Los datos de Contabilidad Nacional del último trimestre de 2013, por su parte, confirman que los salarios han caído un 3,5% en 2013 en relación con el año anterior y que la demanda nacional ha restado 2,7 puntos al producto interior bruto. Sin embargo, los excedentes brutos de explotación han aumentado un 1,3% en el mismo periodo, lo que demuestra que los beneficios empresariales siguen creciendo mientras que disminuyen las rentas salariales y, por lo tanto, se consolida un reparto de la riqueza favorable a las rentas empresariales a costa de las rentas del trabajo que, en definitiva, era lo que pretendía y sigue pretendiendo la nefasta reforma laboral y no la creación de empleo como argumentaba el Gobierno.

Por otra parte, el incremento salarial medio de los convenios en el año 2013 fue del 0,57% para un total de 5.040.454 trabajadores, frente a un incremento medio de los precios en el mismo año del 1,4%, lo que confirma la pérdida, incluso, del poder adquisitivo de estos trabajadores que, en todo caso, han obtenido incrementos superiores a muchos trabajadores que ni siquiera han conseguido firmar un convenio, como consecuencia de la actitud de los empresarios amparados en la favorable relación de fuerzas que les otorga la reforma laboral. En coherencia con ello, la CEOE plantea continuar con la pérdida del poder adquisitivo de salarios en los próximos dos años, a pesar de que pronostica un crecimiento de la economía del 1,2% del PIB, en el año 2014 y del 1,8%, en el 2015. No les resultará nada fácil. De las manifestaciones de los responsables sindicales cabe esperar un fuerte rechazo de los sindicatos a los recortes salariales, sobre todo después de la experiencia del último Acuerdo para el Empleo y la Política de Rentas (AENC 2012- 2014), cuyos compromisos han incumplido los empresarios al contar con el apoyo del Gobierno y la cobertura de la reforma laboral, lo que previsiblemente abrirá una nueva etapa donde los sindicatos defenderán a todos los niveles incrementos salariales por encima del IPC que, por añadidura, podrán aportar estímulos al consumo y al necesario crecimiento de la economía.

En todo caso, estos hechos no van a modificar la política de recortes del gasto y la caída de la inversión del actual Gobierno, a pesar del tremendo desempleo y del costo social que está generando esta política e, incluso, de la proximidad de las elecciones europeas. Todo ello, además, no está significando un avance decisivo en la corrección del déficit que, todo indica, quedará por encima del 6,5% comprometido para el año 2013, mientras que la deuda pública sigue aumentando y supera el 95% del PIB.

Desde luego, la actual situación confirma que nuestro problema no es el gasto público, que se encuentra dos puntos por debajo de la media europea. Resulta evidente que nuestro problema tiene mucho más que ver con la falta de ingresos fiscales y con la redistribución negativa del costo de la crisis que se está llevando a cabo, como se contempla en los demoledores informes de la OCDE y del FMI: la desigualdad en España se ha disparado en la gestión de la crisis situándose a la cabeza de la Unión Europea (sólo por debajo de Letonia), como consecuencia del brutal aumento del desempleo, la devaluación salarial, el recorte de los gastos en protección social, la pérdida de calidad y cobertura de los servicios públicos esenciales y el aumento de los impuestos, especialmente de los indirectos (como el IVA).

Remediar esta situación es lo que justifica la reforma fiscal que la ciudadanía demanda con urgencia para garantizar una mejor redistribución de la riqueza y una más rápida y justa salida de la crisis. En este sentido, una reforma de semejante calado debería ser consensuada con la oposición y los sindicatos para dotarla, además, de la necesaria estabilidad, respetando los principios de suficiencia, equidad y progresividad. Por eso, el Gobierno debería abrir conversaciones a pesar del informe sesgado y de marcado carácter ideológico de la comisión de expertos nombrada unilateralmente y, por lo tanto, condicionada por el Gobierno al exigir éste una reforma neutra en cuanto a su recaudación final, lo que indica que el Gobierno no se plantea aumentar los ingresos fiscales y menos los directos como la situación lo exige.

El diagnóstico que viene haciendo el Gobierno -desde hace años- sobre los ingresos fiscales es desalentador y del mismo no podemos descartar una política fiscal interesada a favor de los que más tienen y detentan el poder económico en nuestro país.

España tiene unos ingresos fiscales sobre el PIB escandalosamente bajos: nueve puntos por debajo de la media de los países de la zona euro, según se recoge en la Propuestasobre una Reforma Fiscal Justa, elaborada por UGT, para combatir el fraude y garantizar la suficiencia económica. La economía sumergida se sitúa por encima del 20% del PIB y el número de trabajadores de la administración tributaria se encuentra muy por debajo de la media de los países europeos: concretamente emplea a 60 trabajadores por cada cien mil habitantes, frente a una media de 130 en los países europeos y sólo por debajo de Italia (datos de la OCDE del año 2009).

