Nada ha servido para evitar el escenario previsible. Plantee lo que platee el Gobierno de España, las fuerzas nacionalistas (y los asimilados o acomplejados) piden más y más, haciendo uso de una retórica cansina, por quejosa, falsa y repetitiva.

Tres son, al menos, las razones que explican esta actitud. En primer lugar, la propia naturaleza de la ideología nacionalista. En su discurso de agravio continuo y reivindicación permanente no cabe la complacencia, sea cual sea el planteamiento del “otro”. Siempre hay que quejarse más y reclamar más. Porque, ¿qué sería de los nacionalistas (y los asimilados o acomplejados) si no pudiera identificarse continuamente un “otro” ante el que quejarse y reclamar más?

La segunda razón tiene que ver con la legitimidad de los discursos. El afán por superar viejos conflictos territoriales y terminar definitivamente con los ineficientes modelos centralistas, ha llevado a una parte de la opinión “publicada” a invertir el péndulo que Felipe González identifica entre posiciones de “centralización” y “centrifugación”. Así, la ortodoxia “opinadora” ha pasado de condenar cualquier argumento descentralizador, por “rompepatrias”, a no admitir propuesta alguna en el sentido de la cohesión o la igualdad, por “jacobina”. En consecuencia, proliferan los discursos políticamente correctos, casi sin contestación, por muy incorrectos que sean sus planteamientos en términos de interés general.

La tercera razón es la más importante. Nuestro celebrado poder constituyente dio a luz en 1978 un modelo territorial abierto y flexible. Esta circunstancia, extraordinariamente positiva en aquel delicado momento histórico, ha devenido con el tiempo en un problema grave. Ahora lo comprobamos, por ejemplo, en lo relativo a la financiación de las comunidades autónomas. Cada vez que se abre la negociación sobre el reparto de los recursos, las partes recurren a “reinventar” todo el sistema: los impuestos a ceder o compartir, los criterios de distribución de recursos, los servicios a homologar, los “fondos” a crear…

El Gobierno ha hecho una propuesta de principios bastante razonable. Ahora cabe debatir sobre esos principios en un escenario multilateral, y después concretarlos en un cuadro de cifras que permita asegurar la suficiencia financiera de las administraciones autonómicas y, sobre todo, la prestación eficaz e igualitaria de los servicios públicos fundamentales a todos los españoles.

En este contexto no deberían aceptarse los argumentos del tipo “o me dais más o la monto”. Y si para ello hay que desenmascarar el viejo chantaje nacionalista, hágase. Y si es preciso renegar de los discursos políticamente correctos para hacer lo correcto en política, hágase. Y si cabe considerar una reforma constitucional para culminar un modelo autonómico (financiación incluida) excesivamente abierto, vayamos pensando en ello.

Mientras tanto, acudamos al fértil refranero castellano: Frente al vicio de pedir, la virtud de no dar.