De entre los datos para su optimismo puede citarse la previsión de la evolución a la baja de los salarios, que no sólo han venido cayendo año tras año sino que de nuevo, en 2014, lo volverán a hacer; de tal modo que lo más significativo de los mismos para las empresas, es decir, los costes laborales unitarios, disminuirán un 1,5% mientras que en Alemania, Francia e Italia aumentarán de promedio un 2,9%. Esa ventaja supondrá, según ellos, que el beneficio de las empresas en los dos próximos años por cada trabajador empleado se incrementará un 6,7%, en tanto los otros países sólo lo harán el 1,5%. Tienen, por tanto, motivos para sentirse felices con Rajoy, aunque no se entiende del todo bien, pues es sabido que tanta extorsión a los ingresos de la mayoría de los españoles y a su correspondiente capacidad de consumo afecta negativamente a la economía, a la producción y a las propias empresas.

Aunque ya está amortizada la última ocurrencia del señor Montoro afirmando, aparentemente en serio, que los salarios en España no bajan sino que se modera su subida, viene a cuento recordar semejante falsedad no sólo por lo que dicen estos ínclitos representantes del gran capital agrupados en la CEC, cuya prepotencia ha llevado a su presidente a pedir que se difunda el optimismo entre las PYMES “porque si alguien conoce la realidad de la economía española y su potencial somos nosotros”. Hay que recordarlo por otro dato al que no se le da todo el relieve que merece, como es que la distribución de la renta nacional ha pasado de repartirse de tal forma que si en 2009 un 54% iba a las rentas del trabajo y un 46% a las del capital, en el cuarto trimestre de 2012 lo era, respectivamente, del 49,6% y del 50,4%. En sólo tres ejercicios el diferencial –ocho puntos- ha sido absorbido con creces a favor de los excedentes empresariales.

Lo dicho hasta aquí es sólo una muestra más de lo que está pasando en este país en cuanto a justicia distributiva y a desigualdad. Si se le suma todo lo demás –bajada de las pensiones, de la protección por desempleo, de la atención a las personas dependientes, de los servicios sociales, del abaratamiento y facilidad para los despidos, etc. etc.- se entenderá también

mejor el porqué de la sistemática campaña de descrédito hacia los sindicatos, pues son, quiérase o no, el principal muro de contención frente a tales desmanes. En la medida que se les trata de deslegitimar, se demoniza su actividad y se propaga la desconfianza hacia ellos, se reduce su capacidad de respuesta y de movilización. No se trata de eludir la responsabilidad que puedan tener algunos de sus miembros en lo que hayan hecho mal. Pero se ha llegado a un punto en el que, por poner un ejemplo de actualidad, a los sindicatos se les niega hasta el derecho a percibir compensaciones por los cuantiosos trabajos técnicos y de asesoramiento que hacen en asuntos tan difíciles como los de la gestión de los ya famosos ERE. A todo el mundo le parece normal que las empresas recurran a costosos bufetes para gestionar su decisión de echar trabajadores a la calle o dejarlos más o menos tiempo en el paro. Pero el derecho y el deber de los sindicatos de intervenir para impedir arbitrariedades en la selección de los que se quiere despedir, defender el mantenimiento del empleo, evaluar económicamente las razones de tales ERE, examinar sus fundamentos jurídicos, calcular actuarialmente las compensaciones para cada uno de los trabajadores afectados y todo lo que conlleva de gastos de personal y de tiempo este tipo de procesos, se está presentando por una serie de comentaristas, diversos medios de comunicación y algún que otro miembro de la judicatura como sinónimo de corrupción, cobro de “mordidas” y demás descalificaciones al uso. Y eso, hay que repetirlo, no exonera de responsabilidad a quienes hayan mediado o hayan aprovechado la ocasión para meter en la lista de los afectados por un ERE a alguien al que no le correspondía o cometer alguna otra irregularidad inadmisible.

En parte por esa campaña antisindical y, sobre todo, por el miedo que el desempleo y la gestión de la crisis realizada por este Gobierno ha conseguido extender entre la ciudadanía, unido a una cierta dosis de fatalismo y resignación, lo cierto es que la respuesta social a tantas agresiones no tiene el nivel de contundencia que merece. No es de extrañar, pues, que los miembros del CEC rebosen optimismo.