El llamado “caso Guateque” constituye uno de los casos de corrupción más graves de la historia de las instituciones madrileñas. Varios detenidos, decenas de interrogados y varias sedes municipales registradas como consecuencia de una investigación judicial por cohecho en la tramitación de expedientes urbanísticos. Lejos de afrontar su responsabilidad por las corruptelas y las ineficiencias destapadas en un servicio municipal clave, el PP ha optado primero por el clásico ventilador, procurando “cargar el muerto” al PSOE a cuenta de cierto cuñado que pasaba por allí ¡hace veinte años!

La única medida planteada por el PP gobernante en Madrid para combatir el fraude y las esperas desesperantes en el área municipal de urbanismo ha sido, paradójicamente, la privatización del servicio. Solo puede haber dos razones para justificar la propuesta. El PP considera que las oficinas privadas de gestión ofrecen más garantías de limpieza en la tramitación de licencias municipales que el propio gobierno municipal. Y el PP considera también que la gestión de estas empresas privadas será siempre más eficaz que la desarrollada por las concejalías que dirigen la señora Botella y la señora Martínez, ambas igualmente del PP.

Teniendo en cuenta que la participación de varias de las más importantes gestorías privadas de Madrid ha sido al parecer fundamental en el mantenimiento de la trama de corrupción investigada, la primera argumentación resulta muy aventurada. Respecto a la segunda podría haber más acuerdo. Sin embargo, la premisa de que un servicio estará mejor gestionado siempre en manos privadas que en manos públicas es tan simple e interesada como falaz. Y la propia experiencia del Ayuntamiento de Madrid en sus polideportivos, sus centros culturales y los servicios de limpieza de determinados distritos, por poner solo unos pocos ejemplos, es buena prueba de ello.

Algo parecido se ha dado en el “caso Soriano”. El antes director y hoy presidente de Telemadrid, además de protagonizar la etapa con más deuda, menos audiencia y mayor manipulación informativa de la historia de la televisión pública, se ha visto inmerso en un escándalo por acosar presuntamente a su secretaria. Después de utilizar también el consabido ventilador a cuenta ahora de RTVE, el PP ha propuesto, claro está, la privatización del ente. ¿Quién asegura a los madrileños que Telemadrid disfrutaría de una gestión decente en manos de una empresa elegida por los populares? Me temo que nadie. La medida serviría, eso sí, para que los gobernantes madrileños no tuvieran que dar cuentas de la manipulación ante los representantes de los ciudadanos en sede parlamentaria.

Pero quizás el caso más grave, por la especial trascendencia del servicio que presta, hemos de situarlo en el proceso de privatización iniciado en la sanidad pública madrileña. La estrategia es de manual. ¿Se ponen de manifiesto dificultades en el manejo y custodia de las historias clínicas? Se privatiza el servicio. ¿Se destapan supuestos casos de sedación inadecuada en los tratamientos paliativos? Se privatiza el servicio. ¿Se disparan las listas de espera en determinadas pruebas diagnósticas y en ciertas intervenciones quirúrgicas tan simples como rentables económicamente? Se privatiza el servicio. Y ahora, ¿hay dudas sobre cómo dotar a los nuevos hospitales del personal sanitario preciso? Pues se privatiza el servicio. De hecho, el primero de los nuevos hospitales en ser inaugurado, el hospital de Valdemoro, será un hospital gestionado íntegramente por una empresa privada. Eso sí, con financiación pública garantizada. ¿Qué más da si después se comprueba que los historiales se pierden más, que los enfermos terminales sufren más, que las listas de esperan crecen más y que determinadas empresas obtienen indebidamente más a costa de los impuestos?

La estrategia es diáfana. Las consecuencias también: unos cuantos ganan, ganan mucho. Y la mayoría pierde. Pierde la mayoría que espera y merece un servicio adecuado y equitativo para atender sus necesidades básicas. Pierden los que esperan y merecen que sus licencias se tramiten con transparencia y agilidad, sin “mordidas”. Pierden los que esperan y merecen que la televisión que pagan con sus impuestos esté a su servicio y no al servicio de los intereses electorales del partido que gobierna. Y pierden los que esperan y merecen que sus familias sean atendidas en la enfermedad con eficacia y en igualdad, independientemente de los recursos de que dispongan.

Es la hora de defender los servicios públicos. Sin dogmatismos, pero sin complejos.