La población que vive en Gaza se enfrenta a una situación de emergencia humanitaria. La congelación del envío de combustible y energía eléctrica por Israel condena a cerca de un millón y medio de personas a inhumanos padecimientos. Los hospitalizados más vulnerables, con problemas cardíacos, respiratorios o de diálisis, los bebes prematuros que necesitan de incubadoras para sobrevivir, tienen amenazada su vida cuando la energía eléctrica deja de funcionar. Si persiste este cerco a Gaza, la escasa industria que aún funciona en la franja tendrá que cerrar, aumentando el paro entre la población y, por tanto, la pobreza. El agua potable tiene problemas para su bombeo y la mayoría de los hogares están a oscuras y sin gas para las cocinas. Tras un día de apagón total, miles de palestinos se han apresurado a intentar salir de la franja de Gaza por el paso fronterizo de Egipto, en el que ha habido disturbios, voladuras en diversas zonas de la frontera y más de noventa personas heridas por los enfrentamientos con los guardias fronterizos. La situación es de emergencia humanitaria. No es comprensible que a escasos días de la conferencia de Anápolis, en la que parecía que se habían alcanzado algunos acuerdos -o al menos así se hizo creer a la opinión pública mundial- se vuelva a dar una vuelta de tuerca más sobre la población más vulnerable. Es necesario que las organizaciones internacionales que pueden influir sobre Israel reaccionen con urgencia.
