El Gobierno actual fue elegido para un período de cuatro años –hace poco más de un año– y así lo entendió claramente todo el mundo. Una democracia en la que, cuando se plantea un problema importante o cuando se detecta una oscilación electoral en las encuestas, se recurre a realizar votaciones anticipadas, es una democracia abocada a la inseguridad y la inestabilidad. De ahí que en los países serios exista un respeto bastante escrupuloso por las normas, los plazos y los procedimientos políticos. Y en el caso de España esto consiste en atenerse a lo que se especifica en la Constitución, teniendo claro quién tiene competencias para convocar elecciones anticipadas.

En el caso que nos ocupa no se trata sólo de atenernos formalmente a los plazos y a la letra del precepto constitucional, sino que es preciso también evaluar tal tipo de propuesta en términos de eficacia, es decir de los eventuales resultados electorales que podrían producirse en estos momentos y de sus consecuencias prácticas, especialmente en la actual coyuntura de crisis económica.

Los previsibles resultados de unas elecciones en estos momentos apuntan básicamente hacia tres escenarios plausibles. La primera posibilidad es que se repita un resultado muy similar al actual, con lo cual nos habríamos quedado como estábamos, después de un período de campaña, de tensionamientos y bipolarización, con todos los costes a ello asociados. La segunda posibilidad es que se produjera un empate virtual entre los dos principales partidos, con una situación postelectoral mucho más complicada, afectada por mayores dificultades para formar un gobierno estable. Con lo cual habríamos complicado y tensionado mucho más la situación, alejándonos del horizonte de estabilidad, confianza y eficacia que necesitamos. La tercera posibilidad es un triunfo electoral del PP, que invirtiera la actual correlación de fuerzas en el Parlamento. Hoy por hoy, según lo que indican las encuestas y los propios límites sociológicos del electorado conservador, este triunfo sería ajustado, lo que daría lugar a un gobierno sin suficientes apoyos parlamentarios propios, suscitando eventuales escenarios complicados de acuerdos con los nacionalistas vascos y catalanes, en una coyuntura económica y política que está para pocas bromas. Además, un gobierno del PP –del actual PP– podría añadir otros problemas a la situación española, en la medida que podrían desatenderse necesidades sociales acuciantes en una manera que acabaría causando tensiones sindicales y políticas añadidas, que desde luego no serían nada positivas para recuperar un clima de estabilidad y confianza política que facilitara la recuperación económica.

Es decir, los tres escenarios postelectorales plausibles en estos momentos, según los datos de estimación disponibles, serían más complicados y peores que el actual, con el efecto añadido de los costes, retrasos e inseguridades que introduciría un proceso electoral adelantado.

Algunos quizás piensen que también son posibles mayorías más amplias de alguno de los dos grandes partidos. Pero eso, hoy por hoy, es simple “wishful thinking”. Además, en el caso de producirse tal hipótesis de vuelco electoral, los resultados obedecerían más bien a un abstención bastante amplia de electores socialistas, lo cual daría lugar a un escenario político aun más difícil e inflamable, con un eventual gobierno duro del PP, haciendo unas políticas a contracorriente de buena parte de las tendencias mundiales y con una opinión pública interna sociológicamente en contra y progresivamente enfadada. Por no mencionar las eventuales reacciones de los sectores sociales, que quedarían afectados por las regresiones sociales y las consecuencias de una política de salida de la crisis “caiga quien caiga”.

En fin, aquellos que piensan de buena fe en eventuales soluciones a la complicada situación actual harían bien en meditar más detenidamente en las consecuencias de sus propuestas, a partir de evaluaciones más ajustadas a los datos de la realidad y a las tendencias socio-políticas que actualmente se pueden detectar.