Ante las elecciones del próximo 24 de mayo varios partidos de izquierda abogan por propiciar el cambio de modelo español de ¿desarrollo? que merezca realmente ese nombre; que permita apuntalar la sociedad de bienestar, asegurar la sostenibilidad ambiental a la vez que se previenen posibles colapsos (de riesgo no desdeñable si se sigue con el modelo actual a nivel global) y, en paralelo, crear nuevo empleo estable y con salario decente, aumentar su productividad y reducir las crecientes desigualdades para asegurar la cohesión social. Obviamente no es el caso del Partido Popular, ni de su visión edulcorada, pero igualmente conservadora, de Ciudadanos; pero sí lo es de una izquierda progresista que ve en el cambio global que se está produciendo en el Planeta, la oportunidad y la necesidad de establecer nuevos rumbos y procesos.

Las preguntas inmediatas son: si es posible ese cambio de modelo aquí y ahora en España, y cómo dirigir la transformación de los elementos estructurales básicos que permitan, en su caso, avanzar en la transición hacia un modelo socioeconómicamente cohesionado, ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado. Obviamente, la primera condición es que se produzca una victoria de las fuerzas de izquierda que acuerden dicho proceso de transición, no sólo en lo que afecta a la regeneración política de este país, sino también en su cambio económico, productivo, social, ambiental y territorial.

Dada esta deseable condición, los retos no son pequeños ni sencillos. Y su viabilidad, desgraciadamente, va a venir muy condicionada desde el exterior, y desde la escasa capacidad de interacción del Gobierno de España en la UE, a la que nos ha conducido el actual Gobierno popular; o de la prácticamente nula incidencia en el actual G-7 o en el G-20. Pero es obvio que en un mundo crecientemente globalizado, las capacidades de actuación estatales, regionales o locales están claramente condicionadas por dinámicas exógenas que es necesario conocer, ya que las tendencias globales de las mismas incluyen inevitables condicionantes a las posibles políticas de cada territorio. De ello se deduce la segunda condición para viabilizar la transición hacia un cambio de modelo de desarrollo en España, en sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos: prever, en ese marco de condicionantes globales los distintos cauces de actuación/escenarios territoriales viables, evitando las situaciones más desfavorables hacia las que conducen los condicionantes exteriores, y aprovechando las oportunidades potenciales para dirigir la dinámica social hacia los objetivos más favorables para la población respectiva.

La globalización hace que los territorios soporten condicionantes que se manifiestan a través de efectos económicos dependientes de procesos globales: crisis financiero-especulativas que acarrean límites para el acceso al crédito e incrementan el coste del dinero; burbujas especulativas como forma de acumulación de riqueza; coste de las materias primas asociado a la especulación en los mercados de futuros; control oligopolístico de los mercados por las multinacionales y sus estructuras de integración de sistemas productivos de arriba a abajo; localización/deslocalización de actividades productivas y del capital -paraísos fiscales-; precio de los bienes patrimoniales locales -suelo y edificación- por la incidencia de las inversiones especulativas de los fondos buitre; o demanda turística exterior condicionada por la marcha económica de los países de que provienen estos turistas y por la situación de los países alternativos a España en la atracción del turismo de sol y playa.

Un importante segundo grupo de efectos condicionados a nivel global, y muy interrelacionados con los anteriores, son de índole social: migraciones, empleo y niveles salariales, distribución de la riqueza y niveles de pobreza, contradicciones culturales, multiculturalismo, xenofobia, afecciones al bienestar social o al buen vivir, empobrecimiento de las clases medias en los países desarrollados/potenciación de las clases medias en los países en desarrollo. Y un tercer grupo de efectos a destacar son los ambientales: calentamiento global/cambio climático local y riesgos asociados; contaminación global/lluvias ácidas, con incidencia en mares, aguas, suelos y personas; afección a la producción alimentaria, al patrimonio territorial, a la salud y al bienestar/buen vivir; pérdida de biodiversidad y especies invasoras; destrucción de paisajes, razas y cultivos autóctonos, con incidencia sobre el paisaje, la salud y la sostenibilidad de los ecosistemas locales.

