Su estrategia consiste en moverse bajo la coartada más o menos legítima del gran objetivo, para hacer caja en el día a día mediante el chantaje del terror y la desestabilización. Entre los gansters de ETA, el objetivo supuesto es la independencia y el socialismo, la meta real es el poder y el dinero, y el modus operandi es la extorsión, el secuestro y el asesinato.

¿Cuál es la misión de la sociedad democrática y de su Estado? Desenmascarar la estrategia para prevenir la más mínima legitimación social de los gansters, y aplicar toda la fuerza del Estado de Derecho para localizarlos, detenerlos, juzgarlos y encerrarlos. A veces, sin embargo, da la sensación de que la sociedad amenazada y sus instrumentos institucionales coadyuvan involuntariamente a hacer efectiva una parte de la estrategia terrorista. Por ejemplo cuando nos empeñamos en significar las categorías políticas bajo las que se disfrazan los terroristas, sean nacionalistas, independentistas, autodeterministas o abertzales. No, los gansters son simplemente gansters; delincuentes a los que hay que poner en manos de la justicia. Porque en la democracia española las ideas se defienden con la palabra, con la política y con las instituciones.

Otro ejemplo: cuando los gansters actúan, buscando la mayor proyección para su estrategia de desestabilización y chantaje, los demás solemos otorgar a estas acciones una dimensión social, política e institucional de carácter extraordinario. Los terroristas extorsionan, secuestran y matan con ánimo de lograr un impacto mayúsculo en la conciencia y el sentimiento de la población. Solo así podrá ser efectivo el chantaje para obtener la influencia y el dinero que persiguen. Pero si ante cada atentado terrorista, las instituciones paralizan su actividad, evidencian su tremenda consternación y se dejan filmar en múltiples ceremonias de dolor, de alguna manera se facilita la consecución del plan trazado. Si ante cada acto de violencia irracional, todos los medios de comunicación describen el hecho como una gran amenaza para la estabilidad de los cimientos de la convivencia, de cierta manera involuntaria se hace el caldo gordo al ganster.

Se trata, claro está, de un debate complejo en el que han de jugar un papel también las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y el respeto debido a las víctimas. Probablemente las fuerzas de seguridad agradezcan la colaboración ciudadana que se deduce de la tensión pública contra los violentos.

Los terroristas aplican su estrategia gansteril, y los ciudadanos de bien debemos aplicar la nuestra inteligentemente, a través de las instituciones de que nos hemos dotado para velar por nuestros derechos y libertades. ¿Merece la pena estudiar la posibilidad de rebajar el tono expansivo y dramático con que reaccionamos públicamente a los atentados terroristas?