En principio, y desechando por utópica la posibilidad de que la administración sanitaria, en colaboración con varias otras, haya localizado, analizado, retirado de la circulación todas las botellas contaminadas y comprobado que ha desaparecido completamente el riesgo existente cuarenta y ocho horas antes, parece que, en este tiempo, se ha reevaluado la situación y se ha corregido el diagnóstico o, por lo menos, la terapia a aplicar.
Muchos utilizarán la palabra error y pedirán explicaciones al Ministerio, y a su propio titular, argumentando la excesiva alarma entre la población y los daños que haya podido producir al sector oleícola. Y no habrá mucho que reprocharles excepto, si fuera ese el caso, el exceso en el tono que puedan emplear.
Pero, en los casos en que las autoridades sanitarias tienen conocimiento de un posible riesgo, por mínimo que sea, para la salud pública, si no se toman todas las precauciones desde el primer momento, ¿cuál debe ser la alternativa?
Concretamente, en el caso del aceite de girasol, ¿Qué otra alternativa cabe reclamar al Ministerio? ¿Quizás haber esperado a tener más datos antes de tomar la decisión de avisar a la población, aún a riesgo, precisamente, de desconocer el alcance real de ese riesgo? ¿Haber tomado la medida de retirar de los puntos de distribución el aceite de girasol sin haber avisado de ello a la opinión pública? ¿Haber prolongado el periodo de cuarentena para justificar mejor la medida?
La seguridad se practica tomando precauciones y sirve, como la medicina preventiva, para reducir la necesidad posterior de utilizar medicina curativa una vez que se ha producido la enfermedad.
Los seguros están para cubrir posibilidades de riesgo y pocas personas lamentan que su seguro, bien sea de incendio de su casa, de su automóvil o de cualquier cosa, les cueste dinero sin que tenga que ocuparse nunca de pagar los gastos de los accidentes que cubre dicho seguro.
Tampoco los falsos avisos de bomba disuaden a la policía de comprobarlos ni las bromas en forma de llamadas a los bomberos, evitan a estos el tomarlas en serio. Cuando se trata de evaluar riesgos debe medirse tanto la probabilidad de que se produzca el hecho, como la importancia del alcance de sus consecuencias y un perjuicio en la salud pública es de tal calibre que debe obligar a adoptar medidas preventivas aunque las probabilidades de riesgo no sean elevadas.
La seguridad es una sensación y todos deberíamos percibir que el Estado, con todos los medios a su alcance, vela por ella. Y si se equivoca, como es posible que haya ocurrido esta vez, yo, al menos, prefiero que sea por exceso de celo.