Como se ha señalado en otras ocasiones, el crecimiento demográfico mundial actual y, sobre todo, la pretensión de generalizar los niveles de consumo occidentales a toda la población del Planeta, como medio de mantener la demanda que soporta la expansión de la producción del sistema y los beneficios del capital, llevan a presiones sobre los recursos no renovables insostenibles e inviables en un Planeta finito, sobre el que las agresiones asociadas a una generación de residuos y emisiones de gases de efecto invernadero también en ascenso, obliga a pensar en un modelo de desarrollo alternativo. Obligación mucho más acuciante ante los riesgos de procesos asociados al calentamiento global y al cambio climático que, de no corregirse, pueden llevar a situaciones catastróficas de previsibles graves consecuencias para la humanidad.

Las vías de actuación prioritarias son claras y se vienen reiterando desde distintos foros científicos internacionales. Pero por desgracia están muy lejos de las prioridades de partidos como el Partido Popular o de su alternativa light (Ciudadanos). Implican, en el sector energético, una apuesta clara y decidida por las energías renovables, soportada por fondos presupuestarios nacionales en lo que implica corrección de efectos externos negativos del consumo de energías fósiles, y una mejora real del ahorro y eficiencia energética, con incentivos claros para que los consumidores actúen racionalmente en este sentido. Sin embargo, la regulación y planificación energética elaborada en España en los últimos años (y en particular la Ley de 2013 del partido popular y sus desarrollos) son incompatibles con el necesario Modelo de desarrollo sostenible, y van a contracorriente de las recomendaciones de la UE en materia energética y ambiental. Y respecto al conjunto de las actividades de producción y consumo, es urgente una apuesta integral por la descarbonización y desmaterialización de la sociedad, minimizar la necesidad del transporte motorizado, explotar las posibilidades de mejora de productividad y cambio de modelo asociados a una I+D+i mucho más presente en el conjunto de la sociedad, potenciar la producción y mercados locales frente a lo global, y la sustitución de las pautas de una sociedad de consumo despilfarradora. Territorialmente son claras las ventajas económicas, sociales y ambientales de potenciar un modelo territorial policéntrico de ciudades medias resilientes, de mínimo metabolismo, compactas, diversificadas y complejas, eficientes energéticamente, de movilidad obligada minimizada, sin uso de combustibles fósiles, con transporte público eficiente, y con dotaciones y condiciones ambientales y paisajistas que posibiliten el bienestar/buen vivir de los ciudadanos, lo que exige adecuar la expansión urbanística a las necesidades, potencialidades y biocapacidad/sostenibilidad ambiental local.

Todos los anteriores son elementos imprescindibles y conocidos para ese nuevo modelo de desarrollo alternativo, ya que la satisfacción de las necesidades básicas de una población creciente sólo será posible si se reducen muy significativamente los consumos per cápita de materiales y energía; y si en los países desarrollados se avanza en el decrecimiento de la esfera material de la economía, y en la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). La promoción de la economía verde y la economía circular a nivel mundial, junto a la asunción voluntaria de limitaciones a las emisiones de GEI por todos y cada uno de los países en la COP de diciembre de 2015 en París, son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para el alcance de la sostenibilidad del desarrollo. Pero sólo así se podrá evitar la aparición de contradicciones y conflictos que pongan en riesgo la estabilidad, el buen vivir/bienestar de la población y su propia subsistencia.

