Superado este obstáculo, de no menor importancia, y una vez efectuada una fuerte remodelación del ejecutivo- que algo ha tenido que ver con la huelga general del 29-S-, el gobierno deberá hacer frente a las consecuencias que se puedan derivar de las próximas elecciones de Cataluña y posteriormente de las elecciones que se celebren en los municipios y en algunas comunidades autónomas en el próximo mes de mayo, puesto que se vislumbran como muy negativas para el PSOE, según determinan todas las encuestas.

Paralelamente, la dirección del PSOE y el gobierno se afanan en poner sordina a los pronunciamientos internos que muestran su preocupación por los resultados que pueda obtener el PSOE en los distintos territorios- planteando la sustitución de Zapatero como cabeza de cartel- cuando lo verdaderamente importante sería analizar como evitar el fracaso electoral y, en segundo lugar, como quedaría el PSOE en el conjunto del estado si el fracaso se produce.

Paradójicamente, el acuerdo presupuestario va a retrasar el crecimiento y el empleo- al consolidar el ajuste- y por lo tanto la salida de la crisis. La situación económica no ha mejorado con las medidas de ajuste tomadas hasta ahora, ni va a mejorar a corto plazo con las que se contemplan en los presupuestos generales del estado para 2011, hipotecados por las políticas de ajuste de la UE más preocupadas por el déficit y la deuda pública como lo demuestra la propuesta de la Comisión Europea sobre la “gobernanza” económica, que representa el peor ataque al modelo social europeo en la historia de la UE, según los sindicatos.

Los contenidos de la propuesta establecen una nueva versión del Pacto de Estabilidad- despreocupado como siempre por el crecimiento y el empleo- que penaliza a los estados que superen el déficit público (3% del PIB) y la deuda pública (60%). La propuesta también incluye, con el argumento de mejorar la competitividad de la economía de la UE, la reducción de los costos salariales, de las prestaciones sociales (pensiones), de los derechos laborales y el debilitamiento de la negociación colectiva.

Incluso, la situación se puede agravar aún más con nuevas medidas de ajuste de corte neoliberal (reducción de costos laborales) para responder a la guerra de divisas abierta por algunos países para conseguir que sus productos de exportación sean más competitivos en un mundo globalizado.

Lo más lamentable de esta situación es que la Internacional Socialista, y el Partido Socialista Europeo, son incapaces de dar una respuesta convincente a las políticas neoliberales. Sin embargo, las ideas socialdemócratas tienen vigencia y han sido y siguen siendo la referencia de la izquierda sociológica, a pesar de que no hay ningún gobierno que las apliquen entendiendo que ello significaría enfrentarse a los mercados y al resto de los países de la Unión. Las consecuencias de estas políticas se conocen: confrontación de los gobiernos con los partidos de izquierda- y con los sindicatos más representativos- y alejamiento de sus votantes con el consiguiente costo electoral.

No es extraño, por lo tanto, que la verdadera oposición al gobierno en los próximos meses se lleve a cabo a través de los sindicatos (no es la primera vez que eso ocurre), que son los que legitiman o deslegitiman la política social de un gobierno. Los sindicatos en nuestro país se enfrentan a una nueva situación después de la huelga del 29-S y están a la espera de reabrir las conversaciones con el gobierno, una vez que tome posesión el nuevo ministro de trabajo, Valeriano Gómez. Ello no debe significar el abandono de la presión y las movilizaciones (el ejemplo de Francia es muy significativo: presión descentralizada en empresas y sectores -de manera sostenida en el tiempo-, comprometiendo a diversos colectivos sociales). Por lo tanto, la huelga no debe ser el fin de las movilizaciones sino el comienzo de una nueva etapa encaminada a la consecución de las reivindicaciones que motivaron la huelga. Por eso, los sindicatos no pueden adoptar una actitud pasiva a la espera de que el gobierno rectifique, puesto que las medidas de ajuste fiscal y la reforma laboral ya están actuando contra los trabajadores, lo que pone nuevamente en evidencia el divorcio existente entre el parlamento y la calle como está ocurriendo en Francia.

Este planteamiento coincide con la decisión tomada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) que, por las mismas razones, anunciará en el mes de noviembre nuevas movilizaciones a favor de alternativas que superen las medidas de ajuste impuestas por los gobiernos en el ámbito de la UE.

Esta nueva situación obligará a los sindicatos a retomar los contactos con las organizaciones y colectivos que apoyaron las movilizaciones con el propósito de compartir la valoración de la huelga y sobre todo actualizar las reivindicaciones que sustentan la exigencia de “rectificación” de la política económica y social del gobierno.

