El llamado grupo de los cien aprobó el manifiesto en un contexto económico recesivo y por lo tanto claramente desfavorable a nivel mundial y particularmente desfavorable en España con porcentajes de desempleo por encima del 17% (EPA, 1º trimestre), que todavía puede aumentar para situarse en torno al 20%.
No dejó de ser chocante este pronunciamiento cuando no hicieron nada parecido unos años antes cuando España crecía por encima del 4% y se situaba a la cabeza de la UE en la creación de empleo, precisamente con la misma legislación laboral que está vigente en estos momentos. Por eso, el documento fue considerado por muchos como oportunista y contraproducente para buscar un acuerdo, por ser claramente favorable a las tesis de la patronal y a los planteamientos económicos de corte neoliberal y conservador que son los causantes de la crisis que estamos sufriendo.
El pronunciamiento resultó también lamentable e inasumible para los sindicatos, que no aceptaron el manifiesto, negando que los trabajadores fueran los culpables de la crisis y la legislación laboral la causante de la misma y añadiendo que, con este tipo de contrato, se agravaría la situación del desempleo puesto que sería el despido más fácil y más barato.
En coherencia con la respuesta sindical, hace unos días se ha hecho pública otra declaración- en este caso de 500 expertos: catedráticos y profesores de derecho del trabajo, sociólogos, y economistas-, que pretende contrarrestar la influencia del grupo de los cien mostrándose contraria al contrato único y al despido más barato, lo que significa, además, posicionarse a favor de las tesis sindicales.
La declaración que comentamos: El trabajo, fundamento de un crecimiento económico sostenible, defiende una serie de ideas entre las que destacan a grandes rasgos las siguientes:
La legislación laboral vigente en España no es la causante de la crisis; sin embargo las consecuencias de la crisis golpean a los trabajadores, aumentando el desempleo y reduciendo los salarios y el poder adquisitivo de los que tienen empleo. Resulta evidente para todos que la crisis tiene un ámbito mundial y que se debe a la desregulación financiera y a la escasa eficacia de los bancos centrales en su tarea de supervisar a las entidades financieras, así como a la manifiesta irresponsabilidad de los informes de las agencias de calificación y de las grandes empresas de auditoría que nadie supervisa ni controla. Además de ello, mucho ha tenido que ver con la crisis el modelo de crecimiento basado en la especulación y la codicia puesta de manifiesto en la manipulación de los activos financieros y en el menosprecio de la economía real y de la fuerza del trabajo.
Esta situación, como es obvio, se ha visto agravada en España por el crecimiento desmedido del sector inmobiliario y de la construcción (el número de viviendas sin vender se sitúa en torno a un millón en estos momentos) y el nulo control sobre las entidades financieras en esta materia que han venido asumiendo riesgos excesivos en la financiación de la actividad inmobiliaria a cambio de grandes beneficios, lo que ha traído consigo un aumento considerable y desmedido de la morosidad que está afectando sobre todo a las Cajas de Ahorro.
La declaración comparte la necesidad de una fuerte y decidida intervención pública para salir de la crisis haciendo frente al endeudamiento del sector financiero con el exterior, facilitando así la circulación crediticia y la resolución de los problemas de solvencia de las entidades financieras.
En este sentido, los expertos hacen hincapié en el interés que tiene promover una red de entidades públicas- que acompañen al ICO como agencia financiera pública- con el objetivo de implementar la canalización de recursos económicos de una manera mucho más ágil y directa a la economía real superando los problemas de distribución de crédito a empresas, familias, y trabajadores autónomos, como ocurre en estos momentos. Principalmente, los recursos públicos deben impulsar además las políticas industriales, energéticas, de transportes, y de infraestructuras y medio ambiente generadoras de empleo, particularmente en las PYMES.
