Está claro, el fraude fiscal y un sistema impositivo tremendamente injusto, a lo que hemos de sumar también que la mayoría de los ciudadanos así lo percibe: los que menos tienen, los contribuyentes controlados, es decir los asalariados, soportan la mayor carga de los ingresos del Estado español, por ende de la crisis. Con agravio -lo que ayuda poco a mejorar la percepción-, cuando estos ingresos caen por el aumento del paro estructural y queda al descubierto la inequidad de la estructura fiscal Española, se dice airadamente que hay que recortar el gasto, que no hay alternativa, que hay que pagar las deudas como espetaba el Ministro Montoro sin sonrojo alguno en el Parlamento. Pero debemos recordarle al Gobierno: ¿con qué dinero hay que pagar esas deudas? ¿Con el de los asalariados solamente o con una carga fiscal más justa que grave más a los que más tienen? ¿Recortando gastos -porque ingresamos menos al aumentar el desempleo- y enalteciendo el fraude con amnistías o persiguiendo a los delincuentes -defraudadores de la hacienda pública-?

Las cifras estimadas oscilan entre 40.000 y 80.000 millones según la fuente que consultemos, y no, no hablo del rescate, sino de dónde podrían salir aquellos recursos para pagar el coste del rescate o de las partidas de gasto público que han sido recortadas en su presupuesto. Más bien me refiero al dinero que las grandes empresas y grandes fortunas defraudan a la hacienda pública, una cuestión de hábitos en los círculos de poder económico y empresarial, de «alta cultura» (anti) fiscal. Más allá de la cifra concreta del crimen económico, encontramos cierta coherencia en valores entre esta «cultura de cuello blanco» de las clases altas y las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy al respecto, es decir, la Amnistía fiscal o premio a los defraudadores, libres para lavar el capital a un coste penal cero y con una carga fiscal irrisoria -mucho menor de lo que debiera haber sido en un marco legal y de equidad impositiva-. He aquí el problema también de cultura política del Gobierno en materia fiscal, donde apreciamos una falta de voluntad total de reducir el fraude fiscal puesto que la medida deja libertad al delincuente para decidir si retorna el capital evadido o eludido -o no- a lo que hemos de sumar el agravante de que el defraudador no es perseguido por la justicia, es decir, no es sancionado por el delito cometido. Por lo tanto, podemos preguntarnos: ¿más allá de la connivencia cultural entre Gobierno y delincuentes existe también una connivencia en las prácticas fiscales que explique el miedo a la persecución del fraude? La Gürtel, entre otros ejemplos, no nos deja muy tranquilos a este respecto.

Decía Ignacio Zubiri en su magnífico artículo «LA REFORMA DEL SISTEMA FISCAL» para la revista SISTEMA (mayo 2012), que: «para reducir el fraude fiscal es necesario que deje de ser rentable defraudar. Para ello es necesario que se actúe en todos los ámbitos que lo posibilitan». Enumeraba así:

A) VOLUNTAD POLÍTICA. Los políticos deben transmitir inequívocamente que van a implementar una política de tolerancia cero con el fraude… dotación de medios económicos en la lucha contra el fraude… creación una policía fiscal -con recursos-…;

B) CONTROL DEL FRAUDE. En la actualidad la probabilidad de detección de quienes tienen rentas no retenidas es muy baja y debe ser prioritario aumentarla… incrementar las inspecciones aumentando el número de inspectores… mejorar las bases de datos en lo relativo a información de carácter extra fiscal e indicadores indirectos de riqueza identificando a contribuyentes cuyo nivel de vida no se corresponde con lo declarado… elaboración de modelos fiables de estimación de defraudadores potenciales… establecer como en otros países, la obligación de declarar determinados datos no fiscales con trascendencia fiscal (operaciones, toma de posiciones, opciones fiscales dudosas, etc).

C) SANCIÓN. Defraudar debe dejar de ser un ejercicio rentable para el defraudador, es decir su valor esperado debe ser negativo… aumento de multas y revisión automáticamente de todas las declaraciones no prescritas del contribuyente… seguimiento al menos de 5 años, crear un régimen especial para defraudadores además de dar publicidad a la identidad de los mismos -para un determinado nivel de fraude-.

D) COBRO DE LA DEUDA. Agilizar la vía ejecutiva y tomar medidas que eviten la ocultación de patrimonios embargables. También se deberían aumentar las facultades ejecutivas de los inspectores.

