La definitiva constitución de los Ayuntamientos y CCAA ha confirmado el fortalecimiento del poder institucional de la izquierda en nuestro país. Particularmente se ha reforzado el PSOE, a pesar de perder muchos votos, en base a dos puntos fundamentales: desalojar al PP del poder institucional y buscar acuerdos razonables y posibles de investidura desde la izquierda (no se ha producido, ni se producirán, salvo excepciones, pactos estables para gobernar mientras no se celebren las elecciones generales). Una vez superado este trámite se ha abierto la precampaña electoral con la presentación de candidatos de los diversos partidos políticos. Por el momento, la presentación de mayor repercusión mediática -una vez superado sin oposición el trámite de las primarias– se ha producido en torno al candidato del PSOE, por el amplio y controvertido debate abierto que se ha producido en torno a la evidente sobreactuación de Pedro Sánchez (Secretario General y candidato del PSOE), en la utilización de la enseña nacional (en épocas pasadas se criticó al PP por hacer prácticamente lo mismo), así como por toda la parafernalia que ha rodeado a dicha presentación, más propia de los partidos políticos anglosajones de la otra orilla del Atlántico. Para no pocos militantes veteranos, quedan atrás el yunque, la pluma y el libro, el puño y la rosa, la bandera roja e, incluso, hay algunos que dudan de que el PSOE vaya a defender con valentía y decisión las políticas socialdemócratas (el ejemplo del PS francés en la actualidad es muy significativo).

Al margen de esta estéril polémica, la pretensión de estas controvertidas medidas ha sido dejar clarificados dos asuntos importantes: el PSOE no es un partido radical (cosa que casi nadie duda en estos momentos, a pesar de las impresentables manifestaciones de Rajoy identificando al PSOE con Podemos y Grecia) y tampoco un partido sospechoso de romper el Estado (viene defendiendo, prácticamente desde su fundación, el federalismo como modelo territorial idóneo para nuestro país). El inconveniente de estas decisiones es que, aparentemente, pretenden bascular hacia el centro y por lo tanto dejan un espacio político sin cubrir a su izquierda, lo que puede ser aprovechado por Podemos que se desenvuelve con mucha comodidad y soltura en el espacio del centro izquierda. A pesar de ello están abiertas todas las posibilidades para que el PSOE pueda recuperar el poder gubernamental, siempre y cuando gane las elecciones o quede en segundo lugar a escasa diferencia del ganador de las elecciones (posiblemente, en este supuesto, el PP). Si el PSOE queda a gran distancia del PP, o es el tercer partido en votos, no tiene ningún sentido político forzar acuerdos difíciles de explicar a la ciudadanía (en este supuesto, se debería responder antes a la siguiente pregunta: ¿gobernar para qué?).

En todo caso, las tareas a desarrollar por el PSOE en los próximos meses deben estar relacionadas con el trabajo orgánico (activar la militancia, abrir las casas del Pueblo y penetrar en el tejido social: redes, mareas, movimientos emergentes y opinión pública), sobre todo en Madrid (el congreso extraordinario convocado es una buena noticia), Cataluña y el País Vasco. De la misma manera debe elaborar y presentar el programa electoral y concretar las ideas fuerza de la campaña con el propósito de responder, sobre todo, al insoportable desempleo y precariedad de nuestro mercado de trabajo, a la escasa protección social de los más débiles, a la necesaria regeneración democrática y a la inaplazable lucha contra las desigualdades (redistribución de la riqueza) que demandan los ciudadanos.

En relación con el empleo y la precariedad se debe dar una respuesta urgente y comprometida al desempleo estructural y, particularmente, al desempleo juvenil y a los parados de larga duración. Debemos recordar que, según UGT, más de 3,3 millones de personas desempleadas llevan un año buscando empleo y, de ellas, 2,3 millones llevan más de dos años en paro, en un contexto de alta precariedad, escasa calidad del empleo, descenso de las rentas familiares (desde 2009 han descendido un 13%) y una creciente disminución de la prestación por desempleo, que sólo lo perciben el 54,87% de los parados registrados, 20 puntos por debajo de la prestación por desempleo existente en el año 2010. Por lo tanto, las medidas para paliar esta situación -que reivindican los sindicatos- deben ser tenidas en cuenta y asumidas por la izquierda. Concretamente, en protección por desempleo hay que revisar el sistema para recuperar las prestaciones eliminadas durante la crisis por los duros ajustes presupuestarios (por ejemplo, el subsidio para mayores de 45 años) y revisar los criterios existentes en la actualidad que destacan por su rigidez e insuficiencia.

En relación con las políticas activas de empleo (la financiación ha caído un 40% entre 2010 y 2015), la UGT exige emplear, para su mejora, la mitad de los fondos que se recuperen anualmente en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, lo que significaría duplicar los recursos destinados en la actualidad a políticas activas y acercarnos al nivel de financiación media en el ámbito europeo. En este mismo sentido hay que dotar de medios económicos, técnicos y humanos a los Servicios Públicos Estatales de Empleo (sólo intermedian en torno al 3% de las colocaciones), con el fin de atender a las necesidades específicas de los parados de larga duración y formar a las personas desempleadas en función de la realidad de nuestro mercado de trabajo.

