Ministro y Secretario de Estado de la Energía que, en dos años, han conseguido algo que parece ser la norma en este Gobierno del partido popular: que todos los agentes implicados se pongan en contra y que se judicialicen los procesos derivados de sus acciones. Pero que también como norma de sus acciones, que seamos todos los ciudadanos los que suframos y paguemos las consecuencias de su incompetencia y subordinación a principios ideológicos, cuyos beneficiarios no son precisamente ni el interés general ni el bienestar de los ciudadanos.

El segundo aspecto importante que conviene remarcar de lo que significó la Ley 54/1997 es que vino a sustituir, “para dejar el proceso en manos del mercado”, el denominado Marco Legal Estable (MLE), aprobado en 1987 por un Gobierno socialista, que establecía un nuevo sistema de tarifas basado en la estandarización de los costes de producción y en la introducción de la vida útil de las instalaciones como elemento básico para la amortización de las mismas, cuyo “cambio hacia el mercado” va a tener mucho que ver con los problemas actuales en el sector. Porque aunque con teóricos objetivos liberalizadores, la Ley del partido popular consolidó una regulación oligopólica en el sector eléctrico, con un mercado claramente controlado por los cinco grandes productores/distribuidores integrados en el citado “lobby” UNESA, que pergeñó la ley en defensa de sus objetivos, con éxito indiscutible si se considera la evolución de la cotización bursátil relativa, los dividendos abonados y los precios de transacción de la propiedad de las empresas “privadas”, finalmente controladas en algunos casos (paradojas del destino) por empresas públicas de otros países europeos.

Pero, si la ley base de “regulación liberal del sector eléctrico” era producto de los intereses del oligopolio eléctrico, ¿cómo se ha llegado al enfrentamiento actual con éste? Pues como en muchos de los problemas actuales de este país, el detonante está en el estallido de la burbuja inmobiliaria sufrida en España entre 1998 (incentivada también por otras leyes del mismo Gobierno del partido popular) y 2008, que no sólo ha significado un fuerte proceso de acumulación de beneficios en ciertos promotores y sistema financiero (que, dicho sea de paso, han puesto a buen recaudo en paraísos fiscales) sino que también ha beneficiado a sectores muy directamente ligados con el proceso inmobiliario. Y, entre otros, al sector eléctrico que se veía presionado por crecientes volúmenes de demanda de potencia instalada (cada casa era una instalación eléctrica y una potencia contratada) y por el desarrollo de la propia construcción e industrias asociadas (muebles, instalaciones, etc.) que eran nuevos consumos eléctricos que generaban demandas con tendencias crecientes.

Estas tendencias y demandas permitían un mantenimiento de beneficios sin grandes incrementos en los costes. Estos, en la práctica, venían asociados fundamentalmente al incremento de precios de las importaciones de materias primas (petróleo y gas natural, fundamentalmente). La nueva potencia necesaria se cubría con energías renovables (la eólica ya en 1998 representaba más de 1.000 Mw instalados, y en 2004, todavía con el Gobierno del partido popular, España se había convertido en el tercer país mundial en potencia eólica instalada) y con ciclos combinados de gas natural, que debían cubrir también la demanda punta que la ausencia de viento o de luz solar podían dejar sin cobertura. Pero esta dinámica deja dos problemas para el oligopolio eléctrico: el primero, la entrada de nuevos operadores en el sector, con sus propios “lobbys”, y con el apoyo de una Unión Europea que promueve de forma activa a las renovables como forma de disminuir la dependencia y vulnerabilidad energética del exterior. En segundo lugar, esta dinámica unida al hecho de que el nuevo Gobierno socialista no cambiara los fundamentos de la ley del partido popular del 97, lleva a la aparición de un nuevo fenómeno –el déficit de tarifa eléctrica- que entre 2005 y 2007 se eleva a unos 8.000 millones de euros, en cuya gestión las eléctricas se ven obligadas a intervenir, aunque con las “adecuadas” rentabilidad y garantías por parte del estado.

El déficit en esencia se genera porque la tarifa al consumidor no recoge todos los “costes y subvenciones regulados” que reciben los productores y distribuidores, y su pago se retrasa a años sucesivos, bien a través del cobro en tarifas futuras o bien a través de los impuestos de todos los españoles vía presupuestos genérales del estado. El verdadero problema empieza a surgir cuando la burbuja especulativo-inmobiliaria estalla, se frena radicalmente la instalación de nueva potencia y cae fuertemente la demanda por la caída de la actividad ligada al sector, dando lugar a un exceso de capacidad de producción creciente, y a un incremento en los denominados “precios marginales de mercado” y en la “repercusión del resto de costes y subvenciones” en la tarifa. El déficit de tarifa se dispara, y en los cinco años siguientes (2008-2012) supera los 25.500 millones de euros. En la actualidad, a diciembre de 2013, se puede señalar que se han superado con creces los 30.000 millones a devolver a través de tarifas futuras o a cargo de los presupuestos generales del estado. Y en la corrección del Gobierno de su compromiso inicial de absorber 3.600 millones del déficit de este año en los presupuestos generales del estado de 2014, está el origen del enfrentamiento con el oligopolio eléctrico, que hasta ahora había sido relativamente beneficiado respecto al resto de los “lobbys energéticos” con la nueva regulación del Gobierno del partido popular.

