El turismo es una de las actividades económicas más importantes en España, pero poco a poco, va perdiendo relevancia a nivel nacional. Según las cuentas satélite del INE para el turismo en España, en 1999 éste aportaba el 12% del PIB español y el 10% del empleo, considerando los efectos directos e indirectos asociados a esta actividad. En 2007 las cifras se habían reducido al 10,8% y al 7,3% respectivamente; y, en 2009, el porcentaje había caído al 10% del PIB, concentrándose dos terceras partes del consumo turístico total en el transporte (del orden del 33%) y en el alojamiento (del orden del 30%), aunque el empleo habría podido subir al 11,3% del total nacional según los datos del Instituto de Estudios Turísticos.

En las últimas tres décadas, el liderazgo de España en los mercados internacionales se ha basado en promover un turismo de masas asociado al atractivo del “sol y playa”, con precios del paquete turístico cercanos a los costes de producción y que no internalizaban los costes externos generados por esta actividad. A lo largo de los años setenta y ochenta, los reducidos precios relativos (bajos coste de vida, salariales y de inputs que se corregían periódicamente a la baja con la devaluación de la peseta) multiplicaron las cifras de turistas. En la década de los noventa, y hasta la entrada en vigor del euro, a los aspectos anteriores se les unía la inestabilidad política y militar de los países potencialmente competidores del Mediterráneo oriental. Desde mediados de la primera década del presente siglo, las ventajas económicas comparativas han ido desapareciendo, y la mayor estabilidad en el oriente Mediterráneo estaba atrayendo cuotas del mercado turístico con anterior destino a España, si bien en 2011, la nueva inestabilidad en el norte de África ha vuelto a dinamizar la demanda hacia España desde la perspectiva de la afluencia de visitantes; pero los precios de alojamiento y reservas continúan siendo los del 2010, que implicaron una fuerte rebaja sobre años anteriores, y tanto ingresos como días de estancia distan de ser óptimos para el adecuado funcionamiento del sector.

Tras el record de visitantes extranjeros de 2007, con una cifra cercana a los 60 millones, se ha producido una caída en esta cifra (que no ha revertido hasta este año 2011) a la vez que se dibujaba una tendencia al incremento de la estacionalidad en el turismo costero y a disminuir la estancia media en hoteles, en parte ligada al repunte del turismo cultural y de negocios, normalmente con menores días de estancia media. Complementariamente, la demanda de origen español presenta una menor estacionalidad, pero está cada vez más ligada a la cultura del “low cost”, esperando a las ofertas de última hora, centrándose en viajes de pequeño recorrido, en coche, y utilizando las viviendas de familiares o amigos como alojamiento.

En paralelo, España ha experimentado un crecimiento en la oferta de alojamientos hoteleros, con una tendencia hacia establecimientos de mayor categoría (hoteles de cinco y cuatro estrellas oro), con una mayor diversificación de tipologías, con la consolidación y ampliación a numerosas zonas del territorio español de los alojamientos de turismo rural, con una mejora de la oferta de ocio complementaria y con una sensible mejora de la restauración, que en la última década ha llevado a la cocina española a ser una de las mejor valoradas a nivel mundial. Pero también se ha incrementado la urbanización y oferta de viviendas con uso turístico que, unidas a la mayor oferta hotelera, han llevado a un modelo en el que se superponen de forma desordenada una oferta no reglada de alojamientos en apartamentos y segundas residencias, con otra hotelera y en apartamentos u otros tipos de alojamientos reglados, que, juntas, han generado crecientes costes ambientales sobre el territorio, han excedido su capacidad de uso (y la de las propias playas en épocas punta) y han favorecido la progresiva degradación de los precios (por sobre-oferta de alojamientos en la playa), de la calidad de la oferta turística (por reducción de márgenes) y de los gastos por turista (por una demanda de menor poder adquisitivo) que también incide en la reducción de ingresos en el sector de las empresas de ocio (parques temáticos, golf, etc.).

La promoción del turismo económico ha aumentado los visitantes, pero también la demanda de servicios de baja calidad y la disminución de la rentabilidad conjunta del sector, reduciendo los ingresos disponibles para la necesaria renovación de la oferta hotelera y de los servicios y calidad de los espacios de las zonas turísticas. Así, las áreas turísticas históricas del litoral mediterráneo y de las islas, después de 40 años de continuo crecimiento y expansión del turismo de masas, han entrado en una fase de madurez que se refleja en un deterioro del ambiente y del entorno, y en un menor peso relativo de los segmentos de demanda con mayor valor añadido.

