Situación que claramente se registra en España, y que no cabe ninguna duda que está detrás del fuerte pesimismo que anida en el ciudadano medio español respecto a las posibilidades de un cambio de la actual dinámica social; y que explica que el futbol –como en los mejores años del franquismo- se haya vuelto a convertir en el refugio de muchas de las desesperanzas y frustraciones de una gran parte de la población, sobre todo masculina.
Se va completando así el ciclo de regresión social y de deterioro del bienestar de una población que está sufriendo, más que nunca, los rigores de la derrota en una lucha sin cuartel promovida por la ideología más conservadora, defensora de los intereses de los representantes y beneficiarios de las grandes corporaciones financiero-especulativas y oligopolísticas, lo que tradicionalmente se ha llamado “el capital”, ahora centrado fundamentalmente en una economía especulativa global que ha ido desplazando de forma creciente, como mecanismo de acumulación, a la economía productiva tradicional. Ejemplos paradigmáticos de esta lucha sin cuartel son: el “tea party” en EEUU, en defensa de los intereses de las grandes corporaciones y, en particular de las sociedades ligadas a la sanidad, contra el “medical care” y contra el pequeño avance que ha significado Obama hacia una sociedad del bienestar en un país que se supone el más rico del mundo, aunque no, desde luego, el que presenta mejores indicadores de desarrollo humano, de bienestar social o de sostenibilidad ambiental. O, como segundo ejemplo paradigmático, la gobernante derecha conservadora europea, desarticulando la sociedad del bienestar para solventar los problemas de los estallidos de las burbujas especulativas que el sistema financiero-especulativo periódicamente genera, y asegurarle nuevos procesos de acumulación y beneficios. En uno y otro caso se trata de volver a poner las cosas en su sitio, con una alta burguesía, detentadora del poder real y del dinero, que asegura sus beneficios, y una mayoría de la población que se ve obligada a aceptar unas condiciones de trabajo propias de principios del siglo XX, y cíclicas devaluaciones de sueldos y salarios por la vía expeditiva de que la alternativa es el paro generalizado. Situación que está dejando sin esperanza y sin otra solución que la emigración a muchos de los jóvenes procedentes de las clases medias, que no hace más allá de cinco años se suponía tenían un buen futuro asegurado.
Pero no son los discursos, sino el análisis de “qué se está haciendo” y “qué consecuencias está teniendo” lo que nos permite comprender el “por qué se hace” (objetivos reales) y, sobre todo, “para quién se hace” (beneficiados y perjudicados por la actuación).
Desde el inicio de la crisis se está produciendo, de forma continua, un progresivo deterioro de la situación de la población española, que se ha agravado muy significativamente con las políticas conservadoras, defensoras de los intereses antes señalados, del Gobierno del partido popular español. Los últimos datos disponibles del INE y del informe de Cáritas –VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social. 2013- muestran claramente los efectos de esas políticas en un marco en el que España entró en recesión en el cuarto trimestre de 2011, y ha continuado en esta situación a lo largo de 2012 y en el primer semestre de 2013, previéndose que la demanda interna constituirá una rémora para el crecimiento hasta 2015, como mínimo. Y, lo cierto es que la renta per cápita española ha ido distanciándose de la media de la Eurozona, según Eurostat, pasando de representar el 81,6% de la media de la Eurozona, en 2011, al 79,6%, en 2012, perdiendo posiciones respecto a 19 de los 27 países de la UE; el gasto medio por hogar, en 2012, se ha reducido en un 3,4%; y en 2012 la población española, por primera vez desde la Guerra Civil, se ha reducido en 113.902 personas, por la salida neta del país de 162.390 personas, de los cuales 27.344 eran españoles. Pero el aspecto más relevante que permite comprender los objetivos de estas políticas conservadoras, que no pueden valorarse como particularmente positivas a la luz de los datos anteriores, es el considerar a quién benefician y a quién perjudican. Y, en ese sentido, está claro que se está produciendo una creciente transferencia de renta de los trabajadores a los empresarios y rentistas del capital, que se ha ido incrementando por los resultados de las políticas que se han ido aprobando por el Gobierno del partido popular, y que ya significan un mayor porcentaje que los sueldos y salarios en el total de la economía española, según la contabilidad española del INE, y que complementariamente han conducido:
Al record en el incremento del desempleo (de 5,00 millones a 31 de diciembre de 2011, a 5,98 millones a 1 de julio de 2013, con un incremento del 20% en el número de desempleados); acompañado de una reducción de 1,3 millones en el total de ocupados (16,8 millones a 1 de julio de 2013, frente a 18,1 millones a 31 de diciembre de 2011) lo que representa un 7,2% de reducción en los 18 meses de gobierno del partido popular; y a la reducción del total de activos: de 23,1 millones a 31 de diciembre de 2011 a 22,8 millones en julio de 2013, con un descenso del 2% en el período. Pero, lo peor es que 3,5 millones de personas llevan más de un año en el paro y del orden de dos millones más de dos años.
