Especial atención merece el cambio experimentado por los partidos políticos. Cabía esperar, desde luego, la progresiva transformación de los partidos fuertemente centralizados de la Transición en partidos de corte más o menos federal. Ahora bien, algunos debates recientes en torno a los Presupuestos Generales del Estado, a la financiación territorial o al abastecimiento de agua reflejan el riesgo de pasar de los partidos nacionales a los partidos federales, y de estos a las federaciones de partidos. En la izquierda y en la derecha.
La dialéctica centro-periferia y las dinámicas centrípetas y centrífugas se retroalimentan en el Estado y en los partidos, en los partidos y en el Estado. Así se ha puesto en evidencia durante el proceso de reforma de algunos estatutos de autonomía, en la discusión sobre las balanzas fiscales o en los posicionamientos respecto a los trasvases de agua entre cuencas. La controversia sobre el trasvase Tajo-Segura, por ejemplo, ha alineado a socialistas y populares en una y otra cuenca. Y si el PSOE ha tenido problemas con la actitud del PSC, la UPN de Sanz se ha subido literalmente a las barbas de Rajoy.
Resulta positivo e indiscutible el ejercicio de una identidad propia para las formaciones regionales de los grandes partidos en el desarrollo de funciones autonómicas. El PP de Murcia y el PSOE de Galicia, por citar solo a dos, han de ejercer políticas con perfiles propios en la promoción de su turismo o en la gestión de sus centros de salud. Poco sentido tendría la apuesta por la descentralización funcional del Estado si no fuera así.
Ahora bien, si estas mismas formaciones regionales procuran la elaboración, la expresión pública y la ejecución de posiciones políticas propias e independientes de los órganos nacionales de su partido en el desarrollo de funciones estatales o nacionales, estamos ante un problema importante. Funciones nacionales son, por ejemplo, la garantía de la cohesión territorial de España, la seguridad en el abastecimiento de agua o la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
Cada vez se escuchan con más frecuencia expresiones del siguiente tipo: “O esto se resuelve o los diputados murcianos (por seguir con el mismo ejemplo) tendrán muy difícil votar en las Cortes lo que indica la dirección nacional del partido (en un partido y en otro)”. El chantaje implícito en estos mensajes resultan profundamente distorsionador.
A los partidos nacionales corresponde representar la soberanía nacional de la que emanan los poderes del Estado. Y a esos partidos compete la interpretación y la defensa del interés general de España y de los españoles, que no tiene por qué coincidir con el sumatorio de los intereses interpretados en las diecisiete comunidades autónomas. Sobre todo cuando el sumatorio se convierte en “sudoku”, como está ocurriendo en el debate sobre la financiación territorial.
No se trata de dejarnos llevar por viejas tentaciones jacobinas. Ahora bien, si son justas y respetables las apelaciones a la autonomía de las formaciones políticas regionales, no menos razón se esgrime al reclamar también respeto para el ámbito de decisión que corresponde a las direcciones nacionales de los grandes partidos políticos.