Desde la perspectiva territorial, buena parte del actual modelo turístico español es el resultado de un proceso de desarrollo desordenado, iniciado en los años sesenta con una urbanización y ocupación del territorio que se materializaron al margen y por encima de la planificación territorial (en aquellos escasos casos en que existía) y urbana. En muchas zonas de España se ha promovido un turismo muy identificado con el negocio inmobiliario, lo que ha generado una ocupación extensiva del territorio que ha priorizado a los veraneantes en segundas residencias, con peores efectos que el turista alojado en hoteles, ya que reiteradamente se ha demostrado que, a igualdad de número de plazas, la opción hotelera genera menores impactos ambientales, y del orden de doce veces más renta y de ocho veces más empleo que la opción de la segunda residencia. Pero hasta la llegada de la democracia, el negocio especulativo del suelo y la transformación del modelo turístico en un modelo de masas, propiciaron la continuidad de un modelo intensivo de ocupación del territorio con criterios de cantidad, que subordinaba la calidad y la visión a largo plazo al beneficio urbanístico y económico a corto. La llegada de la democracia y la crisis de la burbuja especulativa que se produce en 1979, significaron un relativo paréntesis en el proceso, que se volvió a reactivar en 1986, hasta 1992, y nuevamente en 1998 hasta 2007, como resultado de políticas autonómicas específicas que, como las de la Comunidad Valenciana, entendían, en la práctica, el desarrollo turístico como sinónimo de crecimiento de la oferta de plazas en viviendas y apartamentos turísticos, sin más límites que la propia disponibilidad de suelo con posibilidades de urbanización y susceptible de colocarse en el circuito de la comercialización turística. Una línea de actuación que implica el incremento desproporcionado de una oferta rutinaria e indiferenciada, la transformación de áreas de singular valor medioambiental y paisajístico, y la pérdida de oportunidades para configurar productos turísticos de elevado valor añadido.

El proceso, abandonado a las iniciativas municipales, y basado en la espiral de una urbanización que incrementaba sustancialmente los recursos financieros municipales, ha encontrado un freno y la apertura de una grave nueva etapa con el estallido de la burbuja inmobiliaria lo soportaba. Ahora, los ayuntamientos han visto cortados de raíz sus ingresos, pero se encuentran con una gran extensión de viales, jardines, mobiliario urbano, y servicios de energía, agua, etc. que han de mantener, pero para lo que no disponen de nuevos recursos por la extensión de la urbanización para su mantenimiento. El resultado es un paisaje de urbanizaciones con edificaciones abandonadas o a medio construir, de infraestructuras sin uso y en creciente grado de deterioro, y de servicios municipales que empiezan a presentar graves procesos de pérdida de calidad, con las inevitables consecuencias negativas para el entorno.

Un mal entendido desarrollo turístico ligado a una ocupación intensiva de suelo ha convertido este suelo en un recurso escaso; no ha respetado los espacios naturales, el paisaje ni los equilibrios ambientales de zonas con elevados atractivos turísticos, lo que ha producido un deterioro de nuestro patrimonio, costas y playas; ha degradado el territorio en sus potencialidades productivas alternativas; ha intensificado desequilibrios estructurales (déficit hídrico y energético, fundamentalmente); y ha incrementado los desequilibrios entre el interior y el litoral. Todo ello ha dañado el patrimonio que servía para atraer un turismo de “calidad”, que es sustituido por un turismo “en cantidad”, pero de mucha menor capacidad adquisitiva y más vulnerable a las crisis económicas.

En el siglo XXI España afronta fuertes cambios estructurales que condicionarán el funcionamiento de los destinos costeros y su competitividad como espacios de ocio para el mercado interno y externo. El encarecimiento de la energía va a ir acompañado de un encarecimiento paralelo del transporte que no va a dejar de tener repercusión sobre la afluencia vacacional a nuestras costas y, muy particularmente, sobre la de fines de semana y puentes. La crisis y el inevitable empobrecimiento relativo que va a significar para las sociedades en ajuste fiscal, van a implicar una salida al mercado de actuales segundas residencias, que van a presionar en una bajada de precios y en una rémora adicional para la regeneración de las áreas degradadas. En sentido contrario, el cambio climático puede tender a ampliar la temporada turística basada en el sol y playa, a la primavera y el otoño, disminuyendo la fuerte estacionalidad del sector, pero también probablemente presente una incidencia acusada en la reducción de las playas y en la frecuencia de desastres sobre una línea de costa excesivamente expuesta a los temporales por la ocupación histórica de lo que debería ser dominio público marítimo-terrestre. Adicionalmente, la creciente oferta cultural de calidad, la oferta ligada a acontecimientos deportivos en los que España mantienen una imagen destacada, y los apoyos de la administración a la creación de oferta de alojamiento y complementaria en el medio rural, pueden llegar a ser elementos que favorezcan un turismo sostenible y territorialmente equilibrado, si se conciben como tales en las necesarias estrategias de desarrollo territorial de las administraciones implicadas.

