El Gobierno está actuando como si la economía española estuviera de hecho intervenida (resulta patético el miedo escénico y la imagen que transmite Rajoy). En este sentido ha cometido varios errores: anteponer la reforma laboral a la presentación de los PGE (presentados con retraso por motivos claramente electoralistas); pretender imponer a la UE un ajuste más suave del déficit pactado para el año 2012, que se ha saldado con un verdadero fiasco para el Gobierno; apostar por el déficit sin ninguna medida de reactivación económica; ralentizar la reforma del sistema financiero (sin la reforma del sistema financiero no fluirá el crédito y no será posible recuperar la confianza y la credibilidad de los inversores); y olvidar la necesaria reforma fiscal en profundidad para generar más ingresos y, por lo tanto, corregir el déficit y crear empleo.

A la fuerte contestación que ha sufrido la regresiva reforma laboral hay que añadir la descalificación que están sufriendo los PGE, que van a significar una mayor recesión económica (-1,7% del PIB), el aumento del paro y una mayor regresión social (aumento de las desigualdades y de la pobreza). Dichos presupuestos recortan la inversión pública y la investigación, congelan las retribuciones de los empleados y del empleo público, reducen el gasto en políticas activas de empleo, recortan los servicios sociales y la atención a la dependencia, además de subir el precio de la energía eléctrica y del butano. Por otra parte, en el capítulo de los ingresos se contempla una amnistía fiscal (las diputaciones vascas se oponen a su aplicación) que resulta escandalosa y que ha sido rechazada por los sindicatos y por el conjunto de la oposición- sobre todo cuando no se aborda una reforma fiscal en profundidad- porque en la práctica premia a los defraudadores y renuncia a la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida (se recorta un 5% el presupuesto de la Agencia Tributaria o, lo que es lo mismo, de la Inspección Fiscal), lo que convierte a los PGE en ineficaces para reactivar la economía y por lo tanto para resolver el problema del déficit y de la deuda pública (que se situará al finalizar el ejercicio en el 79,8% del PIB, el nivel más alto en democracia) y, desde luego, para reducir el desempleo. La situación empeorará si tenemos en cuenta que en el año 2013 el déficit comprometido debe situarse en el 3% del PIB (5,3% para este año), lo que a estas alturas parece difícil que se cumpla, sobre todo cuando estamos sumidos en una profunda recesión que no corregirá el déficit pero, en cambio, deprimirá el consumo y aumentará considerablemente el desempleo.

En los PGE destacan sobre todo algunos capítulos que van a afectar muy negativamente a la actividad económica, a la creación de empleo y a los servicios públicos y sociales: los recortes a la inversión pública y a la investigación; los recortes en las políticas activas de empleo; en las prestaciones por desempleo y en la dependencia; en los servicios públicos (enseñanza y sanidad); y la negativa a abordar seriamente la reforma fiscal y la lucha contra la economía sumergida.

Los recortes en la inversión y en la investigación (que reducirán seriamente el crecimiento) confirman el enfoque del Gobierno dedicado exclusivamente a corregir el déficit, al margen de la actividad productiva y de la creación de empleo, y confirman también la ausencia de medidas encaminadas a un cambio de modelo productivo. Con esta política estamos condenados a competir con productos de escaso valor añadido, bajos salarios y escasa protección social; por lo tanto, sin ninguna perspectiva de futuro en un marco globalizado. Y, sin embargo, España necesita -como defiende UGT- todo lo contrario: recuperar inversiones públicas y privadas en educación, investigación e innovación; tecnologías de la comunicación; medidas relacionadas con el medio ambiente; ahorro y eficiencia energética; políticas tecnológicas coherentes y avanzadas; y, en general, una mejora generalizada de la calidad de nuestros productos y, por lo tanto, un modelo sostenible basado en incrementos de productividad y en mejores empleos.

En cuanto a los fuertes recortes en políticas activas de empleo (1.557 millones de euros) resulta incomprensible que se produzcan cuando la prioridad es corregir el creciente desempleo que nos sitúa a la cabeza de los países de la UE. Resulta evidente que el Gobierno ha renunciado a reformar las oficinas públicas de empleo, fomentar la formación profesional y estimular la contratación desde los poderes públicos. El Gobierno fía su política de empleo a la buena voluntad de los empresarios (cuando han respondido a la crisis con despidos), a los “emprendedores” y a la emigración económica de los jóvenes más preparados y con estudios universitarios y, por supuesto, a las agencias privadas de colocación, como se contempla en la reciente reforma laboral. Nada se dice de nuevas actividades productivas y de nuevos yacimientos de empleo (por ejemplo: actividades relacionadas con la economía verde y con la economía social, ligada a la dependencia y a la enseñanza infantil de 0 a 3 años) que tomen el relevo al sector de la construcción.