Sin embargo, la viabilidad de las anteriores políticas necesarias está fuertemente condicionada por estructuras globales de influencia difícilmente contrarrestable por los ayuntamientos, comunidades autónomas o por el propio estado. Así, la promoción de una producción real local como base para abastecer a los mercados locales y a los virtuales globales, con minimización del transporte de productos reales, es una solución de difícil materialización, ya que sólo es viable significativamente con: aranceles a las importaciones (compensando los dumping ambientales o laborales de los países exportadores), si existen altos costes de transporte, o con alta conciencia social. Aspectos que sólo en el caso de un muy fuerte incremento de los costes energéticos del transporte, por progresivo agotamiento de los combustibles fósiles, cabe esperar que tengan una cierta incidencia en el favorecimiento de las economías locales. Difícilmente un sistema productivo que gira en torno a oligopolios multinacionales, que son también oligopsonios que encuadran a conjuntos relativamente cerrados de empresas ofertantes del suministro de sus inputs básicos, va a aceptar la vuelta a aranceles que dificulten su acceso a los mercados globales. Multinacionales que, además, presentan cifras de negocio por encima del PIB de la mayoría de los países del planeta y que son crecientemente independientes de sus países de origen, ya que tanto su producción como sus ventas se localizan mayoritariamente en el exterior de estos, al igual que sucede con sus intereses de negocio. Y como se recoge en las fuentes que analizan su estructura y poder (puede verse al respecto la obra de Peter Nolan -2012- “¿Está China comprando el mundo? Traficantes de Sueños. IAEN. Ecuador. 2014) no se puede olvidar que, por ejemplo, dos multinacionales controlan prácticamente el 100% del mercado de aeronaves de gran tamaño y a todos sus abastecedores, al igual que sucede en las bebidas gaseosa no alcohólicas (70% del mercado) o en el calzado deportivo (55% del mercado); tres multinacionales controlan más de dos terceras partes de los mercados en los casos de las infraestructuras de telefonía móvil, teléfonos móviles, smartphones, o equipamiento agrícola mundial; cuatro empresas lo hacen en los campos de camiones pesados, PC, equipamiento para la construcción, ascensores, cervezas o cigarrillos; y así sucesivamente hasta llegar a una de las industrias de particular interés para España como es el caso del mercado mundial de automóviles, donde diez empresas controlan más de sus tres cuartas partes y, por supuesto, a la mayoría de sus industrias de componentes en régimen de oligopsonio y fuerte dependencia. Y no sólo son multinacionales controladoras de sistemas hacia abajo por sus políticas de precios y de control de suministradores, sino que son las máximas inversoras en I+D+i y las máximas beneficiarias de las mejoras de productividad asociadas. Además, otro de sus capítulos fundamentales de gasto va asociado a la publicidad de sus productos y a la creación de la necesidad de su consumo, lo que dificulta extraordinariamente la toma de conciencia social respecto a la necesidad de cambios en los hábitos de consumo.

Si la producción económica mundial de cada subsector económico está concentrada oligopolísticamente en un número reducido de multinacionales, más lo está aún el capital que controla estas empresas y a los distintos mercados financieros y especulativos. Valga como ejemplo el caso de Blackrock que, con sede en Nueva York, gestiona unos fondos equivalentes a más de cuatro veces el PIB español. Los diez fondos de capital más importantes del mundo controlan cerca del 40% del capital y transacciones globales en acciones, productos derivados, mercado de divisas o mercados de futuros. El resultado es que esta creciente concentración del capital y de la producción económica, unida a la progresiva globalización financiera y económica, y a la existencia de paraísos fiscales, incrementan muy sensiblemente los problemas para establecer políticas que afecten a los intereses de propietarios y gestores del capital y de las multinacionales, y posibiliten avanzar hacia una sociedad más justa, equilibrada y con igualdad de oportunidades. Sería necesario –y es posible- acabar con los paraísos fiscales como primera medida para poder controlar el dominio de la economía financiero-especulativa sobre la sociedad, impidiendo que la ingeniería financiera posibilite la evasión de beneficios de los territorios en que se producen y su no tributación en los mismos. Igualmente, la primacía de la economía especulativa sobre la productiva precisa de una regulación correctiva y eficiente de la primera, así como el establecimiento de medidas para la corrección de los efectos más negativos de los procesos especulativos locales y globales. Procesos que han llevado a una distribución regresiva del valor añadido producido, con menor peso de los sueldos y salarios y de los impuestos para las administraciones públicas, lo que dificulta incidir en la cohesión social, incrementándose las desigualdades sociales a nivel local, y la concentración de la riqueza en una nueva plutocracia rentista.

Concentración en multinacionales y en distintos fondos de capitales (fondos soberanos, fondos de pensiones, bancos de inversión, etc.) controlados y gestionados por un número reducido de personas con un inmenso patrimonio personal que, de hecho, implica un inmenso poder político real sobre los distintos países del mundo, al margen de que sean democracias o dictaduras. La amenaza de deslocalización/localización de actividades productivas, o de huida de capitales son “razones” de peso para su influencia real. Por no hablar de su capacidad de corrupción o de “ayuda” a la toma de decisiones favorables a sus intereses.

