El domingo no se decide el tamaño del avión del Presidente. Tampoco se resolverá el concurso de ocurrencias supuestamente ingeniosas para mitineros de ocasión. Si fuera así, y a menudo lo ha parecido, estaría justificado el alto nivel de abstención que algunos vaticinan (y otros procuran). El 7-J determinará, nada más y nada menos, el signo político de una institución central para afrontar la crisis económica y la definición del proyecto de integración europea. Se trata de nuestro futuro, y también el de nuestros hijos. No es para tomárselo a broma.

Valgan al menos tres razones para llamar a la participación comprometida el 7-J. Primero, la crisis. Es la primera preocupación ciudadana, bastante por delante del medio de transporte del Presidente y de los trajes del “bigotes”. Todos los analistas señalan que la crisis no es abordable desde un solo país (Todos menos Aznar, que se cree en condiciones de resolverla por sí mismo). Y si la crisis es global, su solución deberá diseñarse y ejecutarse desde instituciones de carácter global. Como la Unión Europa y el Parlamento que elegiremos el domingo.

Pero no todos acuden al Parlamento Europeo con los mismos propósitos y los mismos programas frente a la crisis. La izquierda quiere resolver esta crisis para que no haya más crisis como esta. Pretende llevar a cabo reformas en el modelo productivo para prevenir las “burbujas” especulativas y asegurar un patrón de crecimiento estable, equilibrado y socialmente justo. La derecha busca recoger los platos rotos, barrer el suelo y volver a la fiesta de la desregulación y la codicia sin freno.

Mientras los socialdemócratas plantean regulación y control del sistema financiero, grandes programas de inversión pública y garantía de protección social, la derecha propone liberalización de mercados y servicios, rebajas de impuestos y abaratamiento del despido. ¡Este es el trigo que se juega el 7-J!

Segunda razón: el modelo de integración europea. La Unión sufre un problema de falta de definición y de falta de liderazgo en el proyecto de integración emprendido hace más de medio siglo. Como argumenta muy bien el último editorial de la revista Temas, Europa no puede aspirar a ser solo un mercado, pero tiene muy difícil ser algo más que un mercado. Las diferencias entre los 27 miembros son demasiado profundas.

En este momento crítico importa que el Parlamento Europeo incorpore una representación amplia del europeísmo progresista mayoritario en España. Porque la mayoría de los españoles queremos que Europa siga siendo el ámbito de mayor prosperidad, de mayor cohesión social y de mayor respeto por los derechos humanos en el mundo. Y hay otros que contemplan el futuro de Europa como un zoco cualificado, como un casino ultraliberal o, aún peor, como el último guardián de las esencias religiosas integristas a contraponer en un escenario suicida de choque de civilizaciones.

El panorama del socialismo en los principales países de Europa no es muy halagüeño hoy. Solo el PSOE está en condiciones de liderar, con humildad pero con fuerza, un proyecto europeo que salvaguarde el modelo social fruto del pacto de posguerra entre el capitalismo y el socialismo continental. Solo la izquierda española puede impulsar con determinación la lucha contra el cambio climático y la apuesta por las energías renovables. Solo el socialismo ibérico puede encabezar el impulso a una política exterior y de seguridad común que sume fuerzas con Obama para sustituir las guerras preventivas por el multilateralismo, el diálogo y la cooperación. Y probablemente corresponda al PSOE también abanderar el avance de los derechos de ciudadanía, superando los obstáculos que plantearán aquellos que minimizan los abusos sexuales ejercidos sobre menores frente al derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.

Y tercera razón: aunque el partido se juegue en Europa, habrá una lectura nacional del resultado del 7-J. Inevitablemente. Si el PP ganara estas elecciones (que no lo hará), desde el balcón de Génova no se celebrará el futuro de Europa, sino la derrota de Zapatero, de su Gobierno y del socialismo español. La derecha y sus aliados interpretarían un resultado positivo como un aval para deslegitimar y desestabilizar al Gobierno socialista. Además de una suerte de falsa “absolución” para los innumerables casos de corrupción que les salpican. Y la mayoría de los españoles no están por premiar a quienes hasta ahora solo han contemplado la crisis como una oportunidad para desgastar al Gobierno. Tampoco son partidarios de absoluciones indebidas.