En el título de este artículo nos referimos a tres conceptos que tienen varios aspectos en común que los interrelacionan, y que tienen una gran trascendencia, tanto actual como futura para España: el tema energía, el tema déficit, el tema endeudamiento público, y podríamos añadir por su interrelación con la energía, aunque no pueda ser objeto de este artículo, el tema del calentamiento global. Todos ellos, en efecto, tienen en España un elemento en común: la dependencia del exterior. En energía dependemos casi al 100% de las importaciones de petróleo, gas y uranio, y del orden del 80% de las importaciones de carbón; de forma que del orden del 85% de la energía final consumida en España depende de las importaciones de estos recursos. En déficit y endeudamiento la pertenencia a la Unión Europea y a la Eurozona implica una dependencia de objetivos, y de no traspaso de límites tanto en déficit como en endeudamiento, que ya sabemos que el neoliberalismo imperante y el gran capital especulativo internacional están utilizando como mecanismo de redistribución de ingresos con una balanza crecientemente positiva para los beneficios del capital financiero-especulativo, y una caída fulgurante de los sueldos y salarios en el mundo desarrollado; lo que lleva a una progresiva desintegración y empobrecimiento de la clase media y a una proletarización de una importante parte de los asalariados. En cuanto al calentamiento global también la dependencia es total en lo que ya sucede, y probablemente sucederá en mayor medida en España, respecto a lo que hagan, en primer lugar, Estados Unidos y China (que entre ambos son responsables de más del 40% de los procesos responsables de dicho calentamiento) y de las políticas que decida la Unión Europea en su ámbito, esperemos que siguiendo la línea de vanguardia en la lucha contra ese calentamiento global que hasta ahora le ha caracterizado y que tanto disgusta al actual Gobierno español.

Esta fuerte dependencia exterior tiene sus graves y socialmente negativas consecuencias actuales, pero van a ser mucho más graves en el futuro si continúan las políticas del actual Gobierno del partido popular. La dependencia energética incide negativamente en la balanza de pagos por lo que nos cuestan las importaciones de energía -del orden de 40.000 millones de euros al año- pero, como señala la Unión Europea, es más grave el que el suministro dependa del exterior y éste pueda ser cortado por motivos de distinta índole (proceso que ya se produjo en la década de los setenta y obligó a fuertes restricciones, sumergiendo a España en una fuerte crisis económica –la década de la “estagflación”: estancamiento+inflación- o que la energía dependa de precios en cuya formación España tiene un papel absolutamente marginal, y que tienen una marcada tendencia al encarecimiento. Si a esto añadimos el problema del déficit de tarifa eléctrica y la solución dada por el Gobierno actual, que como consecuencia de la obligación asumida como objetivo prioritario de limitación del déficit y del endeudamiento español, lleva a que el problema sólo se resuelva por la vía del incremento del coste de la energía para el consumidor, nos encontramos con un resultado donde el pagano va a resultar nuevamente el ciudadano, que va a ver fuertemente incrementada su factura, adicionalmente a los incrementos ya padecidos en los últimos años.

La “inteligente” regulación del sector eléctrico de 1997 y su desarrollo por los Gobiernos del partido popular, y su no corrección por los Gobiernos socialistas de 2004 a 2011, han llevado, con las aún más “inteligentes” regulaciones del actual Gobierno del partido popular, a que cada hogar español tenga una deuda pendiente asociada al déficit de tarifa eléctrica de unos 1.300 € (es decir el importe de su consumo medio de dos años de electricidad), que tendrá que abonar religiosamente, con sus intereses, si algún Gobierno con una mínima inteligencia social no lo remedia. Porque en estas páginas nos hemos referido al empobrecimiento de un porcentaje muy significativo de los hogares españoles, a las condiciones de vida extremas a que está llevando la caída de los salarios, el paro y la precariedad en el trabajo que, junto con la regresión en las regulaciones sociales (educación, sanidad, dependencia, …) están llevando a España a situaciones más propias de la España predemocrática. Pero es que en materia energética se está llevando a muchos hogares a épocas más propias del franquismo más profundo, apareciendo de nuevo en España la incapacidad de abonar los recibos de la energía, y la vuelta a las velas y a la desconexión eléctrica.

Hay soluciones claras y su adopción debería ser urgente. Pero ni entran en las prioridades de este Gobierno ni parece que seamos capaces los ciudadanos de hacerles pagar los costes de subordinar el interés general a los intereses de los que realmente representan, al margen de los que les legitiman con sus votos. Tendremos que ser capaces de cambiar la situación con la información que lleve a la modificación sustancial de la tendencia en los votos de los ciudadanos, y con las protestas públicas a mantener, aunque se intenten reprimir con la recuperación de nuevas medidas franquistas por este Gobierno.