La primera lectura que se puede hacer de ese debate es que la contestación sindical y la convocatoria de una huelga general no han tenido- por el momento- ningún efecto sobre las reformas y, por lo tanto, tampoco sobre las medidas lesivas para los trabajadores puesto que el gobierno mantiene sus posiciones en el ámbito político, al margen del diálogo social. Por eso, la declaración de apoyo a los sindicatos de Zapatero en el debate carece de fundamento y contenido (“por los hechos los conoceréis”).

De la reforma laboral se ha dicho casi todo. Simplemente reiterar que ha sido merecedora, como nunca en democracia, de una huelga general- que los sindicatos han reafirmado después del debate- y que es posible que en la discusión del proyecto de ley en el parlamento se endurezca, de tal manera que pueda ser aprobada por el PP, haciendo si cabe mayores concesiones a los empresarios que se encuentran crecidos en medio de la crisis, al haber conseguido con la reforma que “el despido sea más fácil, más rápido, y más barato”.

Lo más lamentable de la situación creada con la reforma es que no resolverá, por mucho que se diga, los dos grandes problemas de nuestro mercado de trabajo: el empleo y la dualidad de nuestro mercado de trabajo; además de poner en grave riesgo la negociación colectiva al garantizar a los empresarios el descuelgue unilateral de los convenios colectivos.

Por eso hay que seguir debatiendo sobre la política económica que nos sitúe en la senda del crecimiento, revisando los estímulos fiscales y fomentando la inversión productiva, además de facilitar créditos a las empresas y familias, única manera de crear puestos de trabajo. Desde luego no lo haremos a través de las políticas de ajuste fiscal aprobadas, en coherencia con el discurso neoliberal vigente en la UE, según ponen de manifiesto todos los expertos que profesan ideas socialdemócratas.

En este sentido, sigue resultando cínico y lamentable que muy pocos hablen y se preocupen por el desempleo- ronda el 20 por ciento de los trabajadores- y en cambio se traslade través de los medios de comunicación, en buena medida controlados por la derecha económica, una mayor preocupación por la reacción de los mercados, cuando el desempleo representa un verdadero problema político, económico, y social, que afecta particularmente a los jóvenes y los parados de larga duración.

Otra víctima de la reforma laboral- y no es la menos importante- se refiere al retraso que está sufriendo el debate para preparar la salida a la crisis, a través del necesario cambio de modelo productivo, en el marco de una economía sostenible.

La reforma del sistema financiero no dice nada de la regulación de la banca- que evite que se repitan los problemas desencadenantes de la crisis-, ni de la morosidad y el inmovilizado del sector del ladrillo, ni de los paraísos fiscales, ni del impuesto sobre las transacciones financieras, ni tan siquiera de las retribuciones millonarias de sus gestores.

En la práctica, la reforma se ha convertido simplemente en la reforma de las cajas de ahorro- reivindicación histórica de la gran banca- encaminada, en primer lugar, a eliminar la representación política estableciendo la incompatibilidad de cargos electos para ser miembros de los órganos de gobierno de las cajas, además de limitar la participación de los representantes de la administración en los órganos de gobierno, con el argumento de que servirá para profesionalizar y democratizar las cajas de ahorros, algo inconcebible que confirma, sin fundamento, la prevalencia para algunos de lo privado sobre lo público. En segundo lugar permitirá captar capital privado a través de las cuotas participativas que contarán con derechos políticos, con la pretensión de reforzar la solvencia, abriendo también la posibilidad de trasladar el negocio a los bancos a los que habría que remunerar por su intervención, convirtiendo las cajas en simples fundaciones sin ningún control sobre los bancos.

El resultado- acordado con el PP y sin negociarlo con los interlocutores sociales- será la privatización a corto y medio plazo de las cajas de ahorro (“bancarización”) y resultará particularmente negativo para la obra social que quedará reducida a cenizas, en una primera etapa, hasta su desaparición final.

En definitiva, el decreto ley, que se ha aprobado por vía de urgencia, modifica la ley de órganos rectores de las cajas de ahorro (LORCA) y, lamentablemente, rompe el modelo social de las cajas, basado en el fomento del ahorro, en la atención a las familias y a las pequeñas empresas, y en su función social, a través de la obra social ligada al territorio, a la cultura, a la educación y a los más necesitados.

