Descalificar unas medidas de evidente calado social por haber sido adoptadas a varios meses de unas elecciones resulta absurdo. ¿Alguien pretende prohibir a los gobiernos la adopción de medidas en el ejercicio de sus funciones durante el último año de mandato? ¿O se deberían prohibir tan sólo aquellas medidas que resulten del agrado de la mayoría?
Igualmente incomprensible ha de considerarse el debate sobre hasta qué punto las medidas son nuevas o no lo son. ¿Deben descalificarse estas decisiones por el solo hecho de ser semejantes a otras adoptadas con anterioridad? ¿Importa esto a quienes esperan la ayuda efectiva de las instituciones para acceder a una vivienda?
Algunas respuestas rayan el surrealismo. Manifiestan ciertos críticos que promover ayudas para los jóvenes que han de alquilar una vivienda incrementará de manera automática el precio del arrendamiento. ¿Qué plantearán a continuación? ¿Debemos evitar la subida de las pensiones para que los tenderos no incrementen el precio de la cesta de la compra a nuestros ancianos? ¿O hemos de eliminar las becas para que no se dispare el coste de las matrículas en los centros educativos? La simpleza de algunos argumentos paleoliberales insulta la inteligencia de los españoles.
Las dificultades que sufren muchas familias para encontrar alojamiento exige de una respuesta pronta y eficaz por parte del conjunto de las administraciones. Podrá discutirse la naturaleza, la dimensión y el alcance de la propuesta de Zapatero, pero es innegable que el Presidente acierta al dedicar la iniciativa política y los recursos económicos de su Gobierno para hacer frente a este problema. Y, desde luego, la iniciativa abre algunos debates interesantes, de fondo y de forma.
El primero: ¿ha de considerarse la vivienda como un derecho o como una mercancía más? Es decir, ¿las administraciones han de permitir que cada cual acceda a la vivienda simplemente en función de su capacidad de pago, al igual que se compra un automóvil o una televisión de plasma? ¿O deben las administraciones garantizar a todos los ciudadanos un alojamiento accesible y digno de igual manera que garantiza ya el derecho a la escolarización y la atención sanitaria?
Otro debate de fondo: ¿cuál debe ser el destino del superávit en un ejercicio económico exitoso? El Presidente del Banco de España ejercía hace pocas fechas como portavoz de quienes desde planteamientos liberales exigen más contención del gasto público y menos “alegrías”. ¿Hemos de explicar a los ciudadanos que unos años hay que ajustarse el cinturón porque hay déficit y otros años hay que ajustarse el cinturón porque hay superávit?
El Gobierno socialista actúa en coherencia con sus valores y en línea con el pensamiento de la gran mayoría al considerar la vivienda como un derecho a garantizar y al destinar, prudentemente, parte del superávit fiscal para la atención de una grave necesidad social. Atención que, por otra parte, también revertirá en la actividad y el desarrollo económico. ¿O debemos aceptar ese otro tópico liberal interesado que tacha la inversión pública en vivienda social de gasto improductivo, mientras califica de formidable estímulo para la salud de la economía la inversión privada en pisos y chalets de alto precio?
Como decía el clásico, una vez asegurado el por qué, lo de menos es el cómo. Insisto: podemos discutir sobre el detalle de las medidas anunciadas en Moncloa, pero indudablemente van en la buena dirección. Combinar las ayudas al alquiler con la promoción de la vivienda social es el camino que ha conducido al éxito en otros países de nuestro entorno. Sin duda, los miles de jóvenes que el año próximo reciban 210 euros al mes, el aval de seis meses de fianza y una deducción fiscal del 10% dedicarán poco tiempo a pensar si la decisión del Gobierno pudo ser tachada de electoralista o si fue lo suficientemente nueva.
Acierta también el Gobierno al establecer estas ayudas de manera directa, sin pasar por el tamiz de los ejecutivos autonómicos. La escasa lealtad, la irresponsabilidad podríamos decir, de Gobiernos regionales como el de Madrid ha imposibilitado el acceso de los ciudadanos de esta Comunidad a las ayudas vigentes en el llamado Plan Trujillo. A causa del bloqueo del Gobierno PP, ni un solo joven de Madrid ha podido beneficiarse de la ayuda de 240 euros mensuales que promovía este plan en determinadas condiciones, mientras sí lo hacían, por ejemplo, miles de catalanes.
La culminación de esta política de promoción social en el acceso a la vivienda se ha producido con el anuncio de la Junta de Andalucía de una Ley que garantiza el acceso a este bien básico a todos los ciudadanos que no pueden pagarlo en el mercado libre. Esta iniciativa, que tuvo como antecedente el programa del Partido Socialista de Madrid en las últimas elecciones autonómicas, conlleva riesgos, sin duda, pero es perfectamente factible y merecedora de respaldo, tal y como han manifestado los principales agentes económicos y sociales de Andalucía.
Quedan pendientes de afrontar con eficacia otros desafíos asociados a la facilitación del acceso a la vivienda. ¿Para cuándo una lucha decidida contra la especulación urbanística que multiplica el valor del suelo de ciertas zonas para enriquecer espuriamente a unos pocos y desesperar a la mayoría? ¿Cómo estimular la salida al mercado de alquiler de los centenares de miles de viviendas que se mantienen vacías mientras muchos jóvenes no encuentran un hogar para emanciparse? ¿Y cuándo toca afrontar la rehabilitación de miles de infraviviendas (187.000 en Madrid) que impiden vivir en unas mínimas condiciones de dignidad a muchas personas? Vayamos paso a paso.
¿Electoralismo? ¿Con medidas como ésta? El que haga falta.
