Los argumentos en contra de estos planteamientos pueden ser de índole variada. Puede aducirse que la rebaja paulatina de la renta disponible en manos de las familias bloquea cualquier indicio de recuperación económica. Si las familias no ingresan, no pueden consumir. Y sin consumo no hay crecimiento ni empleo. También puede argüirse que las teorías económicas más actuales consideran el factor desigualdad social como una clave negativa para la competitividad y el desarrollo. Y en España, según la OCDE, resulta que el 20% más rico ingresa 7,5 veces más que el 20% más pobre, mientras la media de la Unión Europea está en 5,7 veces.

Sin embargo, el argumento más efectivo hoy debería ser doble. Por una parte es preciso alertar de que el deterioro de la condiciones de vida de una parte importante de la población está adquiriendo dimensiones de auténtica emergencia social. En España, cada vez más seres humanos tienen serias dificultades para sobrevivir con un mínimo de dignidad. Y, por otra parte, en estrecha relación con lo anterior, cabe deducir que en nuestro país estamos cerca de un estallido social de graves consecuencias. Por tanto, o la rectificación llega por la vía de la solidaridad humanista, o deberá llegar por la vía del egoísmo más práctico. Los que hoy reclaman recortes y ajustes desde los balcones más altos del sistema, pueden encontrarse a corto plazo con que alguien les vuela el edificio.

Los rejonazos sobre la sostenibilidad social de las familias españolas son continuos y demoledores. El paro supera el 24%. 1,7 millones de familias tienen a todos sus miembros en el paro. Cerca de un 40% de los parados no tienen ninguna cobertura pública. El Gobierno ha limitado el acceso a la prestación básica de los 400 euros. Suben los impuestos directos e indirectos. Suben las tasas para la utilización de servicios públicos. Los copagos se multiplican en la farmacia y en la sanidad. Se reducen las ayudas a la dependencia, las becas educativas y el auxilio social de los municipios. Se elimina la renta básica de emancipación. Proliferan los desahucios y la ley respalda al propietario antes que al inquilino…

Decía Alfonso Guerra que “Si para reducir el déficit se me muere la gente, me quedo con el déficit”. Y el Gobierno tendrá que repensar su estrategia con rapidez, porque puede ocurrir aquello que preveía el clásico “Y para cuando despertó ya era cadáver”. Puede que Merkel y Rajoy logren ajustar las cuentas a su gusto, pero lo más probable es que para entonces la economía española se haya hundido irremisiblemente, y unos cuantos millones de españoles hayan acabado en la miseria. ¿Merece la pena?

Hay que revisar la estrategia frente a la crisis, evidentemente. Ralentizando el ajuste del déficit e implementando políticas de estímulo de la demanda, a la par que se combate la desigualdad y se protege a los más vulnerables. Pero esto es a medio plazo.

A corto plazo es preciso un plan para hacer frente a la emergencia social. El PSOE ha propuesto generar 1.000 millones de nuevos ingresos con un impuesto a las grandes fortunas y a las plusvalías financieras. Con este dinero puede constituirse un Fondo Estatal de Emergencia para ayudar a las familias en situación de pobreza y exclusión social. Podrían beneficiarse más de 500.000 familias y podrían generarse más de 30.000 empleos.

El Fondo debería distribuirse a través de los servicios sociales de los Ayuntamientos, multiplicando los recursos del Plan Concertado que el PP ha reducido a unos ridículos 30 millones en el presupuesto de 2013. Otra parte del Fondo puede destinarse a financiar las rentas mínimas de inserción que reparten las comunidades autónomas. Y, por último, debería duplicarse al menos el dinero que manejan las ONG y los bancos de alimentos para programas de integración laboral y lucha contra la pobreza.

Empecemos por rescatarnos a nosotros mismos…