España sigue teniendo un elevado potencial de atracción residencial de población del norte de Europa en los espacios litorales y prelitorales, si es capaz de no deteriorar sus condiciones paisajísticas y su excelente renta de situación para este mercado, y de regenerar y reconvertir espacios maduros deteriorados por el modelo de turismo masivo y barato que habría que reconducir. Pero el incremento de esta oferta residencial no puede dejarse al albur de las decisiones municipales ni abandonarse a un modelo liberal de uso del suelo que olvide las consecuencias sobre la sociedad, el entorno y los recursos naturales y paisajísticos de este tipo de actuación.

Los riesgos de una evolución futura negativa han llevado a que todos los representantes oficiales implicados más o menos directamente en el sector hablen, cada vez con mayor frecuencia, de la necesidad de un “desarrollo turístico sostenible”. Así se hace prácticamente en los programas de todos los partidos políticos. Pero lo que se hace realmente a fin de coordinar las actuaciones de las distintas administraciones y de los principales agentes del sector para avanzar significativamente en esa dirección, es claramente insuficiente, pese a que actuaciones como el proyecto de reconversión de la Playa de Palma, o el Plan de Reconversión de San Bartolomé de Tirajana, debieran servir de referencia para otros ámbitos; o que la aprobación de normas para impulsar las inversiones en la renovación de instalaciones turísticas y de su entorno, marcan un camino positivo en la revalorización de la oferta turística y en la promoción de un modelo turístico alternativo. De hecho, se ha demostrado en distintas ocasiones cómo las zonas turísticas que presentan mejor comportamiento son las de una oferta diferenciada, localizada en espacios bien urbanizados, donde el turista puede disfrutar de un entorno cuidado y de zonas de esparcimiento y de ocio de calidad.

Una política coherente con los objetivos de que el turismo constituya un sector estratégico y estable en el empleo y en su aportación a un desarrollo territorial sostenible y equilibrado, exige la opción por medidas a largo plazo que reviertan una dinámica centrada en batir records de visitantes y no en incrementar la productividad del sector por la vía de la calidad de los servicios y del entorno. Avanzar hacia ese objetivo requiere una corrección de la estacionalidad de la demanda y del gasto medio diario, mediante la progresiva mejora de la calidad integral de la oferta turística a lo largo de todo el año. Esta mejora, asociada a procesos de regeneración urbana, territorial y ambiental, que deben reemplazar a la construcción de nuevas unidades de alojamientos, tanto hoteleros como residenciales con destino a la segunda residencia o a la oferta extra-hotelera, puede implicar una oferta laboral que compense el creciente número de desempleados del sector de la construcción, y servir para atraer a una demanda turística más exigente, de calidad y generadora de mayor valor añadido y de un empleo más estable a largo plazo. En este sentido se considera fundamental:

1. Corregir la deficiente ordenación y gestión del territorio por parte de las tres administraciones, particularmente por la autonómica, como principal competente en esta materia, así como la falta de coordinación y concertación entre ellas. Hay que ordenar y gestionar el territorio desde una perspectiva global e integradora, donde los valores ambientales condicionen el diseño y expansión de nuevas instalaciones y la regeneración de importantes áreas degradadas. No se puede promover un urbanismo que degrade los atractivos turísticos, ni mantener la filosofía liberal que propugnó la legislación estatal de 1998, supuestamente generadora de crecimiento y afortunadamente superada en la legislación estatal actual, en la que todo el suelo que no contara con protección específica era urbanizable. En muchas comunidades autónomas, curiosamente gobernadas por la misma filosofía que inspiró la anterior ley (Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia,…) sigue vigente una visión que añora los años de especulación urbanística descontrolada que tanto daño ha contribuido a hacer al territorio, a la economía y a la propia sociedad, con consecuencias en los niveles de paro que estamos percibiendo de forma clara en la actualidad. Sigue existiendo una creciente ocupación del territorio por la urbanización y se sigue promoviendo un planeamiento urbanístico claramente expansivo que tiende a colmatar el territorio. En ese sentido, por ejemplo, las expectativas y deseos de las corporaciones municipales del litoral valenciano prácticamente llevan a que el 65% de la superficie de los municipios litorales valencianos pueda llegar a ser urbanizado.

