A pesar de que la publicación de más información sobre corrupción influye en la percepción de los ciudadanos, que tienden a pensar que hay más corrupción de la que creían, España no está corrompida sin límites por las comisiones ilegales, el robo organizado, el desfalco del erario público o la financiación irregular de los partidos. Más aún, la corrupción no es un alien que ha engullido al conjunto del sistema constitucional, sino una excepción en el mismo, por muy exasperante que nos resulte el solo hecho de que se registre un único caso.

Conviene no equivocarse y merece la pena evitar que la opinión pública lo haga. Sí, porque conducida por la indignación y la información a bulto y en primera página sin mayor comentario, la ciudadanía puede terminar pensando aquello de que todos son iguales y es el sistema mismo el que está gangrenado sin solución.

Y no es así. Hay que decir que los casos están aflorando más gracias a la lucha contra una corrupción que antes permanecía oculta, a los mayores medios materiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, a las mayores exigencias y controles legales y también a la voluntad del gobierno de la nación de acabar con ella de la mano de unos ciudadanos que reclaman más información y persecución de los corruptos.

Dicho esto, la democracia no puede permitir que ningún interés de grupo dirija el rumbo de cualquier administración conforme a su interés exclusivo, sin atender el bien público, por mucha legitimación de origen que tenga a través del voto, de la aprobación de una oposición o de su posición en cualquier entramado de empresas.

Lo primero que debe funcionar, como siempre, es la presunción de inocencia. Lo segundo, que cada cual tenga un juicio justo. Lo tercero, que el culpable reciba la sentencia correspondiente a su delito. Ni más ni menos. Pero eso vale para cada una de las situaciones.

Sabido es que no existe en democracia la posibilidad de encausar por un delito a un colectivo, pues las responsabilidades son únicamente exigibles a las personas. De ahí que sea necesario reclamar a los periodistas y a los políticos que midan sus expresiones y no adjudiquen culpas globales sin identificar. Por ejemplo, que porque detengan al Alcalde de Santa Coloma de Gramanet, nadie en su sano juicio podría afirmar que Cataluña está corrupta, que el PSC ampara los delitos que en su día le impute el juez o que todos los alcaldes son de parecida jaez.

De ahí que, ante lo que viene sucediendo y ante unos ciudadanos que consideran que los gobiernos no son efectivos en la lucha contra la corrupción, a los responsables de la cosa pública, en el gobierno y en la oposición, pero también a la sociedad en su conjunto, se les deba pedir que, más que concentrarse en actuar de juez y parte o en descalificar al adversario como un todo, más que dedicarse a nadar en el fango siempre ajeno, se dediquen a lograr un Pacto Social contra la corrupción que establezca mayores controles a través de los plenos, parlamentos, autoridades judiciales, medios de comunicación y sociedad civil. Pero también mayor transparencia, marcos legales estrictos, una reglamentación más rigurosa y una participación más significativa de todos los miembros de la sociedad para conseguir niveles marginales de corrupción dentro de un marco de valores donde hay que desterrar el todo vale. Y aquí, en el ámbito de la política, hay que:

Primero, vigilar en las organizaciones para que ningún comportamiento sospechoso quede sin aclarar a tiempo, colaborando luego con la justicia en lo que corresponde, esto es, en no proteger a quien por sus actividades no lo merece en primera instancia para, eso sí, lapidarlo en la plaza pública cuando la situación se hace insoportable.

Segundo, no colaborar en el juego del “y tú más” o “esto no hay quien lo arregle” que demagogos, oportunistas y, en realidad, todo tipo de antidemócratas están prestos a poner en marcha en cualquier ocasión propicia para alejar las instituciones y la política de los ciudadanos. La corrupción es un problema de todos, que todos debemos combatir y nunca convertir en un arma arrojadiza contra el adversario político.

Tercero, fabricar y distribuir el mejor antídoto contra la corrupción, que no es otro que más y mejor democracia. Lo que implica acabar con las listas cerradas y bloqueadas en las que durante años se esconden quienes medran para sí sin rendir servicio alguno a la ciudadanía; poner en marcha todos los mecanismos de transparencia patrimonial de cualquier cargo público; controlar de forma más estricta y pública la concesión de licencias; introducir criterios de gestión transparentes que fomente la participación ciudadana; ampliar las competencias de las Comisiones Especiales de Control de la contratación y que una unidad de servicios internos pudiera depender exclusivamente de ella, a quien rendiría cuenta de sus actuaciones de comprobación.

Cuarto, democratizar al máximo los partidos, para que el debate, la discusión, la crítica, el control, la transparencia y la democracia sean la base de su comportamiento diario. Solo así los corruptos perderán su caldo de cultivo y su hábitat más preciado, aquel en el que los favores, las componendas y el amiguismo han sustituido a la libertad de opinar y la obligación de trabajar.

Así se acabará con la corrupción de unos pocos que, lamentablemente, ocultan el trabajo de unos muchos en una España que, repito, no es la Italia de “Tangentópolis”.