La regulación supone básicamente adoptar nuevas reglas sobre el tipo de activos bancarios que se consideran de mayor calidad al efecto de contar como capital, y los porcentajes correspondientes. Esta regulación, que deriva básicamente de la regulación internacional conocida como Basilea III, es común para el conjunto de la Unión, y se materializa en una serie de directivas, de obligada transposición por los Estados miembros. Un avance importante desde el punto regulatorio consiste en impedir el rescate de tenedores de deuda bancaria, quienes tendrán que afrontar quitas parciales.

En cambio, la supervisión y la resolución no se extiende a toda la Unión Europea, sino que se limita a la Unión Monetaria. La supervisión supone establecer una autoridad de control de las entidades financieras por encima de las nacionales. Para el caso de la zona del Euro, se acordó que el Banco Central Europeo será el supervisor de los 130 grandes Bancos. Lo que se pierde de vista en este esquema es que el supervisor crea regulación al resolver expedientes de inspección o al dictar circulares a las entidades. Por tanto, a medio plazo va a surgir una diferencia regulatoria entre los Estados participantes de la unión bancaria, y el resto. La parte buena es que todos aquellos países que vayan adoptando la moneda única entrarán de suyo a la unión bancaria.

En cuanto a la resolución, término por el cual hay que entender la liquidación o recapitalización de entidades financieras, también se establece una autoridad europea, denominada Mecanismo Único de Resolución (MUR) y compuesta por representantes de los Estados miembros. El MUR contará con un fondo que se irá nutriendo de aportaciones nacionales hasta alcanzar los 55.000 millones de euros en diez años. Si bien es cierto que el plazo es más largo de lo deseable, y que la composición del consejo del MUR está más escorada hacia los Estados miembros que hacia la Comisión, lo cierto es que a falta del reglamento y el acuerdo intergubernamental que lo regule, todo apunta a que se ha logrado una mutualización importante. Si un Banco español debe recapitalizarse o liquidarse, los gastos correrán a cargo del fondo común europeo del MUR, exceptuando en su caso de liquidación la cobertura de los depósitos de hasta 100.000 euros, que, por lo que parece deberá correr a cargo de los fondos nacionales de garantía, como hasta ahora. Se está preparando, eso sí, una revisión de la actual directiva sobre fondos nacionales de garantía de depósitos para lograr una mayor armonización entre los mismos.

En cualquier caso, lo que resulta poco tranquilizador es que el principal centro financiero de la Unión Europea, la City de Londres, quede exenta de los pilares de supervisión y resolución. La quiebra de una entidad financiera británica es perfectamente capaz de contagiar a un Banco de la zona del Euro, aun cuando el Reino Unido no forme parte de la Unión Monetaria. Por otro lado, no es evidente que este país pudiera oponer un veto al proyecto, de hecho no consta que se intentara siquiera por el resto de socios. La regulación de la Banca, incluyendo la creación de nuevas autoridades europeas de supervisión y resolución, es claramente una competencia comunitaria relativa a la armonización del mercado interior, por lo que la Comisión Europea está facultada para proponer una directiva con base al Tratado de Lisboa. En principio, esta propuesta legislativa no podría ser vetada en el Consejo por un solo Estado miembro, pues no es materia sujeta a la regla de la unanimidad, como sucede con la política fiscal o social.