Despejada la mayor, el debate político permanece anclado en buena parte en discursos generales, en tomas de posiciones (de principios) y en manifestaciones de buenas intenciones. En los pronunciamientos que se realizan no faltan los que intentan arrimar el ascua a su sardina para obtener ventajas de la crisis: algunos reclaman acciones estructurales profundas orientadas a mejorar –nos dicen– la productividad, la competitividad y la eficiencia de nuestra economía (¿con menos salarios, más inestabilidad en el trabajo y más dilatadas jornadas laborales?), al tiempo que otros reclaman cambios más generales –y no siempre bien explicados– en la orientación del actual modelo económico, sin faltar los que pensamos que son precisas políticas sociales adicionales de efectos keynesianos.

El problema es que, mientras permanezcamos anclados en el terreno de las inespecificidades y de las generalizaciones más o menos interesadas, la crisis puede mantenerse a su ritmo, sin que se emprendan las políticas necesarias para intentar salir pronto y bien de su dinámica negativa.

¿Por qué se está produciendo esta especie de diletantismo generalista en unos momentos en los que se necesita decisión y sentido práctico? En parte debido a la perplejidad palarizante que está produciendo una crisis que algunos no se esperaban –y aun no se acaban de creer– y en parte también debido a los temores a ser los primeros en proponer iniciativas y medidas que puedan parecer “poco convenientes” o “ideológicamente discutibles” y excesivamente pragmáticas. De esta manera, la preocupación excesiva por la imagen personal y el afán por quedar bien y no mojarse –ni quemarse– pueden acabar produciendo unos retrasos de efectos fatales sobre la evolución de la economía española, abriendo la vía a unos horizontes problemáticos en los que se acabarán quemando, por activa o por pasiva, tirios y troyanos.

Lo que sabemos, por experiencia histórica, de las grandes crisis económicas es que se necesitan buenas dosis de decisión y de pragmatismo político para atajar sus efectos y reencauzar su evolución. En cierta medida, al igual que ocurre con otras terapias de excepción en la vida, ante una crisis hay que coordinar esfuerzos y adoptar medidas resolutivas que en ocasiones no tienen color político. Aunque la experiencia histórica también nos enseña que cuando una crisis se enfrenta sin sensibilidad social ni sentido de los equilibrios políticos sus efectos pueden ser desastrosos. De hecho, algunas iniciativas sociales pueden tener efectos recuperadores e incentivadores adicionales. Es lo que vulgarmente se suele calificar como “políticas de efectos keynesianos”, mediante las cuales los gastos sociales ayudan a generar empleo y riqueza.

A la sombra de la crisis, algunos han empezado a reclamar otra vez la figura de Keynes y a reivindicar la utilidad de sus recetas. Lo cual, a veces, se presenta como una posible inflexión a favor de postulados socialdemócratas. Sin embargo, habría que recordar que Keynes era más bien una persona de orientación conservadora, pero que unía a sus buenos conocimientos de Economía, como Catedrático de la Universidad de Cambridge, unas notables dosis de sentido común y de pragmatismo. En contraste con algunos de sus contemporáneos, Keynes entendió perfectamente los riesgos de la deriva económica de su época, anticipó la crisis y reclamó medidas prácticas para hacerla frente, en el buen entendimiento de que el crecimiento y la distribución siempre deben estar bien ajustados.

Desde luego, no nos vendría nada mal en estos momentos recuperar una parte del sensato espíritu keynesiano, no sólo en lo doctrinal, y dejar de lado los discursos para “quedar bien” y “dar estopa al adversario”. Incluso habría que felicitarse sin resquemores de las conversiones de última hora al keynesianismo.

Para hacer frente con eficacia a cualquier crisis, lo primero que resulta necesario es efectuar un diagnóstico certero, identificando los principales problemas y la manera de atajarlos con medidas específicas.

Lógicamente, en un escrito de esta naturaleza no es posible cumplir debidamente con todos los requisitos de este propósito, pero a efectos de facilitar el debate y presentar algunas iniciativas posibles, podemos decir que en estos momentos tenemos un problema de liquidez (no hay dinero); un problema de estancamiento (no hay impulso de crecimiento), vinculado a la situación de sectores económicos muy importantes, como la construcción, e indirectamente el sector financiero; un problema energético (que desequilibra nuestra balanza de pagos y estimula las tensiones inflacionistas); y un problema de confianza (que tiene efectos y repercusiones negativas sobre los otros aspectos y para lo que ha sido muy perjudicial la falta de reflejos y de diagnósticos puntuales).