Por otra parte, el recorte de las prestaciones por desempleo no nos anuncia nada bueno y, por lo tanto, resulta previsible algún tipo de recorte o de medidas que hagan más difícil el acceso a la prestación por desempleo, más allá de las medidas encaminadas a combatir las irregularidades en el cobro de dicha prestación. Lo mismo podemos manifestar de los recortes a las personas dependientes (las más débiles), que además significa renunciar a la creación de 200.000 nuevos empleos y a los correspondientes retornos fiscales y a la seguridad social que se producen, como viene reiterando CCOO.

En cuanto a los servicios públicos, la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y de los Servicios Públicos considera que el Gobierno está aprovechando la coyuntura de crisis para imponer su modelo social que no es otro que el basado en privatizar los servicios públicos y aumentar los conciertos privados, así como en cerrar (privatizar) las empresas públicas. El argumento utilizado (ahorro) no se corresponde con la realidad; la mayoría de los casos ocurre todo lo contrario, sin tener en cuenta lo que representa la pérdida de multitud de puestos de trabajo públicos estables sustituidos por empleos temporales y con bajos salarios. En este sentido, el Gobierno acaba de anunciar por sorpresa un paquete de medidas que significará nuevos recortes en la enseñanza y en la sanidad (copago) -por un importe nada menos que de 10.000 millones de euros- que será llevado a cabo por las CCAA y significa que los servicios públicos considerados básicos y fundamentales se verán seriamente perjudicados.

Finalmente, el Gobierno renuncia a abordar una profunda reforma fiscal (la presión fiscal en nuestro país se sitúa en siete puntos por debajo de la media de la zona euro) que incida en los ingresos -no sólo en los gastos- y reparta más equitativamente el costo de la crisis a través de nuevos impuestos que penalicen a los que más tienen (el PP se ha opuesto a crear un impuesto a las grandes fortunas) y confirma que está gobernando pendiente de su ideología y, por lo tanto, haciendo importantes concesiones a los que más tienen: empresarios (reforma laboral), grandes bancos (supresión y reparto de las cajas de ahorro) y la Iglesia (aborto y educación de la ciudadanía).

Ante semejante situación, los sindicatos -coincidiendo con la oposición política- vienen reclamando la apertura de negociaciones para modificar la reforma laboral y modificar la política económica del gobierno (PGE) con el propósito de generar empleo y, en este sentido, han remitido hace unos días una nueva carta al Presidente del Gobierno solicitando la apertura de negociaciones. Ante esta petición razonable, Rajoy ha contestado negativamente a la carta remitiendo a los sindicatos a la ministra de empleo; lo que quiere decir que seguirá aplicando el rodillo de la mayoría absoluta, para llevar a cabo una política económica (recortes) de marcado carácter ideológico y, por lo tanto, al margen del diálogo social. Sin embargo, a pesar de esta decisión, debemos insistir en que el sentido común reclama buscar acuerdos (como demanda una buena parte de la ciudadanía y lo exige la crisis económica y social) para generar la confianza y la credibilidad que Rajoy no ha conseguido transmitir en sus cien días de Gobierno.

Efectivamente, Rajoy debe consensuar con los sindicatos y con la oposición política las prioridades y las alternativas económicas y sociales para salir de la crisis (y defenderlas, en todo caso, en la UE) en relación con el recorte del gasto y con el capítulo de ingresos (patrimonio, SICAV, nuevas tasas: impuestos verdes, transacciones financieras…), así como con la financiación de las CCAA y el saneamiento del sector financiero (muy afectado por alta morosidad derivada del ladrillo), que resulta muy preocupante para los inversores y condiciona el crédito a familias y empresas; todo ello con el propósito de reducir el déficit, reactivar la economía, crear empleo y aumentar la cohesión social.

Resulta evidente que el Pacto de Estabilidad de la UE resulta soportable para Alemania y Francia pero no para España, que soporta unas cifras de desempleo que duplican la media europea y se encaminan hacia los seis millones de parados, según las previsiones del Gobierno. Se ha demostrado, además, que la mayoría absoluta, por sí sola, no resulta suficiente para convencer a los mercados (capitalismo financiero internacional); lo mismo pasa con una política basada exclusivamente en la austeridad y en los recortes: sólo está consiguiendo reducir el consumo, así como aumentar el déficit, la deuda y el desempleo. Estas son razones poderosas para buscar acuerdos y defender en la UE otra política más acorde con nuestra realidad social, pendiente todos los días de la prima de riesgo al tener que soportar el ataque de los especuladores por la ausencia de una política común: la deuda debe ser de la UE (eurobonos y compra de deuda por el Banco Central Europeo) y no debe ser soportada en solitario por cada uno de los miembros de la UE, indefensos ante la voracidad de los especuladores.

De no hacerlo así, la democracia quedará supeditada a los mercados y los resultados económicos y sociales serán nefastos… también para Rajoy y su mayoría absoluta, sobre todo si sigue empeñado en contentar a los acreedores reduciendo el déficit a cualquier precio y no a secundar las demandas razonables de los ciudadanos.