Entre los numerosos casos de firmas que presumen de buenos resultados económicos ante sus accionistas, al tiempo que despiden trabajadores y rebajan salarios, está la empresa Coca Cola. De hecho, Coca Cola Iberian Partner (CCIP), como gusta de llamarse cuando ofrece su faceta menos dulce, cuenta en España con siete embotelladoras que en el año 2011 obtuvieron un beneficio conjunto de 323,9 millones de euros, para bajar a 222,7 millones en el año 2012, y dispararse hasta los 863,2 millones de euros durante el ejercicio de 2013.

Al parecer, la matriz directiva de Coca Cola en Atlanta, con la complicidad de sus jefes en España, han decidido que no les basta con tales beneficios, y que entre este año 2014 y el año 2020 tienen que aumentar sus ganancias en un 50% más. Para ello no han pensado en nuevos productos o en innovar servicios. No. Han pensado que lo más fácil es echar a buena parte de los mismos trabajadores que les han permitido hacerse ricos hasta ahora, y rebajar sustancialmente los salarios del resto. Directivos aparte, claro está.

El ERE de Coca Cola pretende cerrar las factorías de Fuenlabrada (Madrid), Alicante, Oviedo y Palma, dejando en la calle a 1.253 empleos directos y cerca de 5.000 indirectos. Y no lo hacen por supervivencia, porque la empresa sobrevive muy bien. Y no lo hacen por eficiencia, porque sus fábricas son las más productivas de Europa, e incluso sirven para ilustrar en los programas de televisión los planes de formación profesional de algunos gobiernos autonómicos, como el madrileño. No. Lo hacen por pura codicia. Por puro afán de acumular más, y más, y más, sin importarles las consecuencias dramáticas sobre la vida de miles de criaturas.

Las empresas son instituciones de nuestra sociedad, que se benefician del espacio común que construimos día a día para mantener las libertades, para la buena marcha de la economía, para el buen funcionamiento de las infraestructuras… Los Parlamentos tienen una responsabilidad compartida, como la tienen los partidos, y los sindicatos, y las entidades vecinales, y las asociaciones culturales. Y también las empresas. Y cuando las empresas no cumplen con su responsabilidad para con el conjunto de la sociedad, la sociedad tiene el derecho de defenderse. Con la ley, con la acción de las administraciones, con el trabajo de los representantes políticos, con la movilización de los trabajadores, y con la reacción de la propia sociedad civil.

Coca Cola, como las demás empresas que participan del mercado, depende de una buena reputación para alcanzar sus objetivos. Esta marca en particular ha dedicado mucho esfuerzo y dinero en publicidad para generarse una imagen de simpatía, dinamismo e ilusión. Pues bien, la sociedad española debe procurarse mecanismos para que cada empresa obtenga la reputación y la fama que merece por el ejercicio de su responsabilidad social, más allá de los millones que cada cual invierta en publicidad. Y si una empresa no cumple con esa responsabilidad, desentendiéndose de la suerte de sus trabajadores, ocasionando graves sufrimientos a miles de familias y contribuyendo a la pobreza y la exclusión social, los ciudadanos y los consumidores deben saberlo. Para que cada ciudadano y cada consumidor actúe como le dicte su conciencia.

Porque además de codiciosos, esos directivos que firman EREs y acumulan pluses, resultan poco inteligentes. Cuando todas las empresas españolas hagan lo que quiere hacer Coca Cola ¿quién va a poder permitirse comprar un refresco a sus hijos?