El caso más intolerable se refiere al impuesto de sociedades que ha pasado de recaudar 44.800 millones de euros en 2007 a recaudar 21.400 millones de euros en 2012. Mientras tanto, el impuesto de la renta ha pasado de 72.600 millones en el año 2007 a 70.600 millones en 2012, lo que significa que las rentas del trabajo han pasado de representar el 75% de la base imponible de este impuesto a representar el 82%.

La solución que baraja la comisión de expertos no aporta nada nuevo ni va a significar un avance en el necesario combate contra la desigualdad. Eliminar tramos del IRPF y reducir el marginal (reduce la progresividad); subir el IVA (de algunos tipos reducidos al general) y el impuesto a la primera vivienda; reducir las cuotas de los empresarios a la seguridad social; reducir el impuesto de sociedades del 30% al 20% (a pesar de eliminar desgravaciones); eliminar el impuesto del patrimonio; y aumentar las desgravaciones de los fondos privados de pensiones (a los que tienen más poder adquisitivo), son medidas especialmente regresivas que aumentarán la injusticia de la política fiscal.

Debemos recordar, una vez más, la repercusión negativa que tiene en la ciudadanía el aumento de los impuestos indirectos (IVA) sobre los directos al recaer los mismos en todas las personas por igual, al margen de la renta de que dispongan. Por ejemplo: los presidentes de los grandes Bancos con retribuciones millonarias pagan por IVA lo mismo que sus trabajadores con salarios más bajos.

Además, el documento no propone ninguna medida concreta e imperativa relacionada con los paraísos fiscales, la evasión fiscal, la economía sumergida y el fraude fiscal, que representan un gravísimo problema en nuestro país.

En todo caso, es de temer una reforma regresiva del Gobierno que puede empeorar la situación de la clase media e, incluso, de los más débiles; por eso, los ciudadanos exigen conocer cómo les afectará a sus bolsillos la reforma y también la repercusión que tendrá en la superación de la crisis y, en particular, en las desigualdades y en la pobreza. Ante esta situación, no es extraño que se presenten alternativas a las propuestas del Gobierno que hacen hincapié en una serie de puntos para su consideración y debate con la pretensión de recuperar cuando menos la mitad de los nueve puntos del PIB que nos separan en la actualidad de la media europea en ingresos fiscales y que alcanza un monto de 45.000 millones de euros.

Algunas medidas a desarrollar en la Unión Europea y en nuestro país son destacadas por UGT:

1º. Armonizar las políticas fiscales a nivel europeo evitando con ello las devaluaciones fiscales competitivas, garantizando la aplicación de un impuesto a las transacciones financieras y la erradicación de los paraísos fiscales en la Unión Europea.

2º. Asegurar un sistema fiscal que globalmente logre una recaudación suficiente, capaz de financiar adecuadamente la inversión y los gastos derivados del Estado de Bienestar Social del que nos queremos dotar.

3º. Garantizar en el IRPF que paguen lo mismo quienes perciben la misma renta, sea cual sea su fuente de procedencia y, proporcionalmente, más los que más tienen, con el propósito de hacer realidad los principios de equidad y progresividad.

4º. Establecer un impuesto real sobre la riqueza, a través del impuesto sobre el patrimonio actual -con las modificaciones necesarias-, o de otra nueva figura, además de mantener el impuesto sobre sucesiones y donaciones con un trato similar en todo el territorio nacional.

5º. Modificar la tributación de las SICAV, haciendo que paguen como cualquier otra sociedad.

6º. Eliminar las exenciones, bonificaciones y desgravaciones al impuesto de sociedades y garantizar, en todo caso, un tipo efectivo mínimo garantizado.

7º. En el IVA, establecer un tipo impositivo ampliado para los bienes de lujo (a aprobar en la Unión Europea), eliminar la exención de las actividades de sanidad y educación privadas y recuperar el tipo reducido para la cultura.

8º. Diseñar una política fiscal medioambiental que nos equipare a la media de la Unión Europea, tanto en relación a la protección del medio ambiente como a su capacidad recaudatoria, superando el actual 1,6% del PIB (Alemania tiene el 2,2% y Dinamarca el 5,7%).

9º. Apostar por una decidida lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida que dote de suficientes medios humanos, materiales y técnicos a la Agencia Tributaria. Aumentar los plazos de investigación para que ningún expediente quede sin sanción por prescripción del delito, además de incrementar las sanciones por fraude declarado.

10º. Recuperar el consenso para garantizar la sostenibilidad del sistema de la seguridad social y eliminar las desgravaciones fiscales de los fondos privados de pensiones.

De los puntos enumerados se puede deducir que el papel de la política fiscal es determinante como motor del crecimiento económico y de la generación de empleo y representa, junto a la seguridad social, la principal herramienta para lograr una redistribución justa y equitativa de la riqueza que haga realidad un auténtico Estado de Bienestar Social. No nos debe extrañar, por lo tanto, que la política fiscal sea uno de los puntos fundamentales de la confrontación política y social. En todo caso, sin una política fiscal justa y progresista no podemos hablar de una democracia de calidad y menos de crear empleo y planificar un nuevo modelo productivo más competitivo en un mundo globalizado.