Es preocupante tener que repetir una y otra vez lo obvio en medio de tanto ruido ambiental. Pero nuevamente, hay que recordar que frente al reduccionismo de la imposición, la inmensa mayoría de los españoles creemos en una España en la que todos los ciudadanos se puedan sentir cómodos con su propia identidad. Por eso, hay que rechazar abiertamente, y de manera categórica, cualquier proceso en el que a quienes se sienten más catalanes que españoles o más españoles que catalanes se les obligue, por parte de ningún gobernante, a elegir entre ser españoles o catalanes.

Este rechazo a la imposición y a la ruptura de la convivencia, hay que manifestarlo desde una doble vertiente. Por un lado, desde el convencimiento de que en una democracia nadie puede estar por encima de la ley y las leyes son iguales para todos. Las leyes se pueden cambiar, pero cumplir las leyes es un principio democrático inexcusable. Y por otro, en este caso con mayor legitimidad desde el PSOE, desde la experiencia de haber ayudado decisivamente a construir el Estado de las Autonomías desde el Gobierno de España y desde los gobiernos de las Comunidades Autónomas. Un Estado de las Autonomías que ha traído a España las mayores cotas de bienestar.

Pero, todo lo anterior siendo conscientes de una realidad que va más allá de las declaraciones e intereses de ciertas élites políticas del gobierno de Cataluña y España: existe un problema de convivencia entre Cataluña y el resto de España. Y estamos todos, la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, en una encrucijada nada fácil. Una situación que solo puede superarse con voluntad, con arrojo y con liderazgos políticos constructivos.

La crisis económica ha creado un enorme malestar social, que se ha proyectado también sobre el conjunto del sistema político. La sociedad española hoy cree menos en el funcionamiento de las instituciones democráticas, tanto las europeas como las nacionales, y cree menos en la capacidad del sistema autonómico para resolver los problemas de los ciudadanos. Esto ha hecho renacer en España dos viejas tentaciones que creíamos haber superado: la tentación centralista y la tentación secesionista.

Hoy en España, por una parte, los que siempre vieron con recelo el Estado de las autonomías, han encontrado la oportunidad de impulsar el retorno a la recentralización y a cortar las alas al autogobierno de nuestras nacionalidades y regiones. Por otra parte, el nacionalismo moderado de Cataluña ha abandonado el terreno de la moderación y se ha pasado al campo del secesionismo. Ya no busca la mejor forma de encajar a Cataluña como una realidad específica y diferenciada dentro de España: busca directamente que Cataluña rompa con España. Busca la independencia.

A los protagonistas de una y otra tendencia es preciso recordarles que el deseo de la mayoría de los ciudadanos es evitar conflictos, es que la sociedad y sus gobiernos se centren en aumentar su bienestar y sus derechos para reducir muchos riesgos e incertidumbres que están presenten en sus vidas cotidianas. La gente no quiere trincheras, quiere convivencia. Por ese motivo hay que abandonar las trincheras y los monólogos cruzados que solo han logrado enquistar el problema, como propone el PSOE. Porque el triunfo de cualquiera de esos dos proyectos antagónicos, el que pretende recentralizar España y el que pretende desmembrarla, sería un desastre y desataría de nuevo todas las tensiones territoriales que durante demasiado tiempo hicieron imposible la convivencia en libertad de los pueblos de España, además de hacer aún más difícil la salida de la crisis.

Ni el retroceso ni la ruptura son la solución que España necesita. Pero tampoco lo es el inmovilismo, porque hay realidades que están ahí y no se pueden ignorar. La solución, una vez más, es la reforma en profundidad, a través de un nuevo pacto territorial dentro de la necesaria reformar del sistema político y constitucional para construir la democracia del siglo XXI.