Si en el año 1975 las mujeres españolas tenían una media de 2,73 hijos, desde la transición política se produce una progresiva caída de la fecundidad, alcanzando su nivel más bajo en el año 1998, con un total de 1,16 hijos por mujer. A partir del año 1999 repunta ligeramente, de forma que, con datos del año 2008, según resaltaba recientemente el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de fecundidad se sitúa en 1,46.

¿A qué obedece este descenso de la natalidad tan estricto en nuestro país?, ¿no es una componenda que deseando las parejas y mujeres en edad fértil tener hijos no los tengan o atesoren menos de los que realmente quieren, tal como se recoge en la Encuesta de Fecundidad y Familia, 2006? Según datos del Avance del Mercado Laboral Afi-AGETT, hecho público el pasado 15 de junio, España, junto con Estonia, dobla la media de paro juvenil dentro del contexto europeo (40%). Nuestros jóvenes son, por tanto, un sector en situación de especial riesgo social. No tienen trabajo, no pueden acceder a viviendas propias y, consecuentemente, emanciparse del hogar de sus padres. Estas circunstancias están dando lugar a un retraso en los calendarios reproductivos de las parejas. Si en el año 1975 la edad media de maternidad era 25,24 años, en 1990 ascendió a 26,80 años, en 2000 se sitúo en 29,08 años y en 2008 en 29,30. Además, en estos momentos un 30% de las mujeres tienen su primer hijo con más de 35 años.

Tales tendencias demográficas podrían afectar el mantenimiento del Estado de Bienestar, pues se calcula que España necesitaría alcanzar una tasa de 1,9 hijos por mujer, teniendo en cuenta, por otro lado, nuestra elevada esperanza media de vida (81,1 años), con una previsible tasa de envejecimiento, a medio plazo, entre el 25% y el 30%.

El desequilibrio entre la baja tasa de natalidad y la elevada esperanza media de vida pone en cuestión el sostenimiento de las prestaciones sociales, asociadas a cuatro derechos universales: educación y sanidad gratuitas, pensiones y atención a las personas dependientes.

Deberían promoverse políticas familiares (family friendly), y medidas de apoyo a la natalidad, teniendo en cuenta que los hijos se han convertido, en países como el nuestro, en un bien de interés público. Convendría, en este sentido, seguir el ejemplo de los países nórdicos, donde estas políticas han alcanzado su máximo desarrollo. Basadas en el principio ético de igualdad entre géneros, los servicios públicos de apoyo a las familias están muy consolidados, las tasas de actividad femenina son elevadas (entre el 76%-85%), la emancipación de los jóvenes se produce a edades tempranas y la fecundidad se sitúa entre 1,8 y 2,1 hijos por mujer.

De forma que si deseamos apoyar la natalidad en nuestro país, habría que impulsar políticas que favorecieran, por ejemplo, el acceso de los jóvenes al primer empleo, la creación de viviendas para las parejas que desearan convivir, desarrollar la red de guarderías públicas, así como compensar el tiempo dedicado a la formación con posibilidades de trabajar y, en general, impulsar una política que concilie la vida familiar con la profesional.

Si no se produce un cambio de tendencia con medidas estructurales que impliquen a los poderes públicos, a las empresas y a las familias, la continuidad de nuestra sociedad está comprometida. Esperemos que así sea.