La EPA es la Encuesta que mejor refleja la realidad del desempleo en nuestro país, y se utiliza con rigor, a efectos comparativos, para hacer un seguimiento del comportamiento del paro, tanto en España como en relación a otros países. Por eso resulta ridículo y desacertado contraponer los datos del paro registrado en las oficinas públicas de empleo -adelantando su publicación de manera oportunista cuando son positivos- con las cifras de la EPA, lo que ha terminado por volverse en contra de lo que ha pretendido ser una simple operación de marketing del Gobierno.

La destrucción de empleo contemplada en la EPA es más intensa entre los hombres (1,9% menos ocupados que en el último trimestre del año 2009), pero afecta, aunque en menor medida, también a las mujeres (0,6% menos ocupadas). En términos interanuales esto significa que hay 591.000 hombres ocupados menos y 105.700 mujeres menos.

El desempleo de la población extranjera continúa siendo más elevado que el existente en la población nativa, con una tasa de paro del 30,79%, y es el más alto, junto al de los jóvenes menores de 25 años, que alcanza la terrible tasa del 40,9% (sube 5,3 puntos en un año).

La tasa de temporalidad sigue reduciéndose y se sitúa en el 24,39%, 7 décimas por debajo del trimestre anterior, lo que demuestra que se sigue destruyendo en mayor medida el empleo temporal que el indefinido. La reducción no es más fuerte porque los empresarios siguen apostando por la contratación temporalmente: el 90,5% de los contratos registrados, en el pasado mes abril, son temporales; crecen un 6% en términos anuales, disminuyendo los contratos indefinidos un 7,6%.

Por sectores vuelve a ser la construcción la peor parada; siendo en este sector la destrucción de empleo mayor (un 7,7% de ocupados menos sobre el trimestre anterior). En todo caso, y salvo en la agricultura, todos los sectores se encuentran a la baja en cuanto a la creación de empleo.

Por su parte, el empleo a tiempo parcial disminuye en 19.000 personas respecto al trimestre anterior, aunque en términos interanuales se eleva el 1,2%, lo que representa el 13,3 del total de ocupados.

En cuanto a la tasa de paro de larga duración, ésta alcanza ya el 7,8%, 3,8 puntos más que hace un año. Ello quiere decir que los parados que llevan más de un año en situación de desempleo se elevan a 1,8 millones (el 38,7% del total), lo que significa casi 16 puntos más que hace un año, y de éstos, 600.000 se encuentran desempleados desde hace dos o más años. Estos porcentajes demuestran la importancia del paro de larga duración en nuestro país, que se está convirtiendo en un verdadero problema social al resultar difícil su empleabilidad.

Finalmente, cabe destacar que 1,3 millones de familias tienen todos sus miembros inactivos (crecen el 21 por ciento en el último año), lo que representa el 7,6% de todos los hogares y sitúa este porcentaje en alturas desconocidas hasta ahora.

Estos datos reafirman la crudeza de la crisis y nos anuncian serios riesgos de que el paro se convierta en un verdadero problema social y consiguientemente en un serio problema político, a pesar del esfuerzo de Zapatero por mantener las políticas sociales y la responsabilidad de los sindicatos en el tratamiento de la crisis. Los próximos Presupuestos Generales de Estado serán, en buena medida, una prueba de choque que tendrá que afrontar el Gobierno- pendiente del déficit y la deuda pública- en relación a las políticas sociales (sobre todo la cobertura de desempleo) y a las medidas que impulsen la inversión productiva hacia sectores que permitan una recuperación sólida y duradera, asentada en el conocimiento y la innovación y, por lo tanto, en la competitividad y el empleo.

Zapatero tendrá que recortar gastos ordinarios de funcionamiento para reducir el déficit, pero deberá mantener las políticas sociales y las medidas de estímulo para crear empleo, ante la atonía inversora de las empresas y el recorte del crédito de las entidades financieras. No se puede olvidar que sin empleo no hay solución para salir de la crisis y, por lo tanto, tampoco para reducir finalmente el déficit y la deuda pública.

Mientras tanto, no dejan de ser escandalosas las cifras millonarias que se manejan de los balances del primer trimestre del año de grandes bancos y empresas multinacionales, relativas a beneficios y dividendos, así como a retribuciones y pensiones de los componentes de los consejos de administración. Por ejemplo, Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander, se jubilará con una pensión de 85,7 millones de euros, que “se actualizarán al tipo de interés pactado”, y percibió de sueldo, en 2.009, la escandalosa cifra de 10,2 millones de euros (un 10,13% más que en 2.008). Increíble. Eso sí, el Banco de Santander “someterá a la junta el sueldo de los consejeros” (EL PAÍS; 1-5-2010).

Lo más llamativo de la actual situación es que nadie denuncie estos hechos, ni siquiera el “Gobernador” del Banco de España, tan lenguaraz en su campaña encaminada a recortar salarios y pensiones, además de exigir una reforma laboral a la baja.

Ante esta realidad, sostener que la reforma laboral (abaratar el despido, mantener la precariedad, reducir los salarios en empresas y administraciones públicas, y reducir las cotizaciones a la seguridad social) es una pieza clave para resolver el problema del paro resulta un sarcasmo, cuando no una provocación.

En todo caso, una reforma laboral pactada siempre se considera positiva, porque un acuerdo entre los interlocutores sociales y el gobierno siempre genera, entre otras cosas, confianza. El retraso que se está produciendo en las conversaciones tiene mucho que ver con la búsqueda de la “foto” que escenifique un gran acuerdo, que será difícil si los sindicatos se mantienen firmes como anunciaron en las movilizaciones del 1º de mayo; por ejemplo, oponiéndose al abaratamiento del despido y a la reducción de las cotizaciones empresariales a la seguridad social. Sin esas concesiones no es previsible que la CEOE firme el acuerdo global como pretende el Gobierno.

En todo caso, en las conversaciones se han producido acuerdos parciales (reducción de jornada para evitar el despido; revisar las bonificaciones a la contratación, primando la contratación indefinida; plan de empleo para los jóvenes…) que el gobierno debería de llevar a la práctica cuanto antes. No se entienden las razones para no hacerlo, dada la gravedad de la crisis y, sobre todo, cuando se sigue destruyendo empleo.

Otros asuntos- seguramente más importantes- para reducir el desempleo tienen que ver con la reforma del sistema financiero (no sólo de las Cajas de Ahorro) con el propósito de facilitar el crédito a empresas, trabajadores autónomos y familias, para lo que hay que liberar paulatinamente las cantidades inmovilizadas en el sector del ladrillo; la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida (por encima del 20%, según el ministro Corbacho); la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo (sociales, tecnológicos y medio ambientales); y el establecimiento de medidas para mejorar la empleabilidad de los desempleados, que además nos adentre en un nuevo modelo productivo.

En todo caso, en la búsqueda de alternativas a la crisis el gobierno no debe aceptar presiones de los que nos han conducido a la actual situación; porque, posiblemente, se volverán a aprovechar de la salida de la crisis. Es el momento de evitar que eso ocurra; y por lo tanto de poner en valor la política, la democracia y el Estado, considerando a fondo el abordar la regulación de los mercados, la supervisión bancaria, el funcionamiento de las agencias de calificación, las empresas de auditoría, y el impuesto a las transacciones del capital, entre otras medidas, con el propósito de evitar que se vuelva a producir una crisis de estas características.

En este sentido, lo primero que procede es abordar estas reformas en el ámbito de la UE con la voluntad de proyectarlas hacia un mundo globalizado- a pesar del ejemplo lamentable que se viene produciendo con las ayudas a Grecia- y lo segundo, defender una política económica donde paguen más los que más tienen y, por supuesto, los causantes de la crisis; lo que no será fácil con la actual correlación de fuerzas a ese nivel.

A pesar de las dificultades, es el momento de anteponer los intereses de los ciudadanos a los que especulan y sacan ventaja de la crisis, y anteponer también la política y la democracia al interés y a la lógica del mercado. Para eso se necesitan ideas claras (evitar el desarme ideológico) y una clase política (Gobierno y oposición) con sentido de Estado y en contacto con la realidad social, donde todos sus componentes defiendan con firmeza sus ideas y trabajen para salir de la crisis- buscando siempre el acuerdo y el compromiso, al margen de políticas partidistas-, lo que generará la necesaria credibilidad y confianza.

La ciudadanía no entendería otra lógica en la actual situación; como no puede entender los escasos resultados de la reunión celebrada entre Zapatero y Rajoy.