Con la reforma de las pensiones, además de congelarlas en el año 2011, se pretende alargar la edad de jubilación y aumentar el periodo de cómputo para establecer la cuantía de la pensión, que sufrirá un recorte en todos los casos. Esperemos que estas medidas se discutan a fondo en el Pacto de Toledo y previsiblemente en los procesos electorales que se avecinan, aunque no se esperan cambios a mejor. El gobierno ha confirmado que va a mantener su propuesta de retrasar la edad de jubilación a los 67 años (actualmente el 45% de las personas se jubilan antes de los 65 años y la edad media de jubilación real se establece en 63,7 años), suscribiendo lo que últimamente ha sugerido la comisión europea: que se retrase indiscriminadamente la jubilación hasta los 70 años en el año 2060, lo que demuestra desorientación, perplejidad, y escaso contacto con la realidad social de cada país, por lo que semejante medida a tan largo plazo sólo se explica en términos ideológicos. No podemos olvidar que el problema actualmente es mantener en su puesto de trabajo a un trabajador en torno a los 60 años, lo que requiere frenar el proceso de prejubilaciones abusivas, porque los empresarios, sin ninguna conciencia social, quieren por diversas razones sustituirlos- dicen que son más caros (antigüedad), tienen menos capacidad de trabajo, y menos formación- por trabajadores más jóvenes.

Los sindicatos reiteran que hay que seguir con la jubilación flexible y bonificada por encima de los 65 años y penalizada por debajo de ese límite, lo que resulta comprensible y ajustado a la realidad de las empresas y a la situación personal de los trabajadores (toxicidad, penosidad, y peligrosidad). La CEOE, por su parte, sigue insistiendo en la reducción de las cotizaciones a la seguridad social haciendo abstracción de los problemas que ello generaría a la sostenibilidad del sistema, con el falso argumento de crear empleo.

En todo caso, se echa en falta un debate serio, riguroso, y sin idas preconcebidas sobre la baja cuantía de nuestras pensiones, que se encuentran muy alejadas de los países de nuestro entorno (3 puntos del PIB por debajo de la media europea); la financiación de nuestro sistema de seguridad social- en ninguna parte está escrito que se tenga que financiar exclusivamente a través de las cotizaciones-; y la corrección del déficit en protección social (más de 6 puntos del PIB) que nos separa de la media europea, como sistemáticamente viene denunciando el profesor V. Navarro.

Finalmente nada se dice de la reforma fiscal que debería resultar obligada para reducir el impacto negativo de la crisis en la mayoría de la ciudadanía. Políticas relacionadas con el impuesto sobre el patrimonio, las SICAV, mayor presión fiscal a las rentas más altas y a las altas plusvalías, y la revisión de las deducciones y bonificaciones fiscales, entre otras medidas, han tenido una respuesta dilatoria del gobierno (“ahora no toca”), que pone patas arriba el reparto equitativo de la crisis. Lo mismo podemos decir de la necesaria lucha contra el escandaloso fraude fiscal (23%, según diversas fuentes) y la persecución de la economía sumergida- el gobierno no reacciona ante este grave problema-, que nos garantice mayores ingresos fiscales, desde la elemental justicia redistributiva, para combatir la crisis por el lado de los ingresos y no exclusivamente del gasto.

Las reformas aludidas, al amparo de la crisis, tienen un sesgo muy negativo para los trabajadores y, salvo los sindicatos y los partidos minoritarios de izquierda, no han sido contestadas en el parlamento. Los grandes ganadores siguen siendo los de siempre: la derecha política, la derecha económica, los empresarios, y los que especulan en el mercado. Los perjudicados también son los de siempre: la clase media y, sobre todo, los más débiles; además de la izquierda, los sindicatos, y la socialdemocracia, que han demostrado escasa capacidad de maniobra en nuestro país y, lo que es más grave, en el marco de la Unión Europea.

Por el momento, la contestación a estas reformas ha sido tibia- a la espera de la huelga general- lo que debe de hacer reflexionar a los sindicatos y a la izquierda, además de acrecentar su capacidad de información a la sociedad sobre las razones que justifican la movilización de los trabajadores.

Desde luego existen razones más que suficientes, y por lo tanto es de esperar, tarde o temprano, una respuesta firme y democrática- que debe ser respetada y asumida con naturalidad por los poderes públicos- a unas medidas que no tienen precedentes en los años de democracia. La sociedad civil, y particularmente los jóvenes, terminará reafirmando su vitalidad, su activismo, y su capacidad de respuesta en defensa del estado de bienestar social y en defensa de la consolidación de una sociedad democrática basada en los valores de la equidad, la solidaridad, y la justicia social; por supuesto, a partir de la defensa de los derechos adquiridos que con mucho esfuerzo han conquistado los trabajadores a través de la historia.