Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. Debatamos sobre la cuestión sin diatribas ni maniqueísmos. Yo pido que no se me tache de fascista a sueldo de la SGAE y las multinacionales de Hollywood por defender el respeto a la propiedad intelectual. Y a cambio renuncio a calificar de culturicidas irresponsables y esbirros de las multinacionales tecnológicas a quienes proponen la circulación libre y gratuita de los contenidos culturales en la red.

Ahora planteemos el problema con seriedad y con ánimo de encontrar soluciones satisfactorias para todos. Se trata de conciliar dos derechos, el derecho del creador y del productor cultural a recibir una contraprestación por su obra, y el derecho del usuario de Internet a acceder a los contenidos culturales sin trabas abusivas. Y se trata de hacer compatible el desarrollo de dos industrias, la industria de los operadores tecnológicos y la industria de los contenidos culturales, sin que ninguna de ellas deba sacrificarse en beneficio de la otra.

La estrategia del Ministerio de Cultura no estaba mal planteada. Buscaba por una parte promover la actualización del negocio cultural. Hablamos del 4% del PIB y de más de 700.000 empleos. Pero nadie puede esperar razonablemente que en plena era digital este negocio siga basándose en la venta de soportes físicos para la música, el cine o la novela.

Los ciudadanos acceden a la cultura cada vez más mayoritariamente a través de la red y reclaman un servicio eficiente, rápido y barato. Los creadores, los productores y los distribuidores de productos y servicios culturales deben ponerse las pilas para atender las nuevas demandas de la ciudadanía. No puede redactarse ley alguna para proteger a una industria de su propia ineficiencia. Y en eso estamos, el Gobierno y las gentes de la cultura.

Pero la estrategia de la Administración ha de contar con otras herramientas también. Es absolutamente preciso proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor en la red. No hay industria que se sostenga con un acceso libre y gratuito a sus productos. Porque, reconozcámoslo, la ley que protege estos derechos no se cumple. Y no hay manera de estimular la compra de música, cine o literatura a través de cauces legales en la red, por muy baratos que sean los precios, si las webs piratas ofrecen estos mismos artículos sin gasto alguno.

A diferencia de otras legislaciones en vigor en Francia, Reino Unido o Estados Unidos, la llamada Ley Sinde no actuaba contra los usuarios de la red que se descargaban ilegalmente productos protegidos por derechos de autor. La Ley proponía que una comisión independiente, respaldada con diligencia por la Justicia, actuara tan solo contra esas plataformas que se lucran cada día distribuyendo productos que no son de su propiedad.

Algunos argumentos esgrimidos contra la norma tienen su lógica y deben ser atendidos, como aquellos que reclaman más garantía de independencia en esta comisión o más tiempo y recursos para la actuación judicial. Otros no son sostenibles, como aquellos que abanderan el gratis total en la red, los que reclaman la abolición tan solo de la propiedad intelectual o los que sostienen que la industria cultural debe renunciar a sus beneficios a favor del desarrollo de la industria tecnológica.

Queda el trámite del Senado. Resistamos la tentación del reproche mutuo y del electoralismo fácil. Retomemos el debate desde la tolerancia y la racionalidad. Hay un problema por resolver que nos afecta a todos.