Ya conocemos el resultado. Cuando las reglas del juego no responden a la convicción y la voluntad de una gran mayoría, la convivencia en paz, el respeto a las libertades y el progreso colectivo no están asegurados. Antes al contrario, de Goya a Machado, nuestros referentes culturales han dado cuenta de una tendencia cuasi endémica al enfrentamiento civil entre las dos Españas.

Por esta razón, la gran mayoría de los españoles valoramos muy positivamente aún el consenso alcanzado durante la Transición Democrática en torno a unas reglas del juego comúnmente aceptadas. Por vez primera, casi el 90% de los españoles votamos conjuntamente una Constitución para regular la convivencia democrática, conforme a unas normas equiparables a las vigentes en los países más avanzados de nuestro entorno.

Aquella Constitución estaba plagada de aciertos, pero también contenía aspectos que, contemplados en perspectiva, podían haberse mejorado. Como en todas las negociaciones exitosas, unos y otros celebraron victorias y lamentaron renuncias. Pero, por vez primera, derechas e izquierdas, nacionalistas del centro y de la periferia, socialistas, comunistas, derechistas y centristas, se sintieron parte de un proyecto común de país.

En estos días de crisis económica, política e institucional se revisa todo. Hay quienes analizan críticamente la Transición. También hay quienes tachan aquel consenso constitucional de “impuesto por el dictador” o de “traición” a los principios de la izquierda. La crítica histórica es positiva si se practica con objetividad, con respeto a la verdad, atendiendo a los condicionantes de la época y sin caer en el “presentismo” absurdo. Las “imposiciones” y las “traiciones” son simples tergiversaciones fruto del error, el desconocimiento o la mala fe.

Los términos de aquel consenso de la Transición y de la Constitución de 1978 son revisables hoy, desde luego. Las generaciones presentes tienen derecho a replantearse las motivaciones y los resultados de las reglas del juego que se pactaron entonces. Faltaría más. Ha pasado tiempo suficiente, y los cambios en la sociedad española han sido muchos y profundos desde entonces. Cabe hablar de la estructura territorial, de los cauces de participación política, de la garantía para el ejercicio de algunos derechos, y más. Cabe plantearse cambios. Claro que sí.

Pero a mi modesto juicio, hay algunas condiciones previas al planteamiento en firme de estos cambios. La primera es el rigor. Parece razonable, cuando estamos hablando de sustituir nada menos que las reglas del juego democrático, las bases de la convivencia en paz entre españoles. Y no es riguroso hacer planteamientos de cambio al calor de las corrientes de opinión coyunturales, el afán de arrinconar al adversario político o la ganancia electoral inmediata de unos u otros. Esto no es una tertulia. Nos jugamos mucho.

La segunda condición es tan o más importante. Se trata del consenso. No podemos recaer en el error de fijar nuevas reglas del juego respaldadas por una mayoría circunstancial del 55% frente a una minoría también circunstancial del 45%. Demostraríamos que no hemos aprendido nada de nuestra historia. Trabájense las propuestas. Genérense nuevos consensos distintos, pero tan amplios como los que han fundamentado nuestra convivencia en paz durante los 35 últimos años. Y cuando esos consensos amplios estén consolidados, afrontemos los cambios. Sin miedos. Pero con responsabilidad. Mientras tanto, respetemos la legitimidad de las normas vigentes.

Por desgracia, durante los dos últimos siglos hemos tenido muchas demostraciones de que no siempre actúa con más razón el que en un contexto concreto es capaz de gritar más fuerte, o llenar más manifestaciones. Aspiremos a más y a mejor. Siempre. Pero valoremos bien lo que tenemos.