Po último, en esta materia hay que explorar los nuevos yacimientos de empleo (educación infantil de 0-3 años, dependencia, empleos verdes, rehabilitación integral de edificios…) y revisar totalmente el actual sistema de bonificaciones públicas a las empresas por la contratación -que ha fracasado estrepitosamente-, al fomentar más el empleo a tiempo parcial que el empleo indefinido y de calidad, además de deteriorar fuertemente la financiación de la Seguridad Social (Fondo de Reserva) y también de los Servicios Públicos de Empleo, sin obtener resultados tangibles que lo justifiquen.

En segundo lugar, y en cuanto a la protección social, el PSOE debe responder con solvencia a las necesidades que tiene nuestro país en materia de dependencia de nuestros mayores, ayudas a las familias en dificultades, prestación a los desempleados sin protección (ingreso mínimo) y recuperar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. Paradójicamente, en los últimos días se han hecho declaraciones alarmantes (de marcado carácter ideológico) y, desde luego, al margen de la realidad social, por el gobernador del Banco de España (no ha tenido una respuesta contundente desde la izquierda) sobre la insuficiencia de las pensiones futuras. Con estas declaraciones se pretende animar a los jóvenes a que abran un fondo complementario de pensiones, cuando la gran mayoría no lo pueden suscribir porque se encuentran en una situación social lamentable: parados, precarios, con trabajos de escasa remuneración… Estas declaraciones también pretenden preparar a la ciudadanía para una nueva reducción de las pensiones, que ya vienen perdiendo poder adquisitivo, a pesar de las manifestaciones triunfalistas del presidente Rajoy. Efectivamente, el Servicio Nacional de la Salud (SNS) ha gastado en medicamentos en el año 2013 la suma de 9.183,2 millones de euros. El gasto de los pensionistas representa el 80% del total aproximadamente, lo que supone un gasto de 7.343,9 millones de euros. El copago de los pensionistas a la financiación de esos medicamentos ha ascendido a 583 millones de euros en el año 2013 (datos del Ministerio de Sanidad recogidos por Fidel Ferreras). Por otra parte, la ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revaloración del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social ha revalorizado las pensiones un 0,25%, a partir del 1 de enero de 2014. Si tenemos en cuenta que cada décima de revalorización significa un gasto de 100 millones de euros al año, llegaremos a la conclusión de que la revalorización ha costado en el año 2014, 250 millones de euros. A todo ello hay que añadir que a partir del año 2012 se excluyeron de la financiación pública gran parte de los medicamentos que antes se recetaban a los asegurados al Sistema. El resultado es que los pensionistas tuvieron que pagar por los medicamentos sacados de la financiación pública, 380 millones de euros, a los que hay que sumar los 583 millones del copago, que hacen un total de 963 millones de euros, que es lo que pagaron finalmente los pensionistas en el año 2013. Dicho de otra manera: si extrapolamos estas cifras al año 2014, los pensionistas han perdido en torno a 750 millones de euros (0,75%), dejando en evidencia a la propaganda del Gobierno, al margen de lo que pueden seguir perdiendo por el aumento de los precios en el futuro.

En tercer lugar el PSOE debe comprometerse a desarrollar una profunda regeneración democrática que evite los ERE y el tremendo grado de corrupción que se ha producido en torno a la financiación del Partido Popular (caja B) y de muchos de sus dirigentes. Por último, debe abanderar decididamente la lucha contra las desigualdades, la pobreza y la exclusión social, utilizando para ello los principales instrumentos redistributivos a su alcance: la política fiscal, la Seguridad Social y los servicios públicos (educación y salud principalmente), a los que se debe blindar de las apetencias de privatización de la política de rapiña de la derecha económica.

En resumen, con estas propuestas básicas se pueden ganar unas elecciones generales, porque comprometen y movilizan mucho más a la izquierda sociológica y a los jóvenes, sin necesidad de recurrir a las políticas de centro -siempre equidistantes y acomodaticias-, que nunca crean ilusión en el electorado. Sólo falta un partido que las defienda con entusiasmo y las explique a todos los niveles de nuestro tejido social, a partir de una actitud democrática y participativa presidida por la ética política: no se puede decir hoy una cosa y mañana todo lo contrario como viene ocurriendo en nuestro país desde hace unos cuantos años. Y, además, son las políticas más apropiadas para responder a la crisis y a la fuerte ofensiva neoliberal que se está produciendo en la actualidad (batalla ideológica) y, desde luego, las más eficaces para defender a los más desfavorecidos por la crisis; precisamente a los que se debe dirigir una política de izquierdas que, evidentemente, debe ser claramente diferente de las rancias recetas ya fracasadas que nos ofrece el neoliberalismo. Todo ello requiere una fuerte convicción a la hora de defender las ideas del socialismo democrático y el llamado Estado de Bienestar Social. No debemos olvidar que, desde el centro político, nunca se ha fomentado la conciencia social ni se han defendido políticas progresistas…