Por otra parte, el pasado día 24 del mes de abril se ha cumplido el primer aniversario de la catástrofe ocurrida en un edificio de ocho plantas que albergaba cinco fábricas textiles y un supermercado en los bajos del edificio, en las afueras de Dacca, capital de Bangladesh, que causó la muerte de 1.138 trabajadores, 2.500 heridos y la pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo. Las empresas trabajaban principalmente para la exportación a grandes empresas multinacionales (entre ellas algunas conocidas en nuestro país: Inditex, El Corte Inglés, Mango, Benetton…), en unas condiciones pésimas de trabajo, sin presencia sindical, sin normas de seguridad laboral, empleando trabajo infantil y con salarios por debajo de los 50 euros al mes, en el mejor de los casos.

Además, el pasado día 28 del mes abril se ha celebrado, como todos los años, el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se ha recordado el drama que representan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y se ha reivindicado en concreto hacer visible lo invisible para que la sociedad conozca el grave problema que representa la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales que, todo hay que decirlo, pasan desapercibidas para los medios de comunicación de masas.

Según la OIT, cada año se producen más de 2,3 millones de muertes en los lugares de trabajo; es decir, 6.500 trabajadores mueren al día en el mundo por causas derivadas de los accidentes de trabajo. En la Unión Europea, a pesar de los avances producidos, todavía mueren cada año más de 6.000 personas como consecuencia de los accidentes de trabajo, según datos suministrados por Eurostat. En España, en el año 2013, fallecieron 540 trabajadores por accidentes laborales (432 en sus lugares de trabajo y 108 initinere); además, cada día, 11 trabajadores tuvieron un accidente grave, 1.246 un accidente leve y 46 trabajadores desarrollaron una enfermedad profesional por el simple hecho de acudir a su puesto de trabajo. Este grave problema también repercute negativamente en términos económicos: el abandono de la prevención de riesgos laborales supone un 4% del PIB mundial, que es 20 veces superior a toda la ayuda oficial que reciben los países en vías de desarrollo. En la Unión Europea alcanza los 490.000 millones de euros y en España en torno a 40.000 millones, a pesar de que por cada euro invertido hay un beneficio de 2,2 euros, según la Asociación Internacional de la Seguridad Social.

Estos datos demuestran que todavía persisten en el mundo formas inhumanas de trabajo: esclavismo, trabajo infantil, sobreexplotación de mujeres, jóvenes e inmigrantes, que hieren la dignidad humana y representan una vergüenza para la humanidad, sobre todo cuando se producen en busca de la obtención de beneficios para unos pocos a costa de la sobreexplotación del factor trabajo, lo que produce sufrimiento y, lo que es inadmisible, la muerte o la enfermedad de muchas personas. En nuestro país, a pesar de que se ha avanzado desde la promulgación de la ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y de que las estadísticas indican un descenso de los accidentes de trabajo, en el año 2013 la tendencia descendente se ha roto, incrementándose el índice de incidencia total un 2,6%, con el agravante de que se produce en un contexto de baja ocupación, debido al estancamiento de la economía.

Según la secretaría de salud laboral de UGT, las políticas de austeridad, los recortes, la precariedad, la pérdida de los derechos laborales y sociales y el actual modelo productivo tienen mucho que ver con este repunte de los accidentes de trabajo. La reforma laboral está permitiendo la modificación de la organización del trabajo (ahora exclusivamente en manos de los empresarios), el empeoramiento de las condiciones de trabajo, la intensificación de los ritmos de trabajo, el trabajo a turnos, el trabajo a tiempo parcial no deseado, la externalización (subcontratación), el alargamiento de jornada, los falsos autónomos, la abusiva movilidad geográfica y funcional, el despido rápido y barato, el desplome de los salarios, así como la inseguridad laboral y el miedo generalizado a perder el puesto de trabajo. Por su parte, las Administraciones Públicas están recortando los presupuestos dedicados a la seguridad y salud en el trabajo y las empresas están paralizando las actividades preventivas al considerarlas como un costo y no como una inversión: se están dejando de realizar evaluaciones de riesgo, se suprime la vigilancia de la salud y se reduce considerablemente la información y la formación de los trabajadores en materias relacionadas con la seguridad en el trabajo.

Al amparo de la crisis, la precariedad de nuestro mercado de trabajo está afectando muy gravemente a la seguridad en el trabajo: dos tercios de los accidentes que se producen en España lo sufren trabajadores con contratos temporales. Hoy, prácticamente, toda la contratación es precaria y muy poco sindicalizada. Según Imanol Zubero (UPV/ EHU), lo es, al menos, para las nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores -mujeres, jóvenes e inmigrantes, principalmente- incorporados al mercado de trabajo desde los años noventa. En este contexto institucional (…) ha surgido una nueva y paradójica figura obrera, el “precariado”, conglomerado multiforme de trabajadores temporales, empleados a tiempo parcial, externalizados convertidos en falsos autónomos, temporeros del campo y de los servicios, becarios e interinos, que a pesar de su heterogeneidad comparten una misma existencia de ciudadanía demediada, realizando trabajos inseguros que no les permiten construir ni una identidad, ni una carrera profesional, ni un proyecto de vida (Castel, 2.007, 2009; Standing, 2009, 2011).

