La imagen de esta jueza argentina, junto al fiscal Ramiro González y el juez Andreu tomando declaración a dos víctimas del franquismo en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, después de todos los impedimentos puestos por el Gobierno de España, produce en millones de españoles un sentimiento de alegría, de justicia y de emoción. Si bien, estas sensaciones están acompañadas por el asombro que causa ver que un país democrático como España no hace justicia, y tienen que venir de otras democracia a intentar hacer los deberes por nosotros.

Resulta extraña la cerrazón del Gobierno del PP en este asunto, o no. Es sorprendente que haya tenido que venir una jueza argentina para que por primera vez víctimas del franquismo estén ante un juez español para que se les tome declaración sobre las desapariciones de padres y hermanos. Resulta revelador, de algunas actitudes institucionales, conocer en boca de victimas nonagenarias que nadie nunca les pidió perdón. Y por supuesto, resulta reconfortante y esperanzador, ver y escuchar con qué serenidad estas víctimas piden justicia y dicen textualmente: “Aunque yo no lo vea porque soy muy mayor ya creo que sí, que llegará algún día».

Junto al trabajo que se está realizando en Argentina, también hay que destacar otro hecho importante para situar el cambio de actuación que el Gobierno tiene la obligación y el deber de realizar en relación a las víctimas del franquismo. Me refiero a las Observaciones preliminares del Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, al concluir su visita oficial a España en febrero de este año, para conocer y valorar las medidas adoptadas por las autoridades en relación con las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista.

Lo primero que expresa de manera evidente el relator es la distancia inmensa entre las posiciones guardadas por la mayor parte de las instituciones del Estado por un lado y las víctimas y diferentes asociaciones memorialistas por el otro. Por lo que urge a las instituciones del Estado a mostrar un compromiso decidido, determinado, y con carácter prioritario, para darle vigencia plena a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Pero va más allá, al considerar fundamental el establecimiento de políticas de Estado acerca de estos temas que no estén sujetas a la fuerte correlación observable con los Gobiernos de turno. Y así, insta tanto a las instituciones del Estado como a la sociedad civil a poner en el centro de este debate la noción de derechos por encima de consideraciones políticas.

Muchas son las observaciones, pero se pueden destacar las siguientes recomendaciones preliminares que realiza al final del documento:

•Implementar las recomendaciones del Comité contra la Tortura, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, en particular en relación a: privar de efectos la ley de amnistía de 1977; hacer posible el acceso por parte de las victimas al aparato judicial, adecuando leyes a estándares internacionales relevantes; colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales en el exterior; tomar medidas contra el debilitamiento de las leyes que rigen el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de tribunales españoles.

•Valorar las alternativas que puedan prevenir que la vigencia de la Ley de Amnistía obstaculice todas las investigaciones y promover una mayor conciencia acerca de la obligación de asegurar tanto los derechos que los imputados siempre merecen, como los derechos que también amparan a las víctimas.

•Restablecer y aumentar los recursos dedicados a la memoria histórica, en los diferentes niveles.

•Tomar medidas para remediar la fragmentación de las iniciativas en favor de la memoria en España, en particular a través de mecanismos o una institución que pueda cumplir las funciones de sistematizar la información ya existente, identificar lagunas en el conocimiento, trazar un plan que de forma ordenada, mediante el establecimiento de prioridades, y contando con los recursos adecuados, pueda llevar a cabo o financiar las investigaciones necesarias, establecer metodologías defendibles para las investigaciones necesarias, estimular la coordinación de esfuerzos, acceder a fondos documentales oficiales y no oficiales.

•Ampliar la cobertura de los programas de reparación para incluir a categorías de víctimas de violaciones a los derechos humanos que hayan quedado fuera de los programas existentes.

•Tomar medidas para proporcionar reparaciones que puedan atender los daños causados a las mujeres, incluso cuando no fueron víctimas directas.

•Anulación de sentencias de carácter ideológico de todos los tribunales creados durante la Guerra Civil y el franquismo es una tarea pendiente en España.

•Evaluar rigurosamente la implementación de la Ley de Memoria Histórica y el uso por parte de las víctimas en aras de ajustar los modelos y medidas a los reclamos de las víctimas, estableciendo canales de comunicación entre las autoridades competentes, las víctimas y asociaciones.

•Tomar medidas para atender los pedidos relacionados con la restitución de las propiedades y documentos incautados a particulares.

•Revisar, en consultación y coordinación con las víctimas y las asociaciones, el modelo actual donde el Estado delega a las asociaciones y particulares la responsabilidad sobre las exhumaciones. Asignar los recursos necesarios y promover la coordinación y actuación necesaria de las autoridades judiciales.

•Establecer una política estatal de archivos que garantice el acceso a todos los fondos, revisando los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, para ajustarlos a los estándares internacionales aplicables, incluyendo regulaciones claras, por ejemplo a través de la adopción de una Ley de archivos.

Estas recomendaciones, y la actuación de la justicia argentina, tienen que ver con los derechos humanos. Estas recomendaciones, y la actuación de la justicia argentina, tienen que ver con la dignidad y la democracia de un país. Estas recomendaciones, y la actuación de la justicia argentina, significan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Estas recomendaciones, y la actuación de la justicia argentina, nos harán más fuertes como sociedad. Solo falta, aunque por poco tiempo, una política de Estado sobre las víctimas delfranquismo. Y una justicia que haga honor a su nombre.