Todos los hechos enumerados vienen siendo analizados por los expertos en los diversos medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos, intentando responder con escaso éxito por el momento, todo hay que decirlo- a las causas que nos han llevado a esta situación después de años de crecimiento económico y del consiguiente reparto de cuantiosos beneficios en la gran mayoría de las empresas.
Sin embargo, y a pesar de la importancia de estos grandes asuntos de carácter macroeconómico y global, de difícil comprensión para los no iniciados, no son éstos los problemas que más preocupan al hombre de la calle, al trabajador por cuenta ajena, al autónomo, al inmigrante a pesar de que son los que sufren más las consecuencias de la crisis económica.
Los comentarios más frecuentes que se hacen en la calle se refieren a tres grandes preocupaciones que tienen una relación directa con la economía real, que es la que afecta más directamente a los trabajadores: el paro, la protección social, y los salarios que, finalmente, serán los que soporten el gasto de sus familias y los créditos hipotecarios comprometidos.
EL PARO
El año 2008 ha supuesto también el comienzo del previsible desplome del mercado de trabajo, tal como se contempla en los últimos datos de la Encuesta de Población Activa y en el registro de parados de las Oficinas Públicas de Empleo.
Efectivamente, el desempleo registrado en el mes de octubre se ha incrementado en 192.658 personas, respecto al mes de Septiembre, lo que eleva la cifra a 2.818.026 parados. El paro afecta a todos los trabajadores: hombres, mujeres, mayores de edad, jóvenes, e inmigrantes; así como a todos los sectores de actividad económica, especialmente al sector de la construcción afectado por la crisis inmobiliaria- y de los servicios- afectados por la caída del consumo interno-. Estas cifras representan, en cómputo anual, un incremento de 769.449 parados lo que significa un 37,56 por cierto más que el año anterior y demuestran la gravedad de la crisis económica que nos afecta.
Las perspectivas, con los datos del Gobierno y de las instituciones especializadas en el contexto internacional, pronostican crecimientos negativos del PIB para los próximos meses y todo el año 2009, por lo que se va a seguir destruyendo empleo. No cabe, por lo tanto, más que esperar a que la situación mejore a nivel internacional y que el Gobierno siga trabajando con todos los instrumentos a su alcance en la resolución del problema del paro que, según los analistas, se puede situar en torno al 15 por ciento de la población activa; sabiendo que contará con el concurso de los sindicatos y esperemos que con la actitud responsable de los empresarios en la situación actual.
En primer lugar, el Gobierno debe analizar a fondo los expedientes de regulación de empleo (ERE) que se están presentando, para evitar el posible abuso, o lo que es más grave, el fraude de empresarios desaprensivos que pretendan aprovecharse de la crisis para aligerar sus plantillas. Y, en el peor de los casos, el Gobierno debe trabajar en la recolocación de los trabajadores afectados por los expedientes de regulación con medidas encaminadas a este fin, y de acuerdo con los interlocutores sociales.
En segundo lugar, el Gobierno debe activar las políticas activas de empleo, reiteradamente anunciadas, así como los planes de formación profesional para garantizar el reciclaje y por lo tanto la empleabilidad de los trabajadores en paro.
En tercer lugar, debe estudiar a fondo el aumentar la inversión pública en infraestructuras y equipamientos públicos respetuosos con el medio ambiente, incluso superando la cuantía del capítulo presupuestario, y desde luego invertir con decisión en el capítulo de los servicios, principalmente desarrollando la Ley de Dependencia y las políticas encaminadas a la mejora de la enseñanza y la sanidad y en concreto a la escolarización de los niños hasta los tres años, que no sólo representan un avance considerable en el desarrollo de las políticas sociales sino que además son políticas generadoras de abundante mano de obra.
Por último, el Gobierno debe seguir manteniendo el principio de no introducir reformas en el mercado de trabajo si no es por consenso entre los interlocutores sociales, a pesar de las recomendaciones añejas y estériles de la OCDE, que vuelve a insistir en la flexibilización del mercado de trabajo y el despido que, con lo que está cayendo, más parece una provocación que una solución a los problemas de nuestro mercado de trabajo.
PROTECCIÓN SOCIAL
En cuanto a la protección social debemos manifestar, de entrada, que el Gobierno debe estudiar el garantizar la prestación económica que corresponda a todos los trabajadores que vayan al desempleo. Y decimos a todos porque no se entendería, y sería una injusticia, que se canalice dinero público para las entidades financieras y no haya dinero para cubrir a los trabajadores abocados al paro con el argumento de que aumenta el déficit público.
En segundo lugar, la seguridad social debe reafirmar, las veces que sea necesario, que seguirá garantizando el poder adquisitivo de los pensionistas y las expectativas económicas de los que se vayan incorporando al sistema protector, según está establecido en la legislación vigente. No es de recibo, como algunos pretenden, que la crisis económica se aproveche para reformar el sistema de la seguridad a la baja, invocando el Pacto de Toledo y la viabilidad del sistema, sobre todo cuando sigue pendiente la convergencia de España con los países más avanzados de la Unión Europea en materia de protección social que, no lo olvidemos, se encuentra en torno a los 7 puntos del PIB por debajo de la media comunitaria.
SALARIOS
Por lo que respecta a los salarios debemos reiterar que soportan el consumo de las familias y el pago de los créditos hipotecarios. Por lo tanto, desde el punto de vista económico y social los salarios deben mantener el poder adquisitivo de los trabajadores a pesar de la crisis, y crecer si se produce un aumento de la productividad en las empresas, además de impulsar la convergencia del salario mínimo con la cuantía que representa el 60 por ciento del salario medio neto de convenio como establece la Carta Social Europea- muy a pesar de las declaraciones del gobernador del Banco de España que sigue apostando por un ajuste de salarios-, primero porque es de justicia aspirar a que mejore el porcentaje de las rentas de trabajo en la renta nacional, y en segundo lugar porque los salarios perdieron presencia en la etapa anterior donde se produjeron importantes beneficios empresariales. Pero es que, además, los salarios resultan decisivos a la hora de mantener el consumo interno que, no lo olvidemos, resulta fundamental en la reactivación económica de un país.
También debemos recordar que el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios requiere que se generalicen las cláusulas de revisión salarial a pesar de los intentos, que no cesan, de eliminarlas desde instancias empresariales y analistas económicos superados por las actuales circunstancias.
Estos dos principios deben de garantizarse en la próxima renovación del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (ANC) y en la negociación de los convenios colectivos que deben comenzar cuanto antes para eliminar incertidumbres y generar la confianza que todos necesitamos en un escenario aparentemente más favorable por la bajada de la inflación que se está produciendo.
En todo caso, desde el punto de vista de la equidad, la justicia social, y la eficiencia económica, todos debemos trabajar para salir fortalecidos de la crisis. Desde el Gobierno y la oposición, desde los sindicatos y los empresarios; todos debemos trabajar sabiendo que la situación de crisis generará una mayor marginación y pobreza que podemos minimizarla si abordamos los salarios, la protección social, y el empleo pensando en los más desfavorecidos; esta actitud, además, hará soportable la crisis económica y evitará que se convierta en una crisis social de consecuencias imprevisibles.
