En términos generales me parecen correctos y justos los honores que se le han dedicado, al margen de que no se ha dejado ningún margen para resaltar las figuras de otros presidentes, como Adolfo Suárez o Felipe González cuando les toque, que fueron sin duda más populares.
Este aspecto de la falta de margen no es en todo caso demasiado relevante, porque serán los ciudadanos los que lo resuelvan con su manifestación de duelo.
Lo que si debe corregirse –eliminándolo- de este protocolo es el acto del funeral (religioso) de Estado. Es una contradicción flagrante el que un estado aconfesional organice un funeral religioso y, más aún, cuando casi el mismo día la Vicepresidenta declaraba en el Congreso que el gobierno se disponía a avanzar en la laicidad.
La familia está en su derecho de celebrar un funeral religioso y convocar para que acudan familiares, amigos y conocidos. En este caso, las autoridades –a título personal- podrían acudir a la ceremonia, si lo creyesen conveniente, tanto por compromiso como por amistad, pero sólo como simples ciudadanos, sin lista de protocolo, ni asientos reservados, ni sitiales preferenciales.
A ver si de una vez distinguimos entre lo civil y lo religioso, y entre el Estado y la iglesia.
