Parece evidente que para garantizar un servicio público sanitario de calidad, garantizando una atención rápida, eficaz y accesible al conjunto de la ciudadanía, los poderes públicos deben priorizar la asignación presupuestaria necesaria para llevarla a cabo. Es la voluntad política de los distintos gobernantes la que define los niveles de financiación sanitaria; así en nuestro país vemos cómo existen diferencias notables en las cantidades asignadas por habitante entre las diferentes Comunidades Autónomas mostrando así de manera nítida una foto de su voluntad política en esta cuestión (reflejar aquí que Madrid y Valencia están a la cola en este apartado por más que sus responsables insistan en negarlo).
Parece también lógico plantear que la mejor garantía de la sostenibilidad futura del sistema, la determina una buena financiación junto a una gestión eficiente y transparente del mismo; cualquier profesional sanitario conoce bien las bolsas de ineficiencia que existen en la gestión de nuestras Instituciones Sanitarias. Pondré un solo ejemplo (hay más): la política de compras. Hablar hoy de la necesidad de implantar Centrales de Compras no deja de producir una cierta risa. Es incomprensible que no se haya hecho ya hace muchos años tal y como muchos lo hemos venido pidiendo reiteradamente. No parece serio pensar que los elementales criterios de una economía de escala no hayan llegado al conocimiento de los responsables y gestores.
Dicho lo anterior, paso a abordar el tema del copago. Podemos convenir que se está produciendo una utilización exagerada e incorrecta de los servicios por parte de la ciudadanía, pero a renglón seguido hay que decir que ello puede deberse a múltiples causas, muchas de ellas no imputables a los ciudadanos y, por tanto, no puede utilizarse esto como excusa para tratar de implantar un copago pretendidamente disuasorio. En la crisis actual, sus nocivos efectos los están sufriendo en mayor medida quienes no tuvieron ninguna participación en su génesis (clases medias y trabajadoras) y por ello me parece una práctica política indecente tratar de implantar un copago para recaudar recursos, cuando se es incapaz de gestionar con eficiencia los dineros públicos destinados a garantizar el funcionamiento del sistema.
Como conclusión, manifiesto mi rotundo desacuerdo con la implantación de cualquier tipo de copago, y con todo lo anteriormente expuesto no considero necesario entrar en ninguna consideración teórica sobre las bondades y maldades del mismo.
