad por sus condiciones laborales precarias, afecta negativamente a su posible implicación en organizaciones colectivas que defiendan sus intereses.
Así las cosas, nuestros deseos de tener el mejor trabajo, y en las mejores condiciones para nosotros y para nuestros familiares y amigos, deben pasar la esfera privada e individual y trasladarse a la acción política de los gobiernos y los agentes sociales. Es crucial un pacto social por el empleo que englobe la adaptación a un mundo cambiante y, a la vez, amplíe los derechos y la regulación.
Para acabar, y aunque parezca reiterativo, es necesario repetir una y mil veces que el trabajo y la pobreza no son una mercancía y constituyen un factor determinante para la prosperidad de todos. En un contexto de globalización, los valores fundamentales de libertad, dignidad humana, justicia social, seguridad y no discriminación son esenciales para un desarrollo sostenible en materia económica y social. La libertad de asociación y sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y de discriminación, el diálogo social, tanto en el plano nacional como en el internacional, resultan ahora aún más pertinentes para lograr soluciones y fortalecer la cohesión social y el Estado de Derecho. Pongámonos a ello.