E) CIERRE DE LAS VÍAS DE ELUSIÓN. Modificar la normativa del Impuesto sobre Sociedades para evitar que los empresarios lo utilicen para eludir IS (cargando, por ejemplo, gastos personales a la empresa). Eliminar el sistema de módulos, reformar la tributación de las SICAV y de las rentas irregulares. Obligación de declarar las compras y servicios de gran cuantía y los cobros de más de 3.000 euros realizados en metálico.

F) CONTROL DE RESULTADOS. Al igual que en muchos países, anualmente se debe establecer un contrato de objetivos entre la Administración Tributaria y el nivel político en el que se especifiquen objetivos de inspección bien definidos. Se debe controlar el logro de los objetivos y analizar la eficiencia de la gestión. Todos estos datos (objetivos, logros y eficiencia) deben hacerse públicos en un informe anual de la inspección y gestión que deberían presentarse en el Parlamento. Esto permitiría hacer estimaciones de fraude y serviría para evaluar la evolución de la lucha contra el fraude.

G) RECHAZO SOCIAL. Mejorar la percepción ciudadana modificando el sistema fiscal (control de gastos y reparto más equitativo de las cargas impositivas) para que el fraude genere un rechazo social suficiente. El fraude debe ser percibido como robo a la vez que se mejora la percepción de la detección de las prácticas fraudulentas. Introducir la educación fiscal en los colegios utilizando las web de las Haciendas y el gobierno para la pedagogía fiscal.

H) RESPONSABILIDADES SOLIDARIAS. A veces el fraude se comete con la ayuda directa o indirecta de otras personas o instituciones (por ejemplo: instituciones financieras o asesores fiscales) por lo que es necesario que quien colabore con el fraude sea corresponsable del mismo.

De lo dicho en el párrafo anterior, el primero de los puntos hace referencia a la voluntad política lo que pone en el centro de la cuestión al Parlamento, a los que gobiernan y a los que han gobernado; todos los partidos deben hacer suyo el debate y hacer lo todo lo que esté en su mano por combatir la delincuencia fiscal. Eso sí, El PP gobierna con mayoría absoluta por lo que su margen de maniobra a día de hoy es la expresión pura de su voluntad institucional -ideológica, de partido- en cualquier campo y, su voluntad política manifiesta frente al fraude fiscal es la de amnistiar a los delincuentes -¿corresponsabilidad solidaria del Gobierno?- y hacer que la mayor parte de los ingresos del Estado la soporten los trabajadores asalariados (también las reducciones del gasto en partidas como sanidad, educación, etc).

De los presupuestos se desprende que la voluntad de perseguir el fraude fiscal es nula e inexistente. Cuando son los que menos tienen los que están pagando la crisis con los recortes del gasto público y cargas impositivas inequitativas, decir que estos presupuestos, los de 2012/2013, son los más sociales de la historia de España es un insulto a la dignidad de millones de personas que actualmente luchan por la subsistencia y que están quedando totalmente desprotegidos -habiendo pagado sus impuestos mientras tuvieron trabajo-, así como a los trabajadores que bajo un marco de presión laboral -por riesgo de precindibilidad, vulnerabilidad e intercambiabilidad- pagan sus impuestos y ven también mermados sus derechos sociales. A su vez, argumentar que el paro (los parados) es la causa principal de la caída de ingresos del estado -omitiendo que es estructural, coyuntural y la manifestación más clara de la injusticia fiscal española- tiene la intención de ocultar la falta de voluntad política para atajar el verdadero problema fiscal de España, es decir, el fraude a la hacienda pública y la baja carga fiscal de la que disfrutan los que más tienen. Por lo tanto, estos son los presupuestos más injustos y antisociales de la historia de la democracia española, principalmente porque el recorte del gasto es salvaje y no contienen en un momento tan duro como el actual, ninguna medida de fiscalidad progresiva -que paguen más los que más tienen- ni ninguna voluntad de lucha contra el fraude -amnistías fiscales y demás injusticias-, principales problemas de la recaudación y recursos necesarios para mantener la solidaridad y cohesión sociales.

Que no se engañe el Gobierno de Mariano Rajoy, que no engaña a nadie, sino que eche un vistazo a los resultados de la última encuesta del CIS sobre la percepción ciudadana acerca del sistema fiscal español,… que no se engañe tampoco al pensar que el voto de la mayoría de los que acudieron a votar en Galicia el pasado domingo es un cheque en blanco de los votantes españoles.