No resulta extraño que, según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT), 7 de cada 10 trabajadores perciban problemas de salud relacionados con el trabajo y el 85% de los trabajadores manifiesten tener molestias derivadas de su actividad. De la misma manera, según la Encuesta de la Comisión Europea, la mitad de los trabajadores europeos (53%) consideran que las condiciones de trabajo de su país son buenas y que un 47% son malas. El 57% cree que las condiciones de trabajo se han deteriorado en los últimos cinco años, a pesar de que el 77% manifiestan que están satisfechos con sus condiciones de trabajo, aunque con grandes diferencias en los diversos Estados: más del 80% en Dinamarca, Luxemburgo y Finlandia consideran que son buenas. Sin embargo, ocurre lo contrario en Grecia (16%), Croacia (18%), España (20%), Italia (25%), Bulgaria (31%), Eslovenia, Portugal y Rumania (32%).

Resulta comprensible la preocupación de los sindicatos ante este gravísimo problema. En este sentido han denunciado ante la Comisión Europea la paralización de las políticas en materia de salud y medio ambiente. En concreto denuncian el programa REFIT aprobado el pasado mes de octubre bajo el principio de Regulación Inteligente, Simplificación Legislativa, que no hace más que ocultar una de las mayores agresiones a la seguridad y salud de los trabajadores, además de frenar la nueva legislación en materia de salud laboral: aprobación de la directiva de cancerígenos y de trastornos músculo esqueléticos. De la misma manera denuncian la paralización, hasta el año 2015, en el mejor de los casos, de la Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de aliviar la carga administrativa de las empresas y, en todo caso, reducir el costo de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales.

En España, los sindicatos también han pedido que se retire el anteproyecto de reforma de la ley de Mutuas que pretende que asuman éstas la gestión de nuevas prestaciones de la seguridad social con el subterfugio de aprovechar mejor los recursos públicos disponibles, a pesar de la mala gestión que están realizando en relación con las enfermedades profesionales y su deriva -como enfermedad común de la mayoría de ellas- al Sistema Público de Salud. En la práctica se antepone el interés económico de las empresas al restablecimiento de la salud de los trabajadores -con lo que esto representa para el bolsillo de todos los ciudadanos-, aunque sea a costa de atacar ferozmente a los médicos del Servicio Nacional de la Salud y de poner en entredicho su profesionalidad. De la misma manera, se pone en duda la honradez de los trabajadores a los que se les trata y persigue como a vulgares defraudadores profesionales (criminalizar a las víctimas), olvidando que son sujetos activos en la prevención de los riesgos laborales y los más interesados en que la prevención funcione.

En estos momentos, el aumento de las patologías derivadas de los riesgos psicosociales (depresión y estrés) se perfilan -junto a las enfermedades músculo esqueléticas y los cánceres de origen profesional- como los riesgos laborales más agresivos. Si nos atenemos a un dato tremendamente significativo: en nuestro país el consumo de antidepresivos se ha triplicado en los últimos 10 años y, desde el comienzo de la crisis, su uso se ha incrementado un 10%. También destaca actualmente el aumento del Presentismo (acudir al trabajo enfermo) por temor a perder su puesto de trabajo, lo que incrementará aún más los accidentes y, en concreto, el estrés, la ansiedad, la depresión, las enfermedades cardiovasculares e, inclusive, los suicidios. En todo caso, todos los expertos coinciden en que las enfermedades profesionales son el problema más lacerante de cada al futuro. Por eso los sindicatos, en este año 2014, están haciendo especial hincapié en denunciar la infra declaración de las enfermedades profesionales, que causan 10 veces más muertes que los accidentes de trabajo. Todo esto se ha puesto de manifiesto, incluso en grandes empresas multinacionales, como Samsung y France Telecom, que han reconocido suicidios en los últimos años como consecuencia del estrés derivado de la intensificación desmedida de los ritmos del trabajo y de la brusca reducción de sus plantillas. Los sindicatos recuerdan también que se vienen utilizando en los últimos años materias potencialmente peligrosas sin conocer sus efectos perniciosos a medio y largo plazo, como ocurre con la exposición a las nanopartículas o partículas ultrafinas, las redes WIFI y otras tecnologías inalámbricas (contaminación electromagnética o electropolución), poco conocidas en estos momentos y que se pueden convertir en lesiones profesionales como ocurrió en su día con el polvo de sílice (silicosis), el plomo y el amianto (asbestosis), por sus efectos letales derivados de su manipulación.

Como se puede comprobar, existen razones poderosas para trabajar por la disminución de los accidentes y las enfermedades profesionales, hasta situarlas, cuando menos, en la media europea. Por eso los sindicatos han asumido, con todas las consecuencias, que el cuidado de la salud es una parte fundamental de su acción sindical y una reivindicación obligada para ser introducida en la negociación colectiva de sectores y empresas bajo el principio: la salud no se vende (monetizar la salud) ni se delega; se defiende. Queda pendiente que también lo hagan las Administraciones Públicas (sobre todo la Inspección de Trabajo) y los empresarios, que dejan mucho que desear en el cumplimento de sus obligaciones relacionadas con la salud en el trabajo.