El mantenimiento del sistema anterior está ligado a la señalada concentración de capital y de sistemas globales de producción que aprovechan sinergias y economías de escala, junto al control de los mercados, y a mejoras en la productividad con capacidad de significar un nuevo salto en la apropiación de beneficios para evitar una caída de la relación entre capital y beneficio en la economía real, que empeore aún en mayor medida su situación respecto a la relación capital/beneficio de la economía financiero-especulativa, cuyo peso e influencia en el planeta ha crecido de manera exponencial en el conjunto del PIB global, hasta alcanzar tasas que los propios gestores del capital están empezando a considerar como de riesgo inasumible para sus intereses, por ser cada vez más patente la posibilidad de crisis financieras globales de consecuencias negativas crecientes.

Hasta ahora se han definido en la historia económica de la sociedad industrial seis procesos de innovación con efectos cualitativos en el desarrollo de la productividad y de la producción, algunos con todas las fases de emergencia, difusión, inflexión, madurez y superación por un nuevo proceso innovador, ya completadas, y otros en desarrollo de alguna de ellas en la actualidad. Así, la incidencia de la máquina de vapor surge a mediados del siglo XVIII, tiene su punto de inflexión hacia 1840, y culmina a mediados del XIX, siendo sustituido su efecto tractor por la irrupción de la siderurgia y el ferrocarril (1831-1917, con inflexión hacia 1890); y ésta por la producción taylorista en masa (1882-1973, con punto de inflexión hacia el final de la Segunda Guerra Mundial). En la actualidad tres son los procesos que cabe considerar como innovaciones seculares en marcha, asociadas a saltos cualitativos en la productividad y a cambios tecnológicos con repercusiones muy sensibles en la organización social y en el cambio global:

Tecnologías de la información y comunicación (TIC), con emergencia a principios de los sesenta del siglo XX, y que parece encontrarse en la actualidad en la fase de inflexión del crecimiento exponencial registrado; si bien también parece que pueda ser el soporte de un nuevo salto cualitativo en innovaciones ligadas al “big data” y a la robótica y computación inteligente (smart cities, coche inteligente, …) con una capacidad fuertemente incrementada de control y alienación social.

Biotecnología, genética y ciencias de la salud, con emergencia a principios de los setenta del siglo XX, tras la clonación de un gen (1973), que se encuentra en la actualidad en fase de difusión exponencial con fuerte incidencia en los campos de la agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, medio ambiente y medicina, y muy claramente interrelacionada con las posibilidades abiertas e interdependientes de las TIC.

Revolución ambiental ante el riesgo de colapso, con emergencia a principios de los setenta del siglo XX y también en fase de difusión en paralelo a los dos procesos anteriores. En ella tiene una importancia muy significativa el tema energético y la prevención de los Escenarios de calentamiento global/cambio climático incontrolados.

En materia energética la seguridad de abastecimiento es un tema central para todos los países. Ha sido el origen de graves conflictos militares y justifica la existencia del entramado militar en oriente medio por parte de EEUU, para garantizar el funcionamiento de las multinacionales del petróleo y el suministro energético a su país. Aunque prácticamente del orden del 90% de las reservas de petróleo y gas, y del orden del 75% de los suministros globales dependen de compañías petrolíferas de propiedad estatal, las multinacionales petrolíferas y energéticas registran un continuo proceso de concentración por adquisición de compañías competidoras, incrementando muy sensiblemente su capacidad de control de las reservas energéticas no estatales; y, sobre todo, se han vuelto imprescindibles -por su control tecnológico de los procesos- para el acceso a nuevos recursos que presentan crecientes dificultades técnicas y de coste. La dependencia española en este campo de la energía es máxima a nivel europeo, lo que ha exigido políticas de diversificación geográfica de suministros, incremento de las interconexiones con Francia y Portugal, o aumento de la capacidad de almacenaje de reservas. No obstante, no se ha resuelto el creciente problema de la pobreza energética ni se ha tenido en cuenta la madurez de las energías renovables y su rápida curva de aprendizaje (la energía solar dobla su relación rendimiento/precio cada 11 meses y los precios de las baterías para acumular energía se reducen drásticamente) lo que debería llevar a una política pública que favoreciera la progresiva transición de las redes verticales y centralizadas actuales (sobre todo eléctricas) a una Nube energética con multitud de demandantes que serían también productores, donde la energía distribuida inteligente será dominante. La potente oposición de los oligopolios energéticos a esta dinámica y el predominio de sus intereses en las políticas del partido popular han inviabilizado, por ahora, esta transición, favoreciendo que los oligopolios energéticos vayan adquiriendo la propiedad de los numerosos huertos solares arruinados por las políticas públicas, y reforzando su dominio de la producción en red centralizada.

