La crisis económica y los continuos recortes que se han realizado en servicios esenciales para la ciudadanía, como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia, han provocado un cambio social en España cuyo principal denominador es el incremento de la desigualdad y la pobreza. Lo reflejan todos los datos, pero sobre todo el sufrimiento que existe en la vida de millones de españoles que ven cómo pierden su empleo y no encuentran otro, cómo les reducen el salario pero les obligan a trabajar más horas, cómo se van empobreciendo y encima les quitan la protección social.

Ante ese cambio en la sociedad española, había y hay dos planteamientos. Uno, el discurso oficial del Gobierno que en forma de propaganda intenta vender a la población la salida de la crisis y la recuperación que vive el país. Y junto a él, otro de un número creciente de ciudadanos que exigen mayor participación en la toma de decisiones para acabar con los recortes, la injustica y la desigualdad creciente.

La pregunta que recorría toda España, de cara a las elecciones Municipales y Autonómicas que se acaban de celebrar, era si el cambio que se había producido en la sociedad en los últimos años iba a tener su reflejo en las urnas. Y de esa manera, propiciar una nueva mayoría política que permitiera gobiernos distintos en los Ayuntamientos y en las Comunidades Autónomas. La respuesta es afirmativa, el cambio ha ganado las elecciones municipales y autonómicas.

Un cambio que ha significado la debacle del Partido Popular y la victoria clara de la izquierda, aunque una izquierda fragmentada que necesitará de acuerdos para desarrollar unos programas que pongan como principal objetivo la dignidad de las personas y su bienestar. Es cierto que el PP es el partido político que más votos ha obtenido en las elecciones municipales. Pero esa no es la cuestión, porque lo que importa es quién gobierna y quién no y para qué se gobierna. Y es ahí, donde se ve la debacle del PP al perder cientos de ayuntamientos, grandes capitales y muchas de las comunidades autónoma que gobernaba.

Pero una vez que el cambio ha ganado las elecciones, hay que concretarlo en acuerdos de gobierno que cuenten con la estabilidad suficiente para poder modificar las prioridades y aumentar el bienestar de la gente. Por tanto, ante un panorama institucional donde hacen falta gobiernos de coalición de dos o más partidos, lo primero que hay que desterrar es el partidismo de algunas nuevas formaciones políticas que pretenden que prime más su interés particular de partido, para tener una imagen que les lleve a tener más votos en las futuras elecciones generales, que el interés general de los ciudadanos. Lo segundo que hay que rechazar, son los pactos que surgen o no sobre el criterio de subasta o reparto de sillas y poder.

Los acuerdos de gobierno para el cambio tienen que basarse en las prioridades de los ciudadanos y en una hoja de ruta clara que sea fácilmente auditada por toda la población según vaya pasando el tiempo de esos gobiernos.

No obstante, en estos nuevos tiempos, los acuerdos deberían pasar, entre otras cuestiones, por:

  • Desarrollar y garantizar la aplicación de principios de ética pública en el gobierno de las instituciones, desarrollando estándares de buen gobierno y administración en los asuntos públicos, incrementando la participación ciudadana y a la promoción de la igualdad real y efectiva de todas las personas.
  • Blindar los derechos sociales de los ciudadanos, así como la universalidad y la gratuidad de los servicios públicos esenciales. E incluir en los acuerdos de gobierno un estudio de impacto social, además de las memorias económica y de impacto de género.
  • Total transparencia, honradez e intransigencia frente a la corrupción.
  • Prohibir la contratación y subcontratación con empresas y personas condenadas o procesadas por corrupción. Se elaborará un registro de dichas empresas y personas. Asimismo, se harán públicas las incidencias de la ejecución de la contratación.
  • Planes de empleo en todas las administraciones, porque la creación de empleo, y de la mayor calidad posible, es un elemento decisivo para mejorar la distribución de la renta.
  • Cambio del modelo productivo y políticas activas de reindustrialización e innovación.
  • Auditorias de gestión de las distintas administraciones.
  • Establecer instrumentos de participación y decisión de los ciudadanos en la gestión.

 

Ese es el camino.