Teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los asuntos en juego, sería de desear que en el debate abierto primara la política sobre la matemática, y que la discusión sobre los principios se impusiera sobre la lógica desnuda de los números.

La derecha, otrora autodesignada como garante de los valores patrios, se encuentra ahora entretenida en ajustes de cuentas de carácter interno. Aparecen en el horizonte, en consecuencia, tan solo dos grandes planteamientos perfectamente identificados: el que defiende el Gobierno de España junto a la gran mayoría de las administraciones autonómicas y el asumido por el nacionalismo catalán, con alguna complicidad un tanto sorprendente.

El Gobierno Zapatero ha establecido cuatro principios generales como punto de partida en la negociación. Primero, el objetivo fundamental: “garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de donde residan, tengan igual acceso a los servicios públicos fundamentales”. Segundo: asegurar una financiación suficiente a todas las comunidades autónomas, teniendo en cuenta la evolución de la población así como otras variables relacionadas con desventajas de carácter geográfico o socioeconómico.

Tres: potenciar la corresponsabilidad fiscal de las regiones, aumentando incluso el llamado “cesto de impuestos” con nuevas cesiones en IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Y cuatro: salvaguardar la suficiencia financiera del Estado, en virtud de sus propias competencias y como medio para cumplir el primero de los principios. Este último compromiso implica, por ejemplo, que la administración central “se reserva en exclusiva” los recursos provenientes del Impuesto de Sociedades.

Estos cuatro principios generales van mucho más allá de un simple marco negociador: constituyen una apuesta bien definida para el desarrollo de nuestro Estado de las Autonomías, precisamente en el sentido que establece la Constitución de 1978. Sí a la profundización en el autogobierno regional; sí a la suficiencia financiera de las administraciones autonómicas para el desarrollo de sus competencias; y sí a la garantía de la cohesión, la solidaridad interterritorial y la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios fundamentales, independientemente de la especificidad identitaria, política o económica de cada comunidad autónoma.

Estos principios son útiles también para decir no. No al planteamiento nacionalista que propone un nuevo sistema de financiación inspirado en el principio de que “la región que más aporta es la región que más recursos debe recibir”, porque la aplicación de este principio imposibilitaría cualquier esfuerzo serio a favor de la cohesión y la solidaridad. No a la limitación de los instrumentos financieros de nivelación para asegurar iguales servicios en la atención de necesidades ciudadanas básicas. Y, sobre todo, no a la traslación automática de las señas de identidad regionales en privilegios económicos. Con amenazas, aún menos.

La “pela” es de todos