2. La expansión desproporcionada de apartamentos y segundas residencias es la que genera una mayor huella ecológica relativa, la que genera mayores desequilibrios a corto y medio plazo y la que más incide sobre la sostenibilidad de los recursos más escasos: agua, suelo, calidad ambiental y paisaje. Pero es también una de las fuentes principales de financiación de unas administraciones locales, en muchos casos de tamaño y capacidad de gestión mínima pero con plenas competencias urbanísticas, lo que hace que se tienda a una expansión urbanística en muchos casos insostenible. Por ello sería urgente reformar la estructura actual municipal (o sus competencias urbanísticas) así como el sistema de financiación de las haciendas locales, asegurando que los Ayuntamientos obtengan la financiación que necesitan por medios distintos a los de la ampliación de la urbanización y de la edificación, para lo que deben tener asegurado el equilibrio presupuestario al margen de los ingresos derivados de éstas, siendo recomendable que las contrapartidas por convenios urbanísticos, o las tasas por licencias desaparezcan, se reduzcan drásticamente, o pasen a engrosar los presupuestos autonómicos.

3. En un marco en el que a la crisis económica global resultado de la especulación financiera internacional, se une la crisis asociada al estallido de la burbuja del anterior modelo urbanístico-especulativo, y las exigencias de ajuste fiscal a nivel europeo, son reducidas las posibilidades de que las administraciones públicas dispongan de recursos para la inversión nueva o de reposición con los que contribuir a la necesaria regeneración, restauración y mejora de la calidad de los entornos naturales y urbanos degradados, modificar el modelo basado en la urbanización expansiva, e incrementar la sensación de seguridad y bienestar de los turistas y residentes, particularmente en el campo sanitario. Por ello, es preciso financiar las actuaciones necesarias para mantener la calidad ambiental a través de un impuesto específico finalista, que cubra los importantes gastos que deben tener los ayuntamientos y comunidades autónomas por estos motivos, y que actúe sobre los beneficiarios más directos del proceso turístico: turistas y empresarios directos o indirectos del sector (no hay que olvidar que el alojamiento es sólo una tercera parte del presupuesto de un turista). La ecotasa balear fue una buena práctica, pero no es aplicable de manera general a todos los territorios, dada la pequeña participación de las estancias hoteleras sobre el total del sector en algunos de ellos. Una buena alternativa sería una tasa sobre el IBI de todas las edificaciones y viviendas, que sea deducible para la vivienda propia de los residentes en el IRPF.

4. Los procesos de regeneración urbana, energética y ambiental, junto a una reconversión turística de calidad pueden ser nichos de empleo muy significativos que sirvan para acoger a contingentes importantes de población cualificada y de mayor productividad. La diversificación de unos servicios de calidad turística junto a una mayor calidad y peso en los servicios hoteleros pueden definir una estructura más diversificada, estable y demandante de un empleo también estable y cualificado que permita estabilizar el peso directo e indirecto del turismo en el conjunto de la economía española. Con ello lograremos contribuir a un futuro que requiere la urgente previsión y control de riesgos, así como la definición de nuevas estructuras territoriales, económicas y sociales que den estabilidad y eviten los fuertes vaivenes en el empleo entre las fases de expansión y las fases de recesión de los ciclos económicos. Ello es posible en el marco de una regeneración de espacios que afronte, prevenga y se adapte a los nuevos escenarios impuestos por la crisis energética, socioeconómica, climática y ambiental que se perfila en el horizonte. Pero los cambios estructurales y la regeneración urbana y territorial exigen plazos dilatados, por lo que o se inician urgentemente los procesos señalados o las crisis y sus graves consecuencias socioeconómicas se harán sentir de forma cada vez más grave sobre la sociedad.

5. En paralelo a la mejora, regeneración y restauración de los entornos urbanísticos y paisajísticos es preciso potenciar los planes de mejora de calidad en el sector turístico para mejorar la competitividad, atraer un turismo de mayor poder adquisitivo y mejorar su gestión ambiental. La reestructuración de la oferta potenciando el alojamiento hotelero en hoteles de calidad superior, sólo se puede conseguir en un entorno donde los nuevos principios de calidad total y ambiental (en la inversión, en el funcionamiento, en el mantenimiento y en los residuos) vayan acompañados de un entorno socioeconómico de similares características. La apuesta debe ser decidida e implicar a todas las administraciones y agentes sociales.