Existe entre el profesorado, los padres y el alumnado de los centros públicos, el temor fundado de que el PP, mediante la aplicación de políticas a favor de los centros privados, trate de de implantar un modelo en el que la enseñanza pública termine siendo residual.
La comunidad educativa, al igual que la ciudadanía progresista y liberal de nuestro país, no puede aceptar un modelo educativo que, como el que propone el PP, nos devuelva al modelo franquista de una escuela pública disminuida y una escuela privada todopoderosa en manos de empresarios que buscan el lucro en la enseñanza o de instituciones religiosas que persiguen el adoctrinamiento de los alumnos. No puede aceptar un modelo de escuela jerarquizada según el origen, la clase social y capacidad económica de las familias, una escuela que separe a los alumnos según sus creencias religiosas o su falta de ellas e incluso por su género.
Las movilizaciones actuales de los profesores y padres de alumnos no son sólo la respuesta a ese malestar, ni son meramente reivindicaciones de tipo laboral, responden sobre todo a la defensa de una Escuela Pública de calidad que garantice los principios recogidos en nuestra Constitución: la libertad de pensamiento y de conciencia, el acercamiento al conocimiento objetivo y la práctica de la convivencia ciudadana. La defensa de una Escuela Pública que sea el eje de la cohesión de la ciudadanía y garantice la igualdad de oportunidades de todos sus miembros. La Escuela Pública es patrimonio de toda la ciudadanía y por tanto compete a los responsables políticos la responsabilidad de velar por su buen funcionamiento y por el logro de sus fines. Es lo que se está reivindicando.