Frente a estos problemas no sirven los repertorios de propuestas genéricas y elementales, sino que habría que empezar por situarse en una posición práctica y próxima a lo que antes hemos calificado como sano “espíritu keynesiano”. ¿Qué se puede hacer en estos momentos? ¿Cuáles son las alternativas concretas que tenemos para hacer frente a estos problemas, más allá de los cálculos de “oportunidad” política inmediata?

1) Frente al problema de la falta de liquidez, la verdad es que en países como España tenemos poco margen y no muchas competencias. La falta de liquidez ha dado lugar a una subida notable del Euribor, con efectos inflacionarios añadidos, lo cual está gravando a las economías domésticas (vía hipotecas) y está creando dificultades no sólo a la empresas –que se ven económicamente cercenadas–, sino a muchos consumidores que no obtienen créditos para sus necesidades o aspiraciones cotidianas. El parón que todo esto produce en la economía es muy considerable, por lo que hay que entender que o se inyecta pronto liquidez, o las cosas se van a poner mal a corto plazo. En este sentido, hay que comprender que se necesitan medidas de excepción y con urgencia. Algunas de estas medidas son de manual: hay que aumentar la inversión pública, recurriendo a un aumento del déficit y de la deuda, utilizándolas adecuadamente como “instrumentos de política anticíclica”, tal como se enseñaba en los buenos manuales de Economía. En España tenemos un margen razonable para ello, gracias a la buena –y adecuada– política económica seguida en los últimos años. Y, a su vez, tenemos un margen adicional de actuación que deriva de un “problema” inveterado, del que ahora se podrían obtener ventajas. Me refiero al “dinero negro” que se ha ido acumulando al calor de los grandes beneficios obtenidos en determinados sectores en los últimos años y que han hecho que España sea uno de los países con mayor proporción de billetes de 500 euros, muchos de ellos bien guardados en cajas fuertes. Algunos calculan que el dinero negro puede suponer más del 20% de la economía española, pero aunque sólo fuera el 10% estaríamos hablando de más de cien mil millones de euros. Desde luego, si una parte apreciable de ese dinero volviera a la circulación muchos de los problemas de liquidez quedarían aminorados, el Euribor bajaría y se neutralizarían algunos de los efectos inflacionistas causados por esta vía. ¿Cómo se podría lograr este afloramiento tan necesario del “dinero negro”? Desde luego no hay fórmulas fáciles, ni mucho menos que no sean discutibles. Pero habrá que pensar si es necesario mojarse y si tenemos que aprender de la experiencia histórica. En este sentido podría pensarse en una política que conjugara la presión fiscal e inspectora con una vía equilibrada de afloramiento. Por ejemplo, la emisión de unos bonos al portador que “legalizaran” el dinero negro, a cambio de mantener dichos bonos inmovilizados durante dos o tres años, a un interés significativamente más bajo que el del mercado (al 2% o al 2,5%). De esta manera todos tendrían algo que ganar en el proceso y el sistema financiero español tendría una inyección de recursos tan necesaria como el agua de mayo. De hecho, en algunos países caracterizados por el rigor fiscal esto es algo que ya se ha hecho varias veces, y en ocasiones con regularidad.

2) Para recuperar el impulso de crecimiento económico, además del estímulo de las inversiones y obras públicas productivas, hay que prestar especial atención –y apoyo, ¿por qué no?– a algunos sectores críticos, como la construcción, que han llegado a aportar el 13% del PIB español y cuya caída puede provocar un retroceso notable de nuestro PIB. Lo primero que habría que hacer en este sentido es acabar con los discursos apocalípticos e inculpatorios respecto a este sector, del tipo “¡han ganado mucho, ahora que se fastidien y se las arreglen solos!”, o “¡todos han sido unos especuladores!” Pensemos que estamos hablando del 13% del PIB español, ¿realmente podemos aceptar el riesgo de que “se hundan ellos solos”, según las leyes del mercado? Desde luego, la inyección de liquidez podría ayudar a este sector, pero el problema es qué hacer con las 800.000 viviendas construidas y sin vender, debido a imprevisiones y malas políticas que no se atajaron en su día, debido a una exagerada idolatría por el mercado. ¿Podemos esperar pasivamente dos o tres años a que el mercado restablezca por sí solo los equilibrios? ¿Qué se podría perder en esos dos o tres años en términos del PIB español y en costes sociales? Si no se considera apropiado esperar es evidente que habrá que mojarse. ¿Cómo? Pues de la misma manera que se ha hecho en otros países y otras ocasiones. Por una parte, con incentivos fiscales y desgravaciones por la adquisición de viviendas. Incluso segundas viviendas. Y por otra parte, con medidas excepcionales que propicien el acceso a la vivienda para jóvenes, por ejemplo, con créditos especiales subvencionados en parte y, desde luego, actuando sobre los precios y sobre el alquiler. Hay quien piensa, en este sentido, que la Administración Pública en vez de comprar suelo urbanizable (¿cuánto tardarán en estar listas las nuevas viviendas, que se sumarían a las 800.000 pendientes de vender?), podría aprovechar la actual coyuntura para adquirir viviendas terminadas a buen precio y ponerlas en alquiler, incluso con fórmulas imaginativas de “opción a compra”. Tareas en las que se podría implicar a empresas del sector que en estos momentos están en la cuerda floja.

3) El tema energético tiene una especial importancia por las repercusiones desequilibradoras que tiene en nuestra balanza de pagos y por los efectos inflacionistas que encadena. En tal sentido, –amén del ahorro en los consumos– es primordial y urgente tener un plan a medio plazo que se oriente a alcanzar un equilibrio realista entre diferentes fuentes energéticas y que fije objetivos razonables a medio plazo, como ha propuesto hace poco Al Gore en Estados Unidos. Solamente el hecho de que se sepa que existen planes en este sentido para acabar con la dependencia desmedida del petróleo, tendría efectos reequilibradores en los precios de los carburantes. Lo cual sería bueno para un “mercado” tan atípico, tan irregular y tan conectado a otros procesos poco positivos para la transparencia política y los equilibrios mundiales. En España en poco tiempo hemos avanzado significativamente en energía eólica y tenemos grandes posibilidades en energía solar. ¿Quién se hubiera creído hace 10 ó 12 años la posibilidad de que en 2008 tendríamos en torno al 9% de energía eólica? ¿Por qué no fijar el objetivo del 20% de energía solar? ¿Por qué no un 50% de renovables? De ahí la urgencia de un plan energético a 8 ó 10 años que evite la dependencia extrema del petróleo. Lo cual requerirá inversiones tecnológicas, iniciativas coordinadas y unas reglamentaciones claras, incentivadoras y estables, que generen confianza y certeza en los inversores. Todo lo cual supone también riqueza, empleos, crecimiento, nuevas posibilidades fiscales y mayores equilibrios en la balanza de pagos.

4) Finalmente, el problema de la “confianza” es uno de los más complejos. Lo cierto es que si se lograra recuperar la confianza de los agentes económicos y de los consumidores nos situaríamos en una buena posición para la recuperación económica, sin necesidad de tener que pasar por un purgatorio de tres o cuatro años plagados de incertidumbres económicas y sociales. ¿Qué se puede hacer en este sentido? Desde luego, lo primero demostrar que se tienen soluciones y buenas políticas –bien concretas y factibles– y buenos y bien cohesionados equipos económicos, y que existe el respaldo político necesario para llevar a cabo las políticas necesarias. En este sentido, la imagen de “soledad” del gobierno y las eventuales dificultades para aprobar los Presupuestos Generales del Estado no auguran buenas perspectivas. ¿Cómo habría que intentar actuar, entonces? Obviamente, con realismo, planteando los acuerdos que resulten factibles, ofreciendo imágenes de “convergencia” ante la crisis, con pactos de gobierno y legislatura que impliquen a la mayor parte de las fuerzas políticas (desde luego a las dos mayoritarias) y, por supuesto, estando abiertos a otras alternativas políticas si la situación lo requiere, dejando claro a la opinión pública que no se va a dejar que ninguna empresa estratégica se hunda arrastrando a otros sectores de la economía. Hay quien sostiene que, en coyunturas de gravedad económica, lo que mayor seguridad y sensación de estabilidad puede proporcionar a los agentes económicos y sociales es un gobierno de gran coalición. Pero, más allá de la pertinencia y factibilidad de esta hipótesis, lo cierto es que es mucho lo que se puede hacer para converger, establecer acuerdos y generar confianza.