A una disminución de la renta familiar disponible, como hacía muchas décadas que no se conocía. Los ingresos medios anuales de los hogares españoles han disminuido en 2012 un 1,9%, respecto a 2011, situándose a niveles semejantes a los de 2006.
Al incremento de las desigualdades sociales. El último informe de Credit Suisse señala que en el último año se han incrementado en un 13% el número de millonarios en España por el incremento del valor de las acciones y de los rendimientos financieros, mientras que el desempleo y la reducción de las rentas medias incrementaban muy sustancialmente las personas en pobreza extrema. La desigualdad en España alcanza el valor más elevado de toda la UE, con el 20% de la población más rica concentrando del orden de 7,5 veces más riqueza que el 20% más pobre.
Al incremento de los niveles de pobreza. Según el INE el 21% de la población residente en España está por debajo del umbral de pobreza, lo que significa una mejora respecto a 2011, pero por la caída de la mediana de la renta que sirve de referencia y la emigración de extranjeros en niveles de pobreza en 2011. Según Cáritas, 12 millones de personas en España, del orden del 27% de la población, viven en situación de pobreza y exclusión social y, de ellos, tres millones sufren pobreza extrema, con unos ingresos inferiores a 307 €/mes, creciendo el número de personas (con particular incidencia en mujeres y en familias sin nadie empleado) en riesgo de quedar totalmente desprotegidas y excluidas. En 2012 el porcentaje de personas atendidas en lugares de acogida de Cáritas se incrementó en un 28%, superando los 1,3 millones de personas.
El resultado es que en los niveles de bienestar social estamos retrocediendo a situaciones similares a las de hace cincuenta años, con una recesión también de las rentas medias y medias-altas, y un debilitamiento del acceso a los servicios públicos soportes de la sociedad del bienestar, que difícilmente se van a poder recuperar en la próxima década, salvo que cambien radicalmente las políticas de intervención pública.
Porque este empeoramiento de las condiciones de vida y del bienestar asociados a los altos niveles de paro, a la disminución de las afiliaciones a la seguridad social y a la caída de la población activa previstos, junto a la reducción de la renta disponible, de la inversión pública y del consumo, marcan un panorama nada optimista para los próximos años, con una incidencia clara en el empeoramiento de las condiciones de vida de las clases media y media-baja españolas, y con una presión creciente de la población en riesgo de pobreza. Procesos negativos que previsiblemente se mantendrán hasta 2021 si se mantiene inalterable el objetivo del 2,8% de déficit, para 2016, y, posteriormente, el del 0% elegido como objetivo por el Gobierno actual, lo que implica el mantenimiento de políticas de ajuste fiscal y el empeoramiento de la financiación de los servicios públicos. Ajuste fiscal que incidirá, particularmente, en la continuación de muy bajos niveles de formación bruta de capital fijo de las administraciones públicas, con una paralización o retraso de las obras en curso o contratadas, y con una ralentización en la licitación de nuevas obras, continuando el proceso ya registrado en las mismas hasta la actualidad, desde mayo de 2010 hasta los presupuestos previstos para 2014.