A medio y largo plazo, se plantean actuaciones para salir de la crisis que pasan por modificar el actual modelo productivo- apoyado en el uso intensivo del trabajo en precario, con empleos de baja remuneración y poco cualificados-, por un nuevo modelo basado en el diseño, la innovación, la investigación, y la cualificación profesional, que garantice la calidad del producto, un incremento de su valor añadido, y por lo tanto el aumento de la competitividad.
Por otra parte, la declaración es rotunda en la defensa de un principio básico: la centralidad y el valor del trabajo resulta clave y fundamental en una sociedad moderna y democrática puesto que es determinante para garantizar el progreso, la cohesión social, la libertad individual y la seguridad material. Resulta por lo tanto exigible que las políticas económicas tengan en consideración este principio que debe ser respetado y tenido en cuenta por los poderes públicos y los interlocutores sociales a todos los niveles, con el propósito de que el recurso al despido sea la última decisión que tome una empresa explorando antes otras posibilidades como son la reducción del tiempo de trabajo y el empleo a tiempo parcial entre otras medidas.
En coherencia con ello, la reforma laboral que se negocie en el marco del diálogo social- que está previsto relanzar después de las elecciones europeas y ante el escaso avance que se ha producido en el último año- debe facilitar este nuevo modelo de crecimiento y poner coto al abuso de la contratación temporal, el despido abusivo aprovechando la crisis, el escaso control de las subcontrataciones, el desprecio de las medidas de prevención de la salud en el trabajo, y el fraude que representa la economía sumergida. Además de garantizar en estos momentos la protección social a todos los trabajadores desempleados, que son los que más están sufriendo las consecuencias de la crisis junto a sus familias.
En este sentido, la política que se visualiza en la declaración no es otra que la potenciación y realce de la negociación colectiva para abordar fórmulas de flexibilidad interna negociada en los centros de trabajo, como viene sucediendo en los últimos meses en empresas con problemas derivados de la crisis (expedientes de regulación de empleo) y cuyo exponente más relevante es la SEAT y las empresas del automóvil en general. Ello requiere potenciar la articulación de la negociación colectiva y la vertebración y racionalización de la misma, a partir de las experiencias contrastadas en los centros de trabajo y en base a los convenios nacionales de sector; sin desconocer que ello exige contar con sindicatos fuertes con presencia, implantación, y capacidad real de negociar con eficacia en los sectores de producción y de servicios y, por prolongación, en los centros de trabajo a todos los niveles, como ocurre en los países más avanzados de la UE.
Además de todo ello, se deben poner en marcha cambios estructurales que traigan consigo una economía más competitiva y, como consecuencia, un trabajo decente, más cualificado, más productivo, y con derechos. Cambios estructurales que impidan la disminución salarial, la precariedad laboral, y el abuso arbitrario del despido, porque estas medidas que se plantean por algunos empresarios no harían más que agravar la situación de los más desfavorecidos sin resolver los problemas derivados de la crisis.
Y, desde luego, se debe tener en cuenta que cualquier reforma laboral que se plantee no puede partir del principio de que los sindicatos deben aceptar recortes de los derechos laborales y sociales para salir de la crisis y de que la eliminación del abuso en la contratación laboral requiera necesariamente renuncias y concesiones de los sindicatos; es más, resulta inmoral plantearlo e irresponsable y provocador hacerlo en un clima potencialmente conflictivo, tanto en términos políticos como sociales, con más de cuatro millones de parados y cerca de un millón de desempleados sin prestación por desempleo, con el drama que esto representa para sus familias. Por otra parte, no debemos olvidar que los empresarios no contratan en función de si la legislación laboral es más o menos favorable a sus intereses, sino cuando de verdad lo necesitan en base a la demanda de sus productos, y eso sólo se producirá en una senda de crecimiento sostenido de la economía.
.En todo caso, por expertos que no quede. Como se ha demostrado, una vez más, los expertos también tienen ideología y posición política a pesar de que se autodenominan como independientes; por eso se descalifican quienes utilizan sus informes como arma arrojadiza para defender una determinada opción política, económica, o social. Para ese viaje no se necesitan alforjas.
