Pero hay un sector al que aún no ha llegado esta filosofía donde operan entidades que no siendo empresas –las ONGs- en muchos aspectos se comportan como tales. Nos referimos a los servicios sociales. Quizá globalmente estos servicios se encuentran en una fase anterior: la de la necesidad de evaluación. Disponemos de infinidad de programas en materia de exclusión social, menores, violencia de género, drogodependencias, cooperación, inmigración, tercera edad, etc., que sólo son relativamente bien conocidos por su sector especializado, pero carecemos de una evaluación global científica del conjunto que facilite la valoración social y política de las necesidades sociales. Digamos que “los árboles no dejan ver el bosque”. Una consecuencia de esa situación es que, a veces, resulta difícil asignar recursos y establecer prioridades.

No es que la evaluación y las políticas de I+D+I vayan a acabar por sí solas con esta situación, pero sí pueden contribuir a alcanzar los objetivos de racionalizar y priorizar los programas más eficientes, basados en investigaciones rigurosas y que aporten elementos innovadores, a la vez que ayuden a conocer y a ponderar las necesidades de la sociedad del S. XXI.

Para ello los servicios sociales han de convertirse definitivamente en derechos de los ciudadanos, contando con una financiación suficiente de los presupuestos públicos ordinarios (sin excluir iniciativas privadas) e ingresar en el campo de la ciencia y la tecnología, alejándose de planteamientos voluntaristas (no nos referimos al voluntariado) y caritativos. Ni más ni menos que como el sector sanitario. Eso sí, sin olvidar que las ciencias humanas no son exactamente iguales que las naturales, que las innovaciones tecnológicas a veces serán informáticas y otras estarán basadas en métodos y procedimientos educativos, psicoterapéuticos, rehabilitadotes, preventivos, que tienen mucho que ver con las técnicas de información y comunicación “humanas” TIC(H).

Una pieza clave de este puzzle son las ONGs de acción social. Estas entidades no lucrativas ejecutan en la práctica una parte importante de la política social de las administraciones públicas y representan un sector cada vez más pujante a nivel económico y de empleo. No es fácil obtener cifras actualizadas pero la Secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcárcel, ofrecía a finales del 2006 el siguiente perfil a través de Europa Press:

“El número de ONG de acción social ronda la cifra de 15.000 y benefician directamente a más de 20 millones de personas. Gestionan más de 112 millones de euros de la partida ministerial (más las partidas autonómicas, locales y las procedentes del sector privado), aportan un 1,1% bruto del valor añadido bruto total de la economía española y representan el 2% del empleo asalariado (400.000 trabajadores teniendo en cuenta las cifras de empleo de 2006)”.

Hay que añadir que el sector de los servicios sociales va a ser uno de los grandes generadores de empleo del futuro, particularmente en el área de la dependencia, y el importante papel que desempeñan las ONG de acción social como escuela de formación y campo de prácticas tanto para empleados como para voluntarios.

Si queremos avanzar en calidad, eficiencia y competitividad en el sector habría que adoptar medidas de apoyo y exigencia para estas entidades sociales. Una muy importante sería el desarrollo de una línea de I+D+I adaptada a las necesidades de las ONGs de acción social. Afortunadamente existen entidades sociales capaces de realizar evaluaciones e investigaciones de altísima calidad y otras muchas que innovan cada día aunque no aparezcan en revistas científicas (otro déficit). Como en otros sectores la tarea consiste en conectar la investigación con el desarrollo y premiar la innovación. También aquí la Universidad puede jugar un papel importante siempre que su participación se contemple bajo la perspectiva de la complementariedad y no del monopolio.

Para completar el cuadro general hay que reconocer algunas debilidades estructurales del sector sin cuya reforma será difícil avanzar. Dos de ellas son las siguientes: 1ª) No existe un modelo jurídico y de gestión ajustado a las necesidades del mercado. Muchas ONGs de acción social son entidades prestadoras de servicios evolucionadas a partir de antiguas asociaciones que no han modificado su estatuto legal ni sus objetivos fundacionales. De tal manera que cuando se comportan como asociaciones pueden perder eficacia empresarial y cuando se comportan como empresas pueden descuidar su vertiente ideológica y de representación ciudadana, además de ser acusadas de competencia desleal por las empresas tradicionales. 2ª) Las administraciones incurren con frecuencia en la tentación de utilizar a las ONGs como fórmulas baratas para la ejecución de sus programas.

Resumiendo: desde un punto de vista estratégico público conviene invertir en un sector con grandes perspectivas de empleo que, junto a otras entidades de la economía social, suma varios puntos del PIB nacional; entre el 7% y el 10% dependiendo del autor y de las entidades que compute. Corresponde a la Administración por una parte ordenar el sector y por otra desarrollar políticas que premien la calidad, la eficiencia y la innovación como formas seguras de añadir valor, de pasar del modelo de subcontrata barata al de entidades solventes, socialmente y económicamente rentables.