Desde una perspectiva complementaria, es necesario señalar que todos los procesos de innovación y desarrollo tecnológico señalados exigen muy fuertes niveles de inversión en I+D+i, que son materializados en un porcentaje muy significativo, con la ayuda de los estados, por las grandes multinacionales y por los fondos de inversión-riesgo controlados por el sistema financiero-especulativo en un porcentaje altísimo. Además, la avanzada aplicación de nuevas tecnologías y de las TIC, y el aumento de las productividades correspondientes, tienden a disminuir de manera general la demanda de trabajo, fundamentalmente en los países desarrollados ante el traslado por las multinacionales de las actividades productivas intensivas en mano de obra a terceros países, que aplican un claro dumping laboral y ambiental. La imprescindible cohesión social exigiría un reparto del trabajo que implicara una distribución más equilibrada de las ganancias de productividad entre el empleo y el capital para hacer posible incrementar la remuneración por hora trabajada; reparto que debería ser gestionado por los estados, pero que es difícil de materializar con la capacidad de poder e influencia del capital. Pero que es una de las medidas imprescindibles para frenar la creciente tendencia a las desigualdades y a potenciales conflictos sociales.

En este marco, la conveniente reindustrialización en un país como España, que le sacara de su dependencia energética y excesiva polarización en los servicios turísticos, en la construcción y en la industria dependiente de ésta y de las multinacionales del automóvil, debería centrarse necesariamente en la promoción local y regional de los mercados de producción y consumo locales, de la industria 4.0, con un papel creciente y prioritario de la I+D+i en los tres ámbitos antes señalados(TIC, biogenética y medioambiente), y en la promoción de la economía del conocimiento. La educación continua, que sepa conjugar formación humana con la adecuación a las nuevas necesidades tecnológicas, es un elemento básico de futuro, cuya regulación debería ser consensuada y acordada por la inmensa mayoría de las fuerzas sociales en el ámbito regional y estatal.

Aunque en el marco de distribución del poder real global, es prácticamente imposible el cambio de modelo desde un único país, comunidad autónoma o ayuntamiento, sí es posible el avance hacia situaciones de mayor sostenibilidad, promoviendo desde las administraciones públicas políticas que favorezcan la transición hacia una economía más local en la satisfacción de las necesidades de sus ciudadanos, sobre todo en materia energética (energía distribuida local), movilidad sostenible, eficiencia energética territorial, urbana y edificatoria (bioclimatología), y aplicación de las numerosas “buenas prácticas” existentes en muchas ciudades y territorios, que se han demostrado óptimas para la mejora marginal de la sostenibilidad y del bienestar de los ciudadanos. Sólo con la demostración de que esa mejora del bienestar (salud, ambiente, trabajo satisfactorio y estable con salarios adecuados, independencia de la sociedad de consumo para satisfacción de las necesidades básicas, etc.) es posible bajo pautas distintas de las de la sociedad capitalista de consumo, se podrá avanzar hacia una conciencia social que imponga cambios democráticos a nivel global, que eviten el deterioro progresivo de la sociedad del bienestar en países como España, y que viabilicen la mejora compatible del bienestar del resto de países en desarrollo del conjunto del planeta, sin llevarnos a conflictos traumáticos para la humanidad.

El votar por partidos que permitan gobiernos progresistas de izquierda es el primer paso para viabilizar los cambios necesarios. El triunfo de partidos como el “partido popular” o “ciudadanos” nuevamente nos arrastraría a cuatro años de aumento de las contradicciones, pérdida de bienestar de la mayoría, y mayores exigencias y sacrificios en legislaturas posteriores para corregir las nuevas dinámicas insostenibles y de minorías esperables de los mismos.