Estos dos factores sin embargo no han parecido hacer mella –de momento- en las emisiones de deuda pública a largo plazo que ha realizado recientemente el tesoro español, el mismo que hace un año se salvó de tener que recurrir a un segundo programa de ayuda financiera europea gracias a la decisión del presidente del Banco Central Europeo (BCE) de apoyar mediante programas de compra de títulos con carácter ilimitado tanto en la cuantía como en el tiempo. Así, el 9 de octubre del año en curso España ha logrado colocar una emisión sindicada de bonos a 30 años por valor de 4.000 millones de euros a un tipo considerado sostenible del 5,15 por ciento. No se emitían este tipo de valores al menos desde septiembre de 2009, por lo que a juicio de los inversores la estabilidad financiera estaría garantizada en nuestro país a corto plazo.

Con todo, no hay que perder de vista que la deuda privada que acumulan empresas y familias sigue siendo muy elevada -del orden del 200 por ciento del Producto Interior Bruto-, al tiempo que la deuda pública se ha colocado por encima del 90 por ciento. Sin una recuperación sustantiva del crecimiento y del empleo es harto complicado devolver lo que se debe, tanto por el sector público como el privado. A corto plazo, las entidades financieras están sobreviviendo con un acceso muy abaratado a la financiación del BCE (el tipo de interés al que presta el Banco emisor del euro está en el 0,5 por ciento). Pero estos flujos de capital no están llegando a la economía real. En cambio, se quedan en la banca bien para sanear balances, bien para ser colocados en deuda pública, lo que al contrario que el crédito a particulares, lo segundo es considerado una inversión segura con un buen rendimiento, sobre todo teniendo en cuenta el diferencial entre el tipo al que se presta y al que se toma prestado, y más aún en el escenario actual de baja inflación (1,1 por ciento para la zona euro). En este sentido, en su último informe de estabilidad financiera global, el Fondo Monetario Internacional alerta de que España está sufriendo una gran crisis crediticia como consecuencia del encarecimiento del crédito, por un lado, y al reducción de la demanda por otro.

Desde mayo de 2010, momento en el cual el Gobierno de España cambió precipitadamente su política económica mediante la retirada de estímulos al crecimiento y la reorientación hacia el ajuste fiscal a ultranza, las esperanzas de recuperación se han depositado en la reducción del precio del factor trabajo (moderación salarial) y en el saneamiento de las cuentas del sector público, mediante las subidas de impuestos y el recorte de gasto. La primera medida debería relanzar la competitividad de los productos fabricados en España al abaratarse el coste salarial. La segunda medida, por su parte, se orienta hacia la recuperación de la confianza de los inversores, incluyendo los extranjeros, por una mejor percepción de la estabilidad financiera. Si bien el abaratamiento del factor trabajo ha podido introducir cierto dinamismo en el sector exterior, el efecto combinado de la congelación o reducción de los salarios, el aumento impositivo y los ajustes de gasto, suponen una reducción de la renta disponible de los ciudadanos y por tanto de su capacidad de consumo. Está por ver que las exportaciones puedan compensar la pérdida de poder adquisitivo y la falta de pujanza del consumo interno en la ecuación del PIB. De hecho, el superávit alcanzado en la cuenta corriente en los seis primeros meses de 2013 parece deberse más a la reducción de las importaciones por la baja demanda y el abaratamiento de la factura energética, debido a la menor actividad económica, que al aumento de las exportaciones (que también han crecido).

¿Cabe, en cualquier caso, otra política económica que sea menos dañina para el crecimiento que la del ajuste fiscal a ultranza? La respuesta depende en realidad del ámbito territorial de referencia. España dispone de un margen de maniobra muy reducido para aplicar una política keynesiana clásica de corte anti cíclico, basada en la reducción de impuestos y el aumento del gasto discrecional, la cual daría mejores resultados aún combinándose con una política de moderación salarial al objeto de mejorar la competitividad. Esta orientación se siguió en el período 2007-2010 para luego ser abruptamente abandonada ante los ataques especulativos contra la deuda pública española, y el riesgo de ruptura de la unión monetaria. En cambio Europa sí que tiene la capacidad de retrasar las sendas de ajuste del déficit público de los Estados miembro, a razón de no más de un punto porcentual por año de PIB, al tiempo que la constitución de un tesoro europeo que emita deuda mancomunada europea (los llamados eurobonos) y de un fondo común de garantía de los depósitos bancarios otorgaría estabilidad tanto al euro como al sistema financiero.

La reorientación en esta dirección de la política económica europea depende, en primer lugar, del tipo de gobierno que emerja en Alemania. La paradoja del resultado electoral estriba en que por un lado los democristianos de la CDU-CSU han obtenido uno de sus mejores porcentajes de voto en términos históricos, mientras que se ha reducido su capacidad formar una mayoría estable de Gobierno. La dirección del SPD (socialdemócratas) está negociando una re-edición del modelo de la “gran coalición” con la canciller en funciones Merkel, siendo la fijación de un salario mínimo nacional una de las condiciones supuestamente irrenunciables. Si se alcanza un acuerdo, éste tendrá que ser ratificado en referendo por los militantes del SPD. En caso contrario la CDU-CSU se vería abocada a gobernar en minoría o a convocar nuevas elecciones. La recuperación económica europea, más allá de la salvaguarda a corto plazo de la estabilidad financiera, depende por tanto de la capacidad de los socialdemócratas alemanes de introducir mayor flexibilidad en la política financiera de la UE influyendo, ya sea desde el Gobierno, como socio de coalición, ya sea desde la oposición con un gabinete en minoría. Lo que el partido político más antiguo de Alemania no puede permitirse es dar un paso en falso que conduzca a nuevas elecciones, las cuales pudieran dar a la CDU-CSU una mayoría absoluta o reintroducir en el parlamento a los liberales, el aliado natural de los democristianos como socio de Gobierno. Si este escenario se materializara, se sellaría la continuidad, más o menos matizada, de la ortodoxia del ordoliberalismo alemán en la UE, con lo que ello supondría de falta de crecimiento económico y de creación de empleo en los países periféricos de la zona euro.