Triunfo que ha sido posible gracias sobre todo a la meritoria actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado -de todos, pero singularmente de la Guardia Civil- , protagonistas de una labor ejemplar que ha permitido evitar la comisión de numerosos atentados y sobre todo ha servido para detener y poner a disposición de la justicia a la mayoría de los integrantes de la banda criminal que ahora anuncia su final. Triunfo de los jueces y magistrados que en el ejercicio de sus funciones han condenado a las penas preceptivas a los terroristas. Triunfo de los sucesivos Gobiernos de la Nación, de sus Presidentes y singularmente de quienes han ocupado la cartera de Interior. Triunfo -es de justicia recordarlo- del Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y del hoy candidato a la Presidencia por el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Triunfo de toda la sociedad que a través de sus representantes políticos se dotó de las normas legales necesarias para hacer frente al desafío etarra, normas entre las que la Ley de Partidos resultó claramente decisiva. Triunfo póstumo de todas las víctimas del terror que lamentablemente no podrán celebrarlo.

Desde esta óptica, conviene realizar algunas observaciones de índole política, jurídica y social.

En primer lugar, que en el caso de ETA, no sólo sus instrumentos o medios de acción eran criminales, sino que su mismo proyecto ideológico y político era totalitario y antidemocrático. La derrota de ETA para ser completa debe ser entendida también como la del proyecto ideológico-político que defendía y sobre el que se sustentaba, un proyecto etnicista-nacionalista claramente totalitario e incompatible con los valores de libertad individual y dignidad de la persona humana que fundamentan el orden constitucional. La victoria sobre ETA resultaría pírrica, si no implicara también la de su proyecto político. Es más no podría considerarse tal, si admitiésemos que ETA lograra alcanzar mediante su disolución aquellos objetivos que no pudo lograr matando: territorialidad y autodeterminación. Esto es la independencia del País Vasco y la anexión de Navarra en contra de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.

En segundo lugar, que el Estado no debe responder precipitadamente con medidas de gracia alguna. En este sentido conviene recordar que la amnistía está prohibida por la Constitución y el indulto no está previsto, en principio, para condenados por delitos graves de terrorismo. El derecho vigente en materia penitenciaria contiene ya las medidas posibles a aplicar a aquellos miembros de ETA que demuestren sincero arrepentimiento. En todo caso, la aplicación de estas y otras posibles medidas por parte del Gobierno (básicamente, el traslado a prisiones más próximas al entorno del condenado) que surja tras las elecciones de noviembre, debe ser fruto de un amplio consenso social y político. En este sentido, creo que el debate sobre el futuro de los presos dista mucho de ser prioritario.

En tercer lugar, que puesto que ETA ha sido derrotada, es preciso construir y transmitir a las generaciones futuras un relato en el que hay vencedores y hay vencidos. Y ello no sólo por exigencias del respeto debido a las víctimas del terror sino por elementales razones de ética y pedagogía políticas. Cuarenta años de terror y casi mil muertos no han servido para doblegar a la sociedad y esto es algo que no puede ni debe ser olvidado para que no se repita nunca más. Para disuadir a todos aquellos que tengan la tentación de imponer sus proyectos totalitarios por vías criminales, hay que lanzar el mensaje de que tales intentos están condenados al más absoluto de los fracasos. La reconciliación entre vencedores y vencidos no será fácil, pero para ser efectiva debe establecerse sobre el reconocimiento expreso de esa dualidad. En ese relato no cabe en modo alguno equiparar el dolor de las víctimas con el de los verdugos, ni el sufrimiento causado por la violencia etarra, con el que trae causa del ejercicio de la necesaria y legítima violencia del Estado.

En definitiva, el cese de la actividad criminal de ETA, supone la normalización de la vida política del País Vasco y de Navarra. Y ello porque la existencia de ETA era la única patología que afectaba a la misma, y su presencia constituía el único ?conflicto? realmente existente. Porque no había guerra alguna, ni ?confrontación armada? mal que les pesara a los organizadores de la patética Conferencia de San Sebastián, no cabe hablar de paz. Porque lo único que existía era una banda criminal integrada por fanáticos que profesaban una ideología totalitaria, con la pretensión de subvertir el orden constitucional democrático, la derrota de ETA supone ante todo y sobre todo el triunfo de la libertad.