Un cínico podría señalar que gracias a la caída del consumo la huella ecológica española y nuestra contribución a la mitigación del cambio climático y del calentamiento global está siendo positiva, y ello pese a las políticas manifiestamente contrarias de este Gobierno con respecto a ambos objetivos. Con lo que en un mundo en el que los Informes de las principales agencias internacionales señalan que, para 2030 se necesitará del orden de un 50% más de alimento y un 43% más de energía, España estaría contribuyendo a paliar la manifiesta insuficiencia del planeta para satisfacer estas demandas y el propio cuestionamiento de los límites ambientales del planeta.
Porque, en particular, una de las crisis más graves asociadas al incremento del consumo de energía derivado de combustibles fósiles, al que España colabora de forma proporcionalmente destacada en el seno de la UE, probablemente venga asociada al calentamiento global derivado de la emisión de gases de efecto invernadero que, una vez superada en este año 2013 las 400 ppm de concentración de CO2 en la atmósfera, nos conduce inevitablemente, a medio plazo, a incrementos de temperaturas superiores a los 2ºC, y a mayores niveles de inestabilidad climática, cuyas consecuencias finales están por contrastar.
Los incrementos de la temperatura media, los procesos de deshielo de glaciares y de las capas polares árticas y antárticas, la elevación del nivel del mar y los cambios en las pautas de lluvias y temperaturas medias de distintas zonas del planeta, son ya hechos científicamente contrastados, como también lo son el incremento de situaciones climáticas catastróficas para muchas zonas del planeta. A este respecto, el último informe presentado por el IPCC “FifthAssessmentReport-AR5” (http://www.ipcc.ch/), en septiembre de 2013, señala con claridad varios hechos científicamente demostrados con una probabilidad superior al 95%, que no podemos tratar con más detalle en este artículo:
Ha quedado demostrado que el proceso de cambio climático es inequívoco y que una de las causas fundamentales del mismo son las actividades humanas que, de no corregirse, llevarán a situaciones de incrementos de temperatura irreversibles en varios siglos.
Se está acelerando el ritmo de crecimiento del nivel del mar. Para el 2100, el intervalo del 95% de probabilidad se sitúa en un crecimiento de entre 26 y 82 cm. Los efectos de los temporales en esta evolución serán progresivamente más catastróficos sobre litorales como el español.
El calentamiento global está demostrado. La temperatura ha aumentado 0,4ºC en los últimos 50 años y probablemente aumentará entre 1,5ºC y 4,8ºC para el 2100. Incrementos por encima de los 2ºC se estima que tendrán consecuencias desastrosas para el planeta y su población; y este incremento en ciertas zonas, entre las que se encuentra España, tendrá una grave afección a la pluviosidad, antes del 2050, con una probabilidad superior al 95%.
España no puede resolver por sí sola el problema del calentamiento global, pero el Gobierno actual, centrado en el mandato de la ideología conservadora de reducción del déficit fiscal, y en la solución de los problemas del sistema financiero-especulativo español, ha dejado de lado cualquier política ambiental y, en particular, su política energética ha olvidado la íntima relación directa de ésta con los problemas estructurales más graves que se plantean a la sociedad del siglo XXI, que sí son objeto de consideración en las políticas y Directivas de la Unión Europea: calentamiento global, cambio climático, cambio socioeconómico, o insostenibilidad del modelo de desarrollo actual. Y también ha olvidado, centrando sus políticas energéticas en la reducción de otro déficit (el de tarifa eléctrica, en este caso) y en llevar a la inviabilidad el desarrollo de las energías renovables, el frágil e inestable panorama político-militar mundial, al que no son ajenos procesos como el de Iraq, Libia, Túnez, Egipto, Siria, Afganistán, y un largo listado de cambios de gobierno o golpes de estado en países africanos, con incidencia directa en el precio y abastecimiento energético de este país, que han llevado a que el avanzar hacia una menor dependencia sea uno de los objetivos básicos de la UE.
