En este contexto conviene distinguir entre la Política y los políticos. Es evidente que para preservar la democracia resulta imprescindible reivindicar la dignidad de la Política como actividad necesaria y noble tendente a la búsqueda del bien común, y a la satisfacción del interés general por encima de los intereses particulares. Desde esta óptica no debemos caer tampoco en el tópico “son todos iguales” o “todos los políticos roban”. Se trata de acusaciones tan falsas como injustas. Muchos políticos desempeñan correctamente su función. Pero otros muchos han incurrido en comportamientos y prácticas absolutamente inaceptables. La dignidad de la política resulta incompatible con esas conductas. Y ello por la razón evidente de que el liderazgo político exige excelencia y ejemplaridad. Como decía Bernard Crick (‘En defensa de la política’, 1962) un elemento fundamental de la política es la persuasión: “Parte de la persuasión consiste en dialogar, la otra es dar ejemplo”. ¿Qué ejemplo dan a los ciudadanos los políticos relacionados con la trama Gürtel, que han aceptado regalos de diversa cuantía, o los que han recibido sustanciosos sobresueldos? ¿Qué ejemplo proporciona un partido político que se financia ilegalmente?
La respuesta de los afectados es invariablemente la misma, y se limita a constatar que no han cometido delito alguno. Desde esta óptica, salvo que sean procesados y condenados por un Tribunal penal, la mayoría de nuestros dirigentes políticos no se ven en la obligación de dimitir. La responsabilidad política desaparece y se confunde con la responsabilidad jurídico-penal.
Compárese nuestra situación con la de otros países en los que la democracia sí que funciona. Baste recordar tres ejemplos muy recientes extraídos de la vida política alemana y británica. En Alemania se descubrió que un ministro había plagiado parte de su tesis doctoral. Inmediatamente se vio obligado a dimitir. Copiar una tesis no es ningún delito. El ministro no había cometido un ilícito penal. No fue condenado (ni siquiera imputado) por un juez. Pero dimitió porque copiar una tesis es inmoral. Y porque ese comportamiento al no ser ejemplar inhabilita a la persona que incurre en él para desempeñar un cargo público. Dicho con mayor claridad: quién copia una tesis no es digno de ser ministro.
Segundo ejemplo. En Alemania se tuvo conocimiento de que el Jefe del Estado había recibido un crédito en condiciones ventajosas. Ante esa noticia –y con independencia de que posteriormente hubiera que analizar si ese trato de favor era o no constitutivo de algún delito- el Presidente federal alemán dimitió. Y lo hizo porque esa conducta le inhabilitaba para ocupar el supremo cargo representativo de Alemania. Dicho con toda contundencia: quien acepta tratos de favor no es digno de ser Presidente de la República.
Tercer ejemplo. En el Reino Unido se descubrió que un ministro había intentado fraudulentamente eludir el pago de una multa de tráfico. También en este caso se vio obligado a dimitir. El canon de exigencia en Inglaterra es muy alto. Es evidente que el ministro no cometió ningún delito, pero no lo es menos que su comportamiento tampoco puede ser percibido como ejemplar. Se consideró, acertadamente, que no era digno de ser miembro del Gobierno británico.
Estos tres casos –y otros más que podría traer a colación- muestran el vigor de la democracia alemana e inglesa, y la fortaleza moral de sus instituciones, y contrastan con la degradación de la vida política que padece España. En aquellos países, quien copia, quien recibe créditos ventajosos, quien elude el pago de multas…, etc. no es digno de ocupar funciones públicas. Por el contrario, aquí ha triunfado la tesis de que para ser Presidente o Ministro del Gobierno de España o Presidente de una Comunidad Autónoma, basta con no haber sido enviado a prisión por un Tribunal de Justicia. En aplicación de esta perversa teoría que confunde las responsabilidades políticas con las jurídico-penales, ningún político se considera obligado a dimitir por más inaceptables e intolerables que hayan sido sus comportamientos desde de un punto de vista ético. De esta forma el nivel de exigencia ética de nuestros políticos es mínimo. Ninguna conducta por reprobable que sea les lleva a dimitir, salvo que, como he dicho, sea calificada de delictiva por un tribunal. A nadie puede sorprender que la degradación de la vida política haya alcanzado niveles insoportables, y el prestigio de los políticos y de las instituciones esté bajo mínimos.
En este contexto la combinación del caso Bárcenas, con la trama Gürtel, y la financiación del Partido Popular durante los últimos años, se configuran como uno de los episodios de corrupción política más graves de nuestra reciente historia. El caso afecta directamente al Presidente del Gobierno que no ha dado todavía explicación alguna sobre su apoyo a Luis Bárcenas con posterioridad a conocerse su fortuna oculta.
Pero ni Rajoy ni ningún dirigente del PP han asumido responsabilidad política alguna por uno de los mayores escándalos de corrupción vividos en España y lo que es más grave, el PP utiliza su mayoría absoluta para bloquear sistemáticamente cualquier iniciativa de la oposición para debatir un tema que afecta a la credibilidad internacional del país. El Parlamento, cuya razón de ser es controlar la acción del Gobierno, se ve privado así de la posibilidad de ejercer su función básica.
En definitiva, si los dirigentes políticos, empezando por el Presidente del Gobierno, no asumen sus responsabilidades y utilizan la mayoría parlamentaria para impedir que la oposición se las exija, debemos concluir que nuestra democracia atraviesa una situación crítica. Si al bloqueo del sistema político, añadimos una situación económica y social caracterizada por el desempleo masivo, los recortes en las prestaciones sociales y el incremento de las desigualdades, el resultado final podría suponer una crisis global de la legitimidad del sistema de consecuencias tan peligrosas como imprevisibles.