El planteamiento sindical- elevado a propuesta alternativa- debe responder a los asuntos que motivaron la confrontación y la huelga:

· Pacto de Toledo. La decisión de mantener la congelación de las pensiones hace muy difícil que se pueda avanzar en las conversaciones abiertas. Las medidas remitidas a Bruselas por el gobierno en su día no son asumidas por la oposición ni por los sindicatos. En todo caso, un asunto de esta envergadura (se puede considerar política de estado) debe comprometer a los partidos mayoritarios y a los sindicatos- cosa nada probable hasta después de celebradas las elecciones generales del año 2012- en la búsqueda de la sostenibilidad del sistema pensando más en los ingresos que en el recorte de gastos e, incluso, también en los presupuestos generales del estado.

· Reforma laboral. Hay que revisar sus efectos y establecer un primer calendario para avanzar en la rectificación de las medidas más lesivas para los trabajadores. Resulta particularmente urgente tomar medidas que sitúen, en el peor de los casos, la precariedad de nuestro mercado de trabajo en torno a la media europea.

· Empleo. No se espera que mejoren los datos de empleo en los dos próximos años. Por eso hay que seguir insistiendo en retomar el crecimiento de la economía (estímulos fiscales e inversión pública) y en impulsar las políticas activas de empleo, la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, así como revisar la escasa eficacia de las subvenciones a la contratación.

Por otra parte, las oficinas de empleo- obsoletas y sin capacidad de intermediación (3% de las colocaciones)- necesitan una reforma en profundidad que asuma el protagonismo que le corresponde en las tareas de recolocación de los desempleados.

· Cobertura de desempleo. Se espera que en el presente año más de 600.000 desempleados pierdan su prestación contributiva. Algunos desempleados irán a la prestación asistencial y otros se quedarán sin prestación, lo que requerirá, como está previsto a principios de año, analizar la nueva situación garantizando, cuando menos, la actual protección por desempleo.

· Los salarios. Se observa una nueva ofensiva contra los salarios en la UE. La inflación- por encima del 2% en nuestro país- debe situar como prioritaria la cláusula de revisión salarial ya que actualmente sólo opera en el 40% de los convenios firmados. Debemos recordar que sigue vigente el acuerdo plurianual de moderación salarial firmado por UGT, CCOO y la CEOE, con vigencia hasta 2013, y que el gobierno debe recuperar- y hacer valer- el acuerdo retributivo firmado para las administraciones públicas.

· Negociación colectiva y flexibilidad interna. Se trata de fijar la posición a defender en las previstas negociaciones con la CEOE, una vez resueltos sus problemas de liderazgo. Se pretende potenciar las relaciones colectivas de trabajo- en contra de la individualización de las mismas, tal como propone la CEOE-, articular los convenios colectivos, racionalizar los ámbitos de negociación y ampliar la cobertura de los convenios a todos los trabajadores.

· Reforma fiscal. La propuesta debe exigir el compromiso del gobierno para que aborde una reforma fiscal en profundidad que reparta de una manera más justa y equitativa el costo de la crisis. Ello debe contemplar medidas que garanticen que paguen más los que más tienen y, desde luego, la revisión de las desgravaciones fiscales y la prioridad de luchar contra el escandaloso fraude fiscal y la economía sumergida. Se trata de que el costo de la crisis no recaiga, como ocurre actualmente, en los de siempre: la clase media y los trabajadores.

Una propuesta de estas características- que acompañe a las movilizaciones- blindaría a los sindicatos ante las críticas de falta de alternativas y trasladaría a la opinión pública un verdadero esfuerzo propositivo, que ayudará a reforzar el compromiso social de los trabajadores. También sería un considerable freno a la campaña de la derecha contra los sindicatos, que representan el único dique de contención en la actualidad contra sus propuestas neoliberales. No debemos olvidar que la derecha neoliberal apuesta por “asociaciones de personal” con base en el lugar de trabajo, divididas, impotentes y autorizadas sólo a manejar quejas individuales y a promover los intereses del accionista (“más empresa y menos sindicato”).

Como se puede comprobar, hay razones poderosas para que el gobierno responda- no tiene mejor alternativa- a las exigencias sindicales si quiere recuperar la confianza de los trabajadores; no es suficiente el cambio de personas. El fin no puede ser culminar la legislatura y “barrer la casa” para cuando venga la derecha. Por eso, mantener la confrontación con los sindicatos resulta suicida y terminará por entregar definitivamente el poder al PP que, si bien no representará ningún avance social en la actual situación, será capaz de hacer concesiones populistas e interesadas (recordar su posición en contra de la congelación de las pensiones), de fácil traslación mediática y por lo tanto a la ciudadanía. El resultado final, si nadie lo remedia, representará un duro golpe para el proyecto socialdemócrata que votó con ilusión la ciudadanía y, particularmente, muchos jóvenes que son los que configuran el futuro.