De entrada, la nueva aportación pública americana se establece en 30.100 millones de dólares al capital de G.M., que deberá reducir su dimensión y por lo tanto el empleo, el número de plantas, marcas y concesionarios, lo que dará derecho al control público del 60% de la compañía.

La primera valoración de las partes implicadas es positiva. Sin embargo, la operación está cargada de incertidumbres y sujeta a la competencia en un mercado muy competitivo y en constante mutación para adaptarse al futuro. La pregunta, sin respuesta por el momento, es cuánto pueden perder los contribuyentes con esta operación si como ha manifestado el secretario del tesoro americano el gobierno americano saldrá del sector del automóvil lo más rápidamente posible y, en todo caso, cuando G.M. y Chrysler funcionen por si solas. Es cierto que se evita el cierre y se mantienen empleos -en ningún caso todos los empleos-, pero no podemos desconocer que se trata de una operación defensiva y seguramente costosa para salvar a una empresa privada y que por el momento no se han anunciado ni se conocen compensaciones si G.M. entra en beneficios y ni siquiera está claro si se recuperará la aportación económica.

Mientras tanto, Opel en Europa se ha vendido a la empresa canadiense Magna, en una operación encabezada y negociada por el gobierno alemán, que esperemos responda razonablemente a la problemática de las distintas plantas existentes en el ámbito de la UE y, por lo tanto, no sólo a los intereses de las cuatro plantas de Alemania a pesar de que representan el 50% de la plantilla. En coherencia con ello, la Federación Europea de Trabajadores del Metal (FEM) viene demandando una solución europea para salvar a la General Motors Europea (Opel, Vauxhall y Saab) con el propósito de evitar que miles de empleos sean víctimas de las diferencias políticas de los estados miembros. Para ello se exige respetar el principio de repartir la carga por igual no habiendo en la operación ni ganadores ni perdedores.

Por su parte, la planta Opel de Figueruelas (Zaragoza), con 7.752 trabajadores, está lógicamente afectada, y en la defensa de sus intereses están participando los sindicatos y el gobierno de Aragón y el gobierno central a su máximo nivel, con la esperanza de salir bien librada de la crisis al ser la más competitiva del grupo puesto que representa el 13,9% del volumen de empleo en Europa (55.751 trabajadores) y, sin embargo, mantiene un nivel de producción del 25%.

En todo caso, todo indica que los gobiernos (también el español) deberán aportar capital a la sociedad fiduciaria que surja para garantizar la viabilidad futura de Opel y en particular la planta de Figueruelas. Esperemos que lo hagan, pero no a cualquier precio, y por lo tanto con las exigencias razonables que exige el caso con el propósito de garantizar la recuperación y, en todo caso, la justificación del dinero público que, posiblemente, habrá que aportar para garantizar el mantenimiento de los empleos.