Para España, las consecuencias del calentamiento global se estiman como particularmente graves en los capítulos hídricos, de productividad agraria, turístico y de afección al litoral. Y sus consecuencias económicas, incluso en los cálculos más favorables, son anualmente muy superiores a los 26.026 millones de euros totales acumulados a principios de 2013 (unos 30.000 millones en la actualidad) del déficit eléctrico, cuya corrección ha sido el objetivo principal –y casi exclusivo- de las medidas energéticas adoptadas en los últimos años; y también superior a los déficits de las simulaciones para esas fechas del déficit de la seguridad social para las pensiones, que son objeto de tanta preocupación en la actualidad, naturalmente para justificar otra reducción de las condiciones de vida de los más débiles.
El necesario equilibrio en el balance productivista-ambientalista y en la cohesión social se sigue decantando de una manera rápida a favor del productivismo del capital y de sus beneficios, incrementando muy significativamente los riesgos de insostenibilidad ambiental y social para España a medio y largo plazo. No sólo vamos hacia un mayor empobrecimiento, sino que estamos avanzando hacia una mayor insostenibilidad estructural ambiental, desaprovechando las oportunidades que significan las crisis para el cambio de modelo y la renovación de los factores –que existen, y muy potentes en España- de una sociedad más sostenible, cohesionada y productiva.
Como en muchas otras áreas de actividad, el Gobierno actual antepone el interés privado (en el caso energético, de los grandes oligopolios de las cinco multinacionales de UNESA y de las cinco grandes multinacionales del sector petrolífero) al interés general y a la sostenibilidad, en un ámbito en el que los riesgos asociados al calentamiento global exigirían de una forma clara un comportamiento con pautas radicalmente distintas.
En un artículo de esta misma sección de Políticas de la Tierra, de mayo de 2012 (¿Se puede hacer peor?), a la vista de los presupuestos y leyes aprobados o propuestos en aquellas fechas, nos preguntábamos si “pretendía el nuevo Gobierno una caída brutal del paro en 2012 y 2013 para llegar remontando a las próximas elecciones y decir que estaba sacando de la crisis al país.”Cada vez parece más claro que esa ha sido su política y que la mayoría de los españoles estamos pagando sus consecuencias, como era de prever. Pero a cambio, la derecha conservadora está consiguiendo sus objetivos económicos e ideológicos, y el Gobierno mostrando su eficacia en el servicio a los mismos, sin importarle en demasía las consecuencias que se han derivado sobre la mayoría de la clase media y trabajadora, que facilitó su acceso al poder; o sobre el hecho de que la dinámica emprendida sobre asalariados y empleados esté llevando no sólo a su empobrecimiento continuo, sino también a su radicalización hacia los extremos del arco político, perjurando de políticos, sindicatos y representantes sociales, lo que es otra consecuencia normalmente muy beneficiosa para el capital, que ve cómo disminuye la legitimidad y fuerza política para coartar sus privilegios.
Se necesita un cambio que necesariamente ha de venir ligado a una creciente información, educación y concienciación de la población en la defensa de sus intereses comunes, y que venga asociado a una corresponsabilización de la mayoría para forzar a los partidos políticos y a los Gobiernos a realizar un cambio en sus objetivos e intereses, que nos conduzcan a un nuevo modelo social más solidario y garante de una sociedad del bienestar para todos, y no sólo para los que pueden comprar con dinero los servicios y bienes públicos. Un modelo en el que la cooperación y concertación sustituya a la competitividad como objetivo, porque, como demuestra la teoría de los juegos, en cooperación todos ganan, mientras en competición unos ganan a costa de que otros pierdan. Y con el Gobierno actual ya ha quedado claro quiénes son los que pierden.
