En efecto, de acuerdo con la estimación del Banco de España, el Producto Interior Bruto habría crecido un 0,1 por ciento en el tercer trimestre de 2013 (de julio a septiembre). Se trata, por tanto, de un dato que debe ser corroborado y que en cualquier caso supone una décima más que el no-crecimiento. No está, por tanto, justificado echar las campanas al vuelo con tal de hacer propaganda de la política económica del Gobierno. Máxime si se tiene en cuenta que la economía española estaba saliendo de la recesión en 2010, tras la dura caída de la actividad del año anterior, la cual en un trimestre llegó a ser del -4.5 por ciento, solo para recaer en el decrecimiento a partir del 2011 como consecuencia de la errada política de ajuste fiscal emprendida a partir de mayo del primer año de la década. Es decir, que no sería la primera vez que en nuestro país observamos una alternancia de trimestres positivos y negativos en materia de crecimiento.

De hecho, los presupuestos que propone la derecha no parece que vayan a contribuir a apuntalar este presunto, además de débil, cambio de tendencia. El principal objetivo del Gobierno sigue siendo, bien es cierto que en el marco de las exigencias equivocadas de la Unión Europea, la reducción del déficit público, y no la recuperación de la actividad económica y la generación de empleo. Se trata, en consecuencia, de unos presupuestos altamente restrictivos que no van a impulsar la demanda agregada ni la creación de puestos de trabajo. Un año más, las pensiones no se van a actualizar con el Índice de Precios al Consumo, lo que además de ser socialmente injusto supone seguir restringiendo el consumo interno. Muy llamativo también es el fenomenal recorte de las inversiones en obras públicas, tradicional motor de estímulo de la economía en las situaciones de crisis de la demanda (como fue en su día la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado y como es la contracción actual derivada de la crisis financiera que se inició en el verano de 2007). Según el análisis del periódico El País en su edición del día 1 de octubre de 2013, este proyecto de presupuestos lleva las inversiones reales del Estado (gasto directo en obras) al nivel de la década de los ochenta, al pasar del pico de 14.068 millones alcanzado en 2008 a los 4.732 millones de euros previstos para 2014. Se trata de una reducción del 66% respecto de aquel máximo, y del 10% respecto a los presupuestos de 2013.

Tanto el congelamiento relativo de las pensiones como el recorte en las inversiones en obra pública son dos errores que también cometió en su día el Gobierno socialista y que contribuyeron a devolver a la economía española a la recesión. Políticamente, el Partido Socialista perdió un activo importantísimo con su electorado al violar el Pacto de Toledo. En términos económicos y sociales, los efectos del ajuste de los 15.000 millones de euros de mayo de 2010 fueron poco menos que devastadores, de entre los cuáles 6.045 millones fueron recortes en obras. Cuesta creer que el re-equilibrio de las cuentas públicas exigido manu militari por el Consejo Europeo (extrañamente, bajo presidencia española) no pudo haberse logrado mediante otra combinación de recorte de gastos (los de defensa, por ejemplo) y de aumento de ingresos (restablecimiento del impuesto del patrimonio, entre otros, que no se lograría hasta finales de 2011). En cualquier caso, las pensiones y la obra pública debieran haberse preservado. Este razonamiento es también válido para el momento actual.

Como decíamos, la obra pública tiene un efecto positivo en el crecimiento, al que apuntala o revitaliza. Además, es intensiva en mano de obra lo que ayuda a generar puestos de trabajo, por lo que es especialmente recomendable en tiempos de crisis. Por supuesto, apostar por este tipo de políticas de inversiones públicas no supone construir líneas de alta velocidad ferroviaria, ni aeropuertos en todas las capitales de provincia. Es posible seleccionar proyectos de obras públicas que sean productivos además de favorables al crecimiento y al empleo. La rehabilitación de edificios en los cascos históricos en las zonas urbanas degradadas es un buen ejemplo, además de las mejoras en las redes ferroviarias regionales y de cercanías.

En cambio, el Gobierno parece fiarlo todo en materia de recuperación económica al abaratamiento de los costes laborales unitarios y a la pujanza del sector exterior. Es dudoso, en cualquier caso, que se pueda sostener el crecimiento del PIB y del empleo solamente sobre uno de los componente del PIB (las exportaciones) mientras el consumo interno sigue deprimido por el endeudamiento de las familias, el paro, y salarios y pensiones deprimidas, el gasto público es recortado, y la inversión paralizada por un crédito que sigue estrangulado. No es que no sea una noticia positiva el superávit de la balanza comercial, ya que sin duda es un síntoma de recuperación de la competitividad de las empresas españolas (junto con una reducción de las importaciones por la caída del consumo interno). También son bienvenidas las inversiones extranjeras en la medida en que no se limiten a comprar activos a precios de saldo y generen puestos de trabajo, aunque desde luego también indica mayor confianza en la economía española.

Pero difícilmente bastará el sector exterior para consolidar este incipiente, si se confirma, retorno al crecimiento, además de que aquel es volátil dada su dependencia de la marcha del resto de la zona euro. Harán faltas otras palancas, en concreto la inversión pública y la recuperación del consumo interno, además de hacer fluir el crédito de verdad a empresas (pequeñas y medianas sobre todo) y familias, para así generar incrementos del PIB capaces de reducir significativamente la inaceptable tasa de desempleo del 26%. Es por tanto necesario seguir reclamando en el Consejo Europeo una senda de ajuste del déficit público que no sea nociva para el crecimiento económico (no superior por tanto al 1% anual del PIB) y en cualquier caso hay que encontrar la combinación de aumento de ingresos y disminución de gastos en los presupuestos del Estado, que permita que los gastos sociales (incluyendo las pensiones) y la obra pública puedan actuar de manera contra-cíclica.