La persistencia de sectores neoliberales influyentes en la sociedad, defendiendo la reforma de nuestro mercado de trabajo, encabezados por el gobernador del Banco de España y por el llamado “grupo de los 100 economistas” (patrocinado por las empresas más importantes), están contribuyendo a la consolidación de un modelo productivo basado en la intensificación del trabajo, los bajos salarios, una alta temporalidad, y una baja protección social- sin otro argumento que no sea el ideológico-; se olvida pronto que es imprescindible superar la dualidad de nuestro mercado de trabajo (contratación temporal, rotación, y subcontratación competitiva) y llevar a cabo un cambio de modelo productivo que consolide la salida de la crisis. Por eso, no nos debe extrañar que los defensores de la reforma laboral vuelvan a la carga- al conocerse los primeros resultados de la reforma- diciendo que ésta resulta insuficiente, para justificar un endurecimiento de la misma en su desarrollo, aprovechando la presión de los mercados sobre nuestra deuda pública y privada.

Efectivamente, el resultado que se vislumbra en el horizonte confirma que la reforma por si sola no creará empleo y tampoco resolverá la dualidad de nuestro mercado de trabajo. Sin embargo, ya ha propinado un golpe bajo al diálogo social, a la negociación colectiva, y a la concertación social (logros muy positivos que han presidido en los últimos años las relaciones laborales en nuestro país), dando paso a la confrontación entre el movimiento sindical, el gobierno y los empresarios.

Con la reforma de la negociación colectiva puede pasar algo parecido si se insiste en una mayor desregulación, consolidando el descuelgue de todo el contenido del convenio y eliminando la ultra actividad de los convenios, cuando lo que necesita la negociación colectiva es racionalizar y potenciar la misma, articulando las materias a negociar en cada ámbito de negociación (articulación de los ámbitos de negociación). Semejante política traerá consigo una mayor individualización de las relaciones laborales (potenciando los convenios de empresa) en detrimento de las relaciones colectivas y, por lo tanto, de los convenios estatales de sector que han servido de referencia en los últimos años con resultados más que estimables, a pesar de algunas insuficiencias que hay que corregir entre sindicatos y empresarios. La imposición de la reforma por el gobierno, ante el previsible desacuerdo entre los interlocutores sociales- que resultará nuevamente favorable a los empresarios y mejorará su correlación de fuerzas-, será otro error considerable sin ningún resultado práctico en materia de empleo, como está ocurriendo con la reforma laboral, y echará por la borda otro logro importante (la actual negociación colectiva) que ha contribuido a la paz social, a la moderación salarial, y al crecimiento de nuestra economía.

Con nuestro sistema de pensiones puede ocurrir lo mismo. Precisamente, si de algo podemos presumir en España es de nuestro sistema de la seguridad social, cosa que no pueden hacer muchos países, incluso dentro de la UE.

La actitud regresiva del gobierno en la reforma de las pensiones (congelar las pensiones, alargar la edad de jubilación, y aumentar el periodo de cómputo de las pensiones) produce la impresión- en el ámbito internacional- de que nuestro sistema está en crisis y que las cuentas de la seguridad social agudizan el déficit público, cuando es precisamente todo lo contrario (el sistema tiene beneficios y está dotado de un fondo de reserva que alcanza más del 5% del PIB: por encima de 60.000 millones de euros). Además, la tramitación unilateral de la reforma terminará por finiquitar el Pacto de Toledo- que ha venido garantizando la sostenibilidad del sistema- y por lo tanto el consenso entre las fuerzas políticas y sindicales que ha venido funcionando en los últimos 15 años con notable éxito.

La reacción neoliberal en materia de protección social también tiene puesto su punto de mira en la prestación por desempleo, a la que se culpabiliza- por su cuantía y extensión- de que los parados no busquen un empleo (el gobierno ya ha decidido eliminar los 426 euros del PRODI: Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción). Ello no deja de resultar obsceno, provocador, y claramente antisocial, sobre todo con un desempleo en torno al 20%.

Con los salarios ocurre más de lo mismo. La apuesta sindical por la moderación salarial, tanto en las empresas privadas como en las administraciones públicas, ha sido menospreciada (incluso se ha incumplido el acuerdo de ajuste salarial en la función pública firmado por los sindicatos), dando la impresión que los salarios en España son altos cuando precisamente resultan muy competitivos en relación con la UE, como se ha demostrado incluso en la etapa de fuerte crecimiento de la economía. Tampoco podemos olvidar el compromiso- es muy posible que también se incumpla- sobre el montante del SMI (que debería establecerse en 800 euros mensuales en el año 2012, por 14 pagas), así como la congelación del IPREM -Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples- para el próximo año, que va a repercutir muy negativamente en las rentas más bajas. No resultará ocioso recordar que una negociación sin referencia salarial pactada (negociación libre) estará acompañada de un aumento de la conflictividad y no resultará beneficiosa para nadie; tampoco para el gobierno y los empresarios en su política de contención salarial.

Ante esta situación, la conclusión de muchos ciudadanos es que el gobierno no ha sabido defender nuestras políticas en la discusión mantenida en el seno de la UE, después de la crisis de la deuda de Grecia. Ni hemos hecho valer que el 20% de desempleo no admite una política de ajuste brutal como la aprobada en el mes de mayo (reducir el déficit al 3% en el año 2013), por su repercusión muy negativa en el empleo. Una política defendida por Alemania y Francia con porcentajes de desempleo que representan la mitad del que tiene España, lo que les permite una mayor capacidad de maniobra para efectuar ajustes más duros. En este sentido es digno de mención que Irlanda ha sabido defender- con éxito- el mantenimiento de su impuesto de sociedades (a pesar de que representa un ejemplo claro de dumping social), con el argumento de mantener la presencia de las empresas multinacionales en su territorio y, por lo tanto, la actividad económica y el empleo.

En el terreno político está pasando lo mismo. La defensa del estado de bienestar social en base a las ideas socialdemócratas ha dado paso a una política que difícilmente se diferencia de la derecha política, lo que no deja de significar el fracaso del partido socialista europeo y de la Internacional Socialista; ni siquiera Grecia, Portugal y España (con gobiernos calificados de socialdemócratas) han coordinado sus políticas para hacer frente a las medidas de ajuste de la UE, de manera más progresista. El resultado no es otro que renunciar a una política socialdemócrata con la consiguiente repercusión en las encuestas y posterior pérdida electoral del partido que sostiene al gobierno, al anteponer el dictado de los mercados al de los electores. Este debacle electoral ya ha comenzado en Cataluña y continuará en el mes de mayo y, después, en el año 2012 (elecciones generales), si nadie lo remedia rectificando la actual política económica y social, que no reporta ningún beneficio al gobierno y sí muchos perjuicios.

Una política que diluye a España en el marco europeo y resta protagonismo a lo poco que queda de los llamados gobiernos socialdemócratas, sin abordar en nuestro país los grandes males de nuestra economía que no son otros que la reforma financiera (eliminar el inmovilizado del ladrillo, en torno a 190.000 millones de euros, y la consiguiente deuda externa, sobre todo a bancos alemanes y franceses), así como la reforma fiscal (desarme y fraude fiscal en torno al 20% del PIB- el doble de la media europea- según los analistas), que dote de ingresos fiscales al Estado para abordar la crisis con eficacia y equidad. No podemos olvidar que el desarme fiscal producido en los últimos años en España (PP y PSOE) es el que explica actualmente- entre otras razones- nuestro mayor déficit en relación con los países más avanzados de la UE; porque, si no se hubieran bajado los impuestos en los años previos a la crisis, hoy tendríamos un 5% menos de déficit y estaríamos situados en la media de los países más avanzados de la UE.

Por eso, no sorprende la pregunta que se hacen muchos ciudadanos: ¿esta política de ajuste para qué?; sobre todo teniendo en cuenta que los mercados no respetan ni siquiera una política de fuertes recortes, como se está demostrando en estos momentos, y se redobla la ofensiva neoliberal para demoler lo que queda del estado de bienestar social. El mercado, finalmente, sólo respetará una firme decisión de la UE encaminada a la consolidación de una política fiscal y de deuda común; así como el rigor, la seriedad, y las políticas defendidas con firmeza y convicción- que cuenten con el respaldo de la gran mayoría de la ciudadanía- encaminadas a un mayor crecimiento de la economía y consiguientemente a la creación de empleo, que será lo único que nos saque de la crisis, cumpla con nuestros compromisos de deuda, y mantenga el estado de bienestar social.

Porque, para este viaje (transferir rentas del trabajo al capital)- que resulta contraproducente para el empleo y nos conduce a un país más pobre y con más desigualdades-, no se necesitan alforjas… ni socialdemocracia.