Como ya denunciaba en el artículo ¿Democracia de expertos?, el Gobierno se salta la arquitectura constitucional y pretende sustituir su responsabilidad, y su posible desgaste, derivando en unos expertos unas decisiones sectarias e interesadas que quiere hacer pasar como imparciales, bajo el disfraz de unos tecnócratas bien elegidos para defender los intereses de las élites económicas.

Un nuevo fraude, que va en contra de la propia Constitución, cuando en su artículo 31.1 establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

No es justo ni progresivo subir los impuestos indirectos, que pagan todas las personas por igual,independientemente de su riqueza y renta, y bajar los impuestos directos, que son los que pagan más aquellas personas que más ganan o tienen.

No es justo ni progresivo eliminar el Impuesto de Patrimonio que, actualmente solo pagan quienes tienen un patrimonio superior a 700.000 euros, es decir, 130.000 declarantes en el año 2011.

No es justo ni progresivo bajar el tipo impositivo a las rentas altas del capital y bajar los tipos del IRPF, porque los más beneficiados son las rentas más altas. Un uno por ciento son los contribuyentes que pagan los tipos marginales máximos.

No es justo ni progresivo reducir el tipo del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas y entidades financieras, cuando no pagan ni el que marca la legalidad hoy. Y encima,teniendo beneficios despiden a trabajadores.

No es justo ni progresivo tener un Gobierno al servicio de las grandes empresas de la puerta giratoria, y al mismo tiempo castigar a las pequeñas empresas, que son el 82 por ciento de los declarantes del Impuesto de Sociedades, con la eliminación del tipo reducido del Impuesto de Sociedades que se aplica a las PYMES.

No es justo ni progresivo amnistiar a los delincuentes fiscales y además no contemplar medidas de refuerzo para combatir el fraude y a los defraudadores.

Pero todavía hay más. Una nueva vuelta de tuerca a la desigualdad y a favor de los privilegios de las élites económicas. Reducir los impuestos directos e incrementar los impuestos indirectos atenta contra la equidad y va encontra del artículo 40 de la Constitución, donde en su apartado primero afirma que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.”

Va contra la equidad subir el IVA de la cesta de la compra del 10 por ciento al 21 por ciento (todos los alimentos, menosfrutas y vegetales frescos, leche y huevos)

Va contra la equidad subir a las familias con vivienda el IBI y atribuir a la vivienda en propiedad un valor de renta anual que cuenta como ingreso en el IRPF.

Va contra la equidad dar más facilidades a las Comunidades Autónomas para que puedan imponer copagos autonómicos en sanidad, educación y servicios sociales. O pretender poner peajes en las autovías públicas.

El artículo 133 de la Constitución, en su apartado primero, fija que “la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley”. El PP en el Gobierno ha decidido realizar una reforma fiscal que no contempla recaudar más de los que más ganan o poseen, sino poner el peso de la recaudación en los ciudadanos que menos tienen.

Estas medidas son injustas, pero además no servirán para corregir el déficit público, ni para bajar la deuda pública. Servirán para que las elites económicas paguen menos y tengan más beneficios. En definitiva, significa que el Gobierno del PP renuncia a la principal vía para aumentar los ingresos del Estado. Significa condenar a los ciudadanos a más recortes. Significa dinamitar la cohesión social. ¿Qué vas a hacer?