La erosión de que es objeto la escuela pública es manifiestamente patente, aunque no sólo, en la Comunidad de Madrid. Su presidenta, Esperanza Aguirre, con la disculpa de la crisis, está conduciendo a la escuela pública a la marginalidad a la vez que apoya de manera descarada una escuela privada que le es mayoritariamente afín ideológicamente. Mientras que, con el fin de ahorrar 80 millones de euros, no contrata profesores interinos y aumenta las horas lectivas al profesorado del sector público, deja de ingresar en las arcas de la comunidad madrileña unos 90 millones de euros por la nueva desgravación fiscal (900 euros por niño) que, en concepto de matrícula, uniforme y clases extraescolares, ofrece a los padres que escolaricen a sus hijos en colegios privados no concertados. Es más, la Sra. Aguirre se atreve a poner en cuestión la gratuidad de la educación en los niveles post-obligatorios, el bachillerato y la formación profesional, dos niveles educativos que sólo son gratuitos en los centros públicos. Eso sí, a continuación trata de echar una cortina de humo aludiendo que se refería a los Másteres que, como todo el mundo sabe, nunca fueron gratuitos.

El campo de batalla del actual conflicto educativo no son sólo las justas reivindicaciones del profesorado por el aumento de horas lectivas, por la degradación de la función tutorial, por el despido de profesores interinos necesarios para poder ofrecer los desdobles en determinadas materias y atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. No es tampoco sólo una respuesta al trato vejatorio y desconsiderado recibido de las autoridades madrileñas.

Los profesores, los estudiantes y los padres de los alumnos están movilizados, sobre todo, por la defensa de un modelo de escuela pública de todos y para todos. Son muy conscientes que un mapa de escuela segregada y escuelas segregadoras, según clase social, adscripción religiosa u origen étnico, puede causar unos daños irreparables en nuestro tejido social y que en España, como en todos los países, la escuela pública es necesaria para una mayor cohesión social e interterritorial, así como para una necesaria integración cultural de toda la población.

Aurora Ruiz es Coordinadora del Colectivo